“Podrán celebrarse contratos con los
particulares… ya sea mediante compensaciones en efectivo o equivalentes a un porcentaje
de los productos que se obtengan”.
Artículo séptimo, Ley Reglamentaria del
Art. 27 de la Constitución, 1939
Andrés Manuel López Obrador ha llamado traidores a la patria a quienes argumentan que la inversión privada en la industria petrolera puede ser positiva para el país. Los líderes del PRI, por su parte, han señalado que su partido no avalará contratos de riesgo en la actividad petrolera.
Quizá de lo que no se han dado cuenta estos airados políticos es que los contratos de riesgo son una aportación mexicana a la industria petrolera mundial. De hecho, el responsable de haberlos inventado, el traidor a la patria, es el general Lázaro Cárdenas del Río, el mismo que ordenó la expropiación petrolera del 18 de marzo de 1938.
La expropiación no tuvo como propósito prohibir toda actividad privada en la industria petrolera. El general Cárdenas no utilizó argumentos ideológicos para justificar la expropiación ni expresó puntos de vista contrarios a la inversión privada. Lo que señaló es que el Estado mexicano no podía permitir que las firmas petroleras desacataran un fallo de la Suprema Corte de Justicia. (Por supuesto, esto es algo que puede incomodar a López Obrador, quien abiertamente desacató un fallo de los tribunales del país cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.)
En marzo de 1939, un año después de la expropiación, la propuesta de los contratos de riesgo surgió en una reunión del presidente Cárdenas con representantes de la industria petrolera. No se sabe quién hizo la propuesta, pero se piensa que fue el propio mandatario mexicano.
En diciembre de ese mismo 1939 se emitió una nueva Ley Reglamentaria al Artículo 27 de la Constitución la cual le dio un papel a la iniciativa privada en la industria. Esta ley fue ratificada por el nuevo Gobierno de Manuel Ávila Camacho en 1941. De ahí recorrió el mundo. El esquema de contratos de riesgo surgido en México se ha convertido en el más común estándar internacional para operaciones petroleras.
Los contratos de riesgo –que tienen muchas variantes— ofrecen ventajas enormes sobre los contratos tradicionales de servicios con empresas privadas que sí le permitimos a Pemex. En ellos el riesgo lo corren las compañías privadas. Si se explora una determinada zona y no se obtiene petróleo en el plazo convenido, ni la empresa estatal ni el país sufren pérdida alguna. De hecho, lo común es que la zona explorada vuelva a ser licitada. Si se encuentra petróleo, el producto se reparte entre los socios según una fórmula acordada previamente.
En contraste con estos contratos de riesgo, en otros tipos de operación todos los riesgos recaen sobre la empresa estatal y sobre el país que tiene los recursos naturales. Lo anterior ocurre, evidentemente, en las operaciones en que la firma gubernamental realiza por sí sola la exploración y la explotación. La situación es incluso peor en los contratos de servicios múltiples que Pemex está usando para la explotación de los yacimientos de gas en la cuenca de Burgos o en las inversiones a través de Pidiregas. En estos casos, Pemex está obligada a hacer un pago haya o no resultados positivos en la exploración o en la explotación. Si no se encuentran hidrocarburos o si el monto explotado es escaso y se incurre en pérdidas, éstas le tocan a la petrolera estatal.
Lázaro Cárdenas no era, de ninguna manera, un radical e ideólogo como López Obrador. Su decisión de expropiar la industria petrolera fue pragmática. No hay ninguna indicación de que tratara de excluir toda la inversión privada de la industria petrolera. No quería cumplir un dogma sino tomar una medida que beneficiara al país. Por eso buscó un esquema que le permitiera al Gobierno y a la naciente empresa petrolera gubernamental colaborar con las firmas privadas extranjeras que tenían mucho que aportar a la industria. Los contratos de riesgo que ideó son el mejor ejemplo de esta actitud. No fue el general Cárdenas sino Adolfo Ruiz Cortines quien, en 1958, determinó que “las actividades petroleras” debían ser “monopolizadas por el Estado”.
Qué bueno que el general Cárdenas ya ha fallecido. De esta manera López Obrador y demás políticos que buscan cerrar el paso a los contratos de riesgo y otras formas de inversión privada en la industria petrolera no tienen que preocuparse de las actitudes y posiciones del respetado ex presidente. Así pueden usar su nombre y su imagen sin preocuparse. Pero si el general estuviera vivo y tratase de convencer a la nación de las bondades de los contratos de riesgo que él creó, seguramente López Obrador lo fusilaría como traidor a la patria.
PUERTA A LA LIBERTAD
Raúl Castro está haciendo lo que parecía imposible en Cuba. En unas cuantas semanas, y sin una revolución de por medio, ha liberalizado los mercados de medicinas, tierra agrícola, insumos y herramientas del campo, electrodomésticos, computadoras y otros productos y servicios. Hasta este momento mucha de esta liberalización se ha llevado a cabo sólo en papel, pero es de esperarse que en algunos meses se empiecen a notar los cambios. Si los logra aplicar, Raúl estará empezando un proceso que al final resultará irreversible. Una vez que se abre la puerta a la libertad, es muy difícil volverla a cerrar.
