CHILPANCINGO, Gro.- El Ejército peina por tierra y aire zonas urbanas y rurales de Chilpancingo y otros ocho municipios en busca de los asesinos de ocho militares decapitados el domingo.
Ayer, el comandante de la novena región militar, con sede en Acapulco, Enrique Alonso Garrido Abreu, le declaró la guerra al crimen organizado en un homenaje a los soldados caídos, al tiempo que surgieron denuncias por violación a los derechos humanos.
La PGR informó que atrajo la investigación. Indaga a siete detenidos por el Ejército el sábado pasado, luego de un enfrentamiento en Teloloapan, en el que murieron tres pistoleros, para determinar su posible relación con la decapitación de los ocho militares.
Los delincuentes cometieron “un grave error” al asesinar militares, dijo Garrido Abreu, quien declaró “abierta la guerra” contra el crimen organizado durante el homenaje efectuado en la 35 zona militar.
Ante los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont, y de la Defensa, Guillermo Galván Galván, Garrido calificó de “grave error de los delincuentes ese atrevimiento”, porque “constituye una ofensa a las instituciones y, especialmente, a quienes vestimos el uniforme castrense”.
El jefe militar dijo que “no habrá la más mínima consideración ni concesión, mucho menos descanso, hasta no ver en el lugar que corresponde a esos delincuentes”.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indicó que con el asesinato de militares el crimen organizado “pretende amedrentar”, porque los golpes del Ejército y la Fuerza Aérea le han provocado en Guerrero una merma en la estructura funcional y económica.
Ofensiva militar masiva
Mientras se efectuaba el homenaje a los soldados caídos, se registró una activa movilización de tropas en Chilpancingo, donde se instalaron retenes a la entrada y salida de la ciudad, a la vez que cuatro helicópteros y una avioneta militar realizaban constantes sobrevuelos en la ciudad.
Versiones no confirmadas indicaron que el operativo también tenía el objetivo de localizar a otros soldados levantados el domingo pasado sin que se conozca su paradero. Para reforzar la búsqueda habrían arribado a Chilpancingo 300 integrantes del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales (Gafes).
Un número no determinado de efectivos del Ejército y de integrantes del Operativo Conjunto Guerrero efectuaron cateos y se desplazaron por al menos nueve municipios de las regiones del Centro y Tierra Caliente, considerados centros operativos de pistoleros al servicio de narcotráfico.
Según informes preliminares, contingentes militares efectúan operativos en los municipios de Arcelia, Quechultenango, Tepecuacuilco, Mochitlán, Petatlán, Altamirano, Zumpango, Pungarabato e Iguala además del de Chilpancingo. Trascendió que los soldados que habían salido de vacaciones decembrinas fueron llamados de nuevo a sus cuarteles.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) recibió la denuncia de allanamiento presentada por un comerciante de Chilpancingo, cuyo negocio fue cateado por el Ejército sin orden oficial. El presidente del organismo, Juan Alarcón Hernández, llamó a los mandos militares a evitar que durante los cateos se violenten los derechos humanos.
