La ocurrencia de la maestra Elba Esther Gordillo, de regalar una costosa camioneta a cada uno de los cincuenta y nueve dirigentes de las secciones que integran el Sindicato de Maestros, en la forma revela una especie de inconciencia que raya en el cinismo, pero en el fondo, dibuja de cuerpo entero la esencia del sindicalismo burocrático nacional basado en el reparto estructural de privilegios.
Al mexicano común y en particular al que hace dos años votó por la permanencia del Partido Acción Nacional en la Presidencia de la Republica, le produce extrañeza el acuerdo político que existe entre el Gobierno Federal y el sindicato de profesores.
Denise Merkel, una de las comentaristas políticas más lúcidas de este país ha lanzado frecuentes críticas al Gobierno de Calderón, precisamente en función del acercamiento que con motivo del acuerdo nacional por la seguridad, ha tenido el Presidente con diversos personajes de nuestra vida pública entre los que se encuentra el dirigente del sindicato de Pemex Romero Deschamps; los gobernadores priistas de Oaxaca y Puebla y la propia profesora Elba Esther, a los que la analista de referencia considera lacras de nuestro sistema político.
No obstante que las apreciaciones de la Señora Merkel suelen ser acertadas, en el caso no le asiste la razón porque si el Presidente en turno pudiera a discreción discriminar el trato con gobernadores, líderes sindicales o cualquiera otra persona con representación institucional, estaría faltando al deber elemental de gobernar para todos. Es cierto que los personajes mencionados se encuentran gravemente cuestionados por la opinión pública, pero no podemos negar que representan y son ellos mismos factores reales de poder que ostentan una representación legítima. Si otro fuera el caso, ante la miseria humana e institucional que estamos viviendo el Presidente se quedaría sin interlocutores.
México está urgido de acuerdos políticos que impulsen los cambios legales y de mentalidad, que nos permitan superar el viejo régimen de Partido de Estado. Para ello es necesario el concurso de los factores reales de poder imperantes, con la contradicción que implica que muchos de ellos son sobrevivientes del viejo régimen y se rehúsan a renunciar a sus privilegios.
El sindicalismo mexicano que responde a un modelo de hace cien años, nació y creció asociado al viejo régimen. Una vez que el sistema de Partido de Estado colapsó en las elecciones presidenciales del año dos mil, las corporaciones sindicales sobrevivientes se han atrincherado en el principio de “autonomía sindical”, para mantener el poder de sus dirigentes sobre los recursos económicos y humanos que controlan y eludir todo intento democrático modernizador que pudiera venir del Gobierno, de la sociedad o de los propios trabajadores que agrupan.
La convocatoria presidencial hacia tales factores de poder es una obligación del Gobierno Federal y no es producto de la ingenuidad ni está basada en la expectativa de bondad del conjunto de dirigentes sindicales, políticos y sociales, sino en el más puro y pragmático sentido común. El Gobierno tiene el deber de convocar a la realización de esfuerzos comunes y todo factor de poder sabe que si quiere sobrevivir en tiempos de cambio, se debe adaptar a las nuevas circunstancias y pagar el precio que ello implique.
En la conclusión de que es necesario el cambio y los acuerdos coinciden la generalidad de los actores de nuestra vida pública sin embargo, por lo general queremos que paguen los demás y hay que buscar con la lámpara de Diógenes a quien esté dispuesto a pagar la parte del precio que le corresponde, para mantener la existencia de México como nación civilizada e impulsar su mejoramiento.
A ello se debe que cada dirigente de sindicato, de cada partido, de cada Gobierno Estatal y en general de cada una de las células que componen el organismo político nacional que aún se llama México, tiendan a atrincherarse dentro de su propio coto de poder, lo que plantea el riesgo de que el país se desintegre en una multitud de grandes y pequeños feudos.
La situación actual plantea al Estado y a la Sociedad mexicana a partir de este Gobierno y de cualquiera otro que lo suceda en el futuro, la disyuntiva de transitar en la vía del consenso que nos mantenga en el camino del cambio, o volver al autoritarismo, que de al traste con nuestra incipiente democracia.
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