La renuncia de Luis Téllez a la Secretaría de Comunicaciones es un botón de muestra del deterioro que sufre nuestra vida pública en sus diversos niveles sociales e institucionales, y una llamada de alerta que convoca a todos los mexicanos a cerrar filas en aras de una urgente regeneración a ese respecto.
Como es del conocimiento, la renuncia es el desenlace de un escándalo que como ahogo en vaso de agua, asfixió la carrera de un funcionario trasegado de gobiernos priistas recientes.
El pretexto de haber sido pillado en conversaciones telefónicas en las que entre divagaciones múltiples, el otrora funcionario refiere que el ex presidente Carlos Salinas de Gortari se robó la mitad de la Partida Secreta que tuvo a su disposición durante su Gobierno, fue suficiente para desatar una tormenta que desestabiliza el Gabinete del presidente Felipe Calderón Hinojosa. De ese tamaño es la debilidad de nuestras instituciones. De nada vale que el escándalo emane de la divulgación ilícita de una conversación telefónica privada grabada sin el consentimiento de su emisor y mediante la violación de la intimidad personal del funcionario objeto de espionaje.
Para colmo el contenido de las conversaciones divulgadas no conciernen a la función del ex secretario y junto a la crisis económica y la ola de homicidios de Estado con los que cerró la Administración salinista, la festiva acusación de Téllez ni siquiera resulta relevante ni trascendente para la vida pública nacional.
Como trasfondo del problema aparece la tensión generada entre el Gobierno con el monopolio de telefonía que el Gobierno del propio Salinas de Gortari entregó a Carlos Slim, en el marco de la lucha que existe por abrir el sector a otros inversionistas cuya presencia en el mercado resulta indispensable, para que la planta productiva de nuestro país pueda acceder a mejores tarifas telefónicas que generen una mayor capacidad de competencia a nivel mundial.
De nueva cuenta el Estado Mexicano ve frustrados sus esfuerzos al enfrentar el poder de los grandes monopolios, en este caso el telefónico, al igual que en otros frentes como el de las televisoras, que imponen su poder ya sobre el Congreso o frente al Instituto Federal Electoral, en ocasión de la polémica generada con motivo de la propaganda de los Partidos Políticos.
En tal horizonte se vislumbra un nuevo escándalo. La bancada del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados al Congreso de la Unión, anuncia que pedirá la comparecencia del secretario de Hacienda, Agustín Carstens y del gobernador del Banco de México Guillermo Ortiz, a fin de que ambos funcionarios que según el sentir de los diputados priistas operan con "poca transparencia", expliquen a qué obedece la devaluación del peso frente al dólar.
Tanto en el caso de Luis Téllez como en el de Agustín Carstens, los cuestionados son funcionarios sobrevivientes de la era zedillista incorporados al Gabinete actual por el presidente Calderón, en aras de una continuidad de las políticas públicas en cada ramo, asumida en una visión de Estado que sobrepasa a los intereses de partido que el Presidente pudiera alentar. En el caso del Gobernador del Banco de México, se trata de una designación transexenal derivada de la estructura del Estado mismo, diseñada por idénticas razones de continuidad.
De estos ejemplos se advierte que los mexicanos estamos muy lejos de estar trabajando en pos de la unidad que necesitamos para enfrentar los retos de la competitividad global y la amenaza de la crisis económica que azota al planeta y en cambio, se pone de manifiesto que los partidos y facciones que se disputan el control del país como botín, están viendo el ominoso escenario como la gran oportunidad para aniquilar al adversario político y hacerse del poder.
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