La Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, de la Secretaría de Gobernación, tiene más de 3 años que no intenta entrar en contacto con la comandancia del EZLN. (Archivo)
Dan en las oficinas de Coordinación para el Diálogo sólo informes turísticos.
Más que la oficina para el Diálogo y la Negociación en Chiapas, parece una raquítica agencia oficial de turismo chiapaneco.
Sus paredes blancas están cubiertas por cuadros que ofertan la obra arquitectónica del estado o la belleza ecológica, como las Lagunas de El Ocotal. Otro presume la variedad de lenguas que se hablan, y otro más la regularización de la tierra. Todos ellos coronados por una foto enmarcada del presidente Felipe Calderón.
Ubicada en el tercer piso del número 135 de la calle Hamburgo, en la colonia Juárez, la Coordinación para el Diálogo y la Negociación en Chiapas (CDNCH), de la Secretaría de Gobernación, ya no busca el diálogo con la comandancia del EZLN, sino que gestiona apoyos federales para las comunidades.
Basta asomarse a las “Líneas de acción de la CDNCH” -actualmente dirigida por Hugo García, ex encargado de Enlace Político de la Coordinación en tiempos de Luis H. Álvarez-, publicadas en la página de Internet.
En el documento power point -de sólo 12 hojas, la mitad antecedentes históricos del conflicto- se lee la estrategia de Gobierno Federal para lograr la paz en Chiapas.
“La CDNCH decidió no esperar a que los dirigentes zapatistas quisieran dialogar, sino que buscó el contacto directo con las comunidades indígenas de la zona de conflicto y cumplir así con el objetivo de resarcir las causas que dieron origen al levantamiento armado”.
En diez años de su existencia, la CDNCH nunca ha logrado reunirse con la comandancia zapatista. El último intento que presume el Gobierno Federal fue en 2005, cuando Luis H. Álvarez envió una carta al subcomandante Marcos para reunirse con los líderes del movimiento.
La solicitud fue rechazada porque el Gobierno no cumplió las condiciones del EZLN: cumplir los Acuerdos de San Andrés y sacar al Ejército de la región. Sólo liberó a los presos zapatistas.
El EZLN respondió a la negativa del Estado -Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial- con la creación de las Juntas de Buen Gobierno y los Caracoles que, de acuerdo con Carlos Montemayor autor del libro “Chiapas, la rebelión indígena de México”, son la materialización de los Acuerdos de San Andrés.
En esta oficina, resarcir no significa reconocer a los indígenas como sujetos de derecho, sino introducir programas sociales. Tal como ocurrió en Fracción Polhó, donde 173 familias se separaron de Polhó y recibieron el apoyo de Oportunidades; o en el municipio El Bosque, donde 12 familias se incluyeron al padrón de beneficiarios de productores de maíz y café; o la construcción de un puente en Roberto Barrios, el cual se llama “Luis H. Álvarez”.
En la página Web de la coordinación no hay registro de las acciones para reestablecer el diálogo y la paz. Lo que sí hay -además de columnas y notas periodísticas de cualquier tema relacionado con Chiapas- es promoción de movimientos antizapatistas.
Y en esta oficina que promueve el diálogo, la respuesta a solicitudes de información, como el nombre de los 14 empleados y las acciones que desempeñan, es utilizar las vías institucionales. Aquí está prohibido hablar si no lo autoriza la Secretaría de Gobernación.
Silencio. Como el que se escucha en la oficina, salvo la voz de una trabajadora que informa a otra sobre la canalización de solicitudes de las comunidades al Instituto de Vivienda del Estado, a la Sedesol o a la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
En opinión de Carlos Montemayor y Michael Chamberlin, subdirector de Incidencia del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, la estrategia de “diálogo” del Gobierno Federal es dividir, enfrentar y fortalecer la tensión entre las comunidades.
En el sexenio de Vicente Fox, la Coordinación llegó a tener un presupuesto anual superior a los 2 millones de pesos y un promedio de 30 trabajadores. En ese sexenio no ha pasado de los 755 mil anual y la mitad de personal.
Como tal, la Coordinación fue creada el 3 de septiembre de 1998, con base en la Ley para el Diálogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas, de 1995. Desde 1994, que se designó al primer comisionado (Manuel Camacho Solís), han existido 14 titulares.
Piden termine acoso a familia de eperristas
La familia de Edmundo Reyes Amaya denunció hostigamiento de presuntos agentes policiales, derivado de sus exigencias al Gobierno para que Edmundo y Gabriel Alberto Cruz Sánchez sean presentados con vida.
El Ejército Popular Revolucionario atacó a Pemex en 2007, para exigir la aparición con vida de Reyes y Cruz, cuyo paradero se ignora desde mayo de ese año, y fue este año que logró la creación de una Comisión de Mediación con intelectuales, periodistas y abogados para mediar con la autoridad federal.
Sin embargo, Nadín Reyes Maldonado, hija de Edmundo, denunció que el Gobierno no da señales de actuar y ha vuelto el acoso a su familia.
En un escrito, Nadín señala que desde el 6 de agosto su familia y ella “tuvimos la visita de dos agentes judiciales vestidos de civil, quienes se identificaron al día siguiente como agentes de la Policía Ministerial del municipio de Nezahualcóyotl”.
Los supuestos agentes judiciales o ministeriales fueron en busca de un tal Ernesto y acusaron a un hermano de Nadín de un aparente delito y hasta le recomendaron buscarse un abogado.
La joven exigió “cesen los hostigamientos y amenazas en contra de la familia de Edmundo Reyes Amaya”.
