Por tercera ocasión consecutiva escribiremos sobre el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, que al momento ha cobrado la vida de 47 niños.
Lo hacemos por dos razones básicas. Primero, porque vemos con impotencia y coraje cómo las autoridades federales y estatales han enredado las investigaciones al grado de convertir esta tragedia en una confrontación política y electoral.
Segundo, por respeto a nuestros paisanos sonorenses, en especial a los padres de las 47 criaturas fallecidas, quienes en esos momentos no tienen posibilidad de expresar públicamente su indignación ante el profundo dolor que los embarga.
Esta semana al fin las autoridades de Sonora consignaron y detuvieron a siete empleados de la Secretaría de Hacienda de Sonora relacionados con el almacén en donde se inició el mortal fuego, durante la tarde del viernes 5 de junio.
A su vez, la Procuraduría General de la República consignó a cinco funcionarios del IMSS ligados al sector de guarderías de los cuales dos ya fueron arrestados.
Pero estas acciones levantaron más críticas que elogios. Los empleados estatales son de tercer o cuarto nivel quienes poco o nada habrían podido hacer por evitar el incendio, en tanto en el caso del IMSS la pregunta es ¿por qué no se procedió contra el delegado estatal, quien fue destituido a raíz del siniestro?
Varios detenidos salieron bajo fianza y se presume que todos quedarán libres.
Las pugnas entre el Gobierno Federal y el Estatal llegaron esta semana a su clímax luego que el director del IMSS, Daniel Karam, anunció que demandará por irresponsabilidad civil a la Secretaría de Hacienda de Sonora y a los propietarios de la guardería ABC.
Karam explicó que hubo negligencia de los responsables de la bodega operada por el Gobierno Estatal además de incumplimiento de las medidas de seguridad por parte de los operadores de la estancia infantil.
La acusación directa contra Hacienda estatal y los dueños de la guardería, dos de ellos ex funcionarios de Sonora, exacerbó los ánimos del gobernador Eduardo Bours, quien acusó a la Federación y a sus funcionarios de tender una cortina de humo para proteger a los directivos del Seguro Social.
El Gobierno de Bours procedió posteriormente contra sus empleados de Hacienda y fue entonces cuando el Gobierno Federal atrajo el caso y ahora será la PGR quien prosiga las investigaciones y llegue, así lo esperamos todos, hasta las últimas consecuencias.
Al día de hoy no han sido inculpados personajes de alto nivel y nadie se explica cómo es posible que esto ocurra a veinte días de la peor tragedia de infantes en México.
El malestar e indignación de la población sonorense ha ido en ascenso a pesar de que la estrategia evidente de las autoridades ha sido demorar las pesquisas para que se enfríen los ánimos y el pesar por la desaparición de tantos inocentes.
Se han realizado en Hermosillo al menos tres marchas de protesta por las calles con aglomeraciones cercanas a las 10 mil personas que dadas las circunstancias políticas y climáticas de esa región han resultado impresionantes.
Para colmo Sonora vive una intensa contienda electoral en donde se votará al nuevo gobernador y a 72 alcaldes lo que politizó y complicó las investigaciones del siniestro.
A final de cuentas a quienes más conviene que se haga pronta justicia es al director del IMSS, Daniel Karam, y al gobernador Eduardo Bours, ambos en la cuerda floja porque son los responsables de los inmuebles en donde se consumaron los hechos.
Sus renuncias podrían resultar muy útiles para facilitar las investigaciones y no dude que pudieran presentarse en caso que se enrarezcan todavía más las pesquisas y el clima social en Sonora.
Lo cierto es que 47 vidas truncadas por la negligencia y la irresponsabilidad merecen cualquier acción con tal de alcanzar la ansiada justicia.
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