En su visita a nuestro país la semana pasada, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, denunció la participación de mexicanos en la narcoguerrilla que opera en aquel hermano país, bajo el membrete de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
En opinión del presidente colombiano, los mexicanos muertos y sobrevivientes que se encontraban en el campamento de las FARC asentado en territorio ecuatoriano, que en fecha reciente fue bombardeado por el Ejército de Colombia, participaban en las operaciones de la narcoguerrilla.
Uribe explica el polémico ataque del Ejército de Colombia en territorio ecuatoriano, en función de más de cuarenta años de guerrilla, que ha dejado un pavoroso saldo en Colombia de muertos, mutilados y secuestrados, constituyen una herida abierta en el corazón del pueblo colombiano por las FRC, a las que califica como la más grande y peligrosa banda de narcotráfico en el mundo.
Por ello el presidente Uribe pide que los mexicanos sobrevivientes sean juzgados, ya sea Ecuador o en México y para ello aporta como pruebas, una serie de informes relativos a cuentas de banco en las que habría circulado dinero en apoyo de los involucrados, documentos y algunos videos de los que se desprende la presencia de los presuntos visitantes al campamento en operaciones de entrenamiento y de amable convivencia con los guerrilleros.
Por su parte, los implicados y sus familias aseguran que se encontraban en el campamento en calidad de visitantes por motivos de orden académico, lo que confronta el señalamiento del presidente Uribe, que insiste en resaltar las dificultades que tendría cualquier persona ajena al movimiento armado, para penetrar en la selva y situarse justo en el escenario de la guerrilla, junto a los más altos dirigentes de la misma, con los problemas de seguridad que para los propios subversivos implica.
A la polémica planteada concurre el Gobierno de México llamando a la moderación, mediante una declaración del presidente Felipe Calderón que frente a las declaraciones de Uribe pide no prejuzgar.
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México deslinda a la institución de los efectos que pudieran pesar en virtud de las acusaciones hechas en contra de los involucrados, que tremolan la bandera del academismo para justificar su presencia en el campamento guerrillero. Lo anterior resulta un tanto inoficioso e innecesario, dado que aún en el supuesto de que los estudiantes no fueran tales o además de serlo estuvieran implicados en el apoyo al movimiento armado del modo que fuere, tal no es asunto de la institución, sino responsabilidad personal de cada cual.
Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, Organismo No Gubernamental que da seguimiento a los acontecimientos nacionales sobre el tema cuyo nombre indica, ha presentado una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que practique las investigaciones que sean necesarias a fin de aclarar las cosas y fincar responsabilidades si las hubiere.
A la luz de los acontecimientos, es necesario que a nivel internacional se realice una investigación imparcial en la que participen organismos internacionales con la intervención de los países implicados.
Por lo que toca a México, es indispensable que se dé curso a la denuncia presentada ante la PGR por el denominado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública a fin de deslindar responsabilidades respecto a la presunta penetración de las FARC en nuestro país. El imperativo de proteger a nuestro frágil sistema político en el tránsito a la democracia plena así lo exige, como condición para preservar la estabilidad del Gobierno y la paz social, amenazadas por la crispación en que algunos sectores de Oposición tienen sumido a México y ahora, esta novedosa aparición de agentes externos, que amenazan nuestra existencia como nación independiente y democrática.
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