La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un criterio que ayudará a que las personas que le brinden apoyo humanitario a los migrantes que ingresen de manera ilegal al país no sean catalogadas como delincuentes ni juzgadas por este motivo.
De manera unánime, los ministros de la Primera Sala del máximo Tribunal determinaron que incurren en el delito de tráfico de indocumentados sólo aquellas personas que alberguen o transporten extranjeros a cambio de recibir un beneficio económico.
Con esta decisión la Corte dejó a salvo de cualquier castigo a las personas o agrupaciones que -por cuestiones humanitarias y siguiendo la tradición mexicana de asistencia, apoyo y ayuda al necesitado- hospeden o den transporte a extranjeros indocumentados, en ejercicio de un acto de buena fe.
Además la SCJN le pone un freno a la Procuraduría General de la República, la cual ha sido señalada en diversas ocasiones por detener y ejercer acción penal en contra de personas que le brindan un techo o alimento a migrantes que ingresaron de manera ilegal al país de manera desinteresada.
El máximo Tribunal del país tuvo que intervenir en este tema porque el Artículo 138 de la Ley General de Población había generado confusión y aplicaciones contradictorias en torno al hecho de si las personas que ayudaban a migrantes sin fines de lucro debían o no ser castigadas penalmente.
Al interpretar dicho Artículo y establecer un criterio obligatorio para todos los jueces del país, la Corte llegó a la conclusión de que la intención de los legisladores fue sancionar sólo aquellos sujetos que son delincuentes comunes o que forman parte de bandas organizadas o, en su caso, autoridades deshonestas, que convierten a los indocumentados en víctimas al pretender obtener de ellos un beneficio lucrativo.
Pide CNDH otorgar derechos laborales a migrantes ilegales
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) envió una carta al Senado de la República en la que propone modificar la Ley Federal del Trabajo para que los migrantes, documentados e indocumentados, gocen de los mismos derechos laborales que los trabajadores del país.
Según el organismo, la legislación laboral en México es omisa e imprecisa sobre los derechos de los migrantes que ingresan a territorio mexicano para trabajar, casi siempre desde países centroamericanos, con papeles o sin papeles.
En un comunicado, la CNDH advirtió que las prerrogativas fundamentales y laborales de los migrantes son violadas en forma sistemática en el país.
En una misiva enviada a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva del Senado, el Ombudsman nacional, José Luis Soberanes, enfatizó la necesidad de que haya congruencia entre la Ley laboral mexicana y la Resolución de la Comisión de los Derechos Humanos de la ONU sobre las obligaciones de los estados con los trabajadores inmigrantes.
