La carrera de los grupos legislativos hacia un nuevo código electoral se frenó esta semana al haberse roto los consensos que presidieron la reforma constitucional y aflorar los intereses de las partes, eventualmente afectados por las nuevas disposiciones. Me abstengo de entrar en el juego, entre banal y perverso, de especular sobre el contenido de la legislación secundaria en materia de medios de comunicación, porque está en curso (es decir, no hay una posición definitiva al respecto) y porque uno de los aspectos de la discusión, los lineamientos a los medios de información (que si se sugieren o sólo se presentan) revela oportunismo o ignorancia. Tales lineamientos han sido parte de los procesos electorales desde 1994, entonces sólo como expresión de voluntad política y más tarde dotados de fuerza legal, y nunca generaron el pavor que se dice experimentan ahora los defensores de la libertad de expresión, entre otros motivos porque entonces no les importaba el asunto (como tampoco ahora, sólo que su estrategia los hace ostentarse como si en efecto fueran adalides de libertades).
En febrero de 1994 la Comisión de radiodifusión del Instituto Federal Electoral emitió los primeros lineamientos a ese propósito, destinados a lograr valores socialmente aceptados en ese terreno, como veracidad, objetividad, equilibrio, pluralidad y equidad, formulados en términos tan generales que nadie temió consecuencias nocivas de su enunciado. En junio de ese mismo año, un consejo general del IFE configurado a la luz de las apresuradas reformas de medio año, exhortó a los medios a cumplir su función social conforme a esos lineamientos. El resultado del exhorto fue expuesto por el secretario de Gobernación Jorge Carpizo al rendir su informe al colegio electoral de la Cámara de Diputados en octubre siguiente: “dejo constancia de la voluntad y decisión de la Cámara Nacional de Radio y Televisión, la cual siempre apoyó las nuevas modalidades que el IFE y un servidor le solicitamos” para conciliar valores necesarios: “privilegiando los derechos de la sociedad y protegiendo el interés de las organizaciones políticas, sin poner en entredicho las garantías legales que protegen a los propietarios o concesionarios de los medios”.
Prefiero en consecuencia detenerme en un tema sobre el que es posible reflexionar porque la propuesta respectiva es firme y en torno de ella se separaron los intereses de los partidos que han impulsado la reforma, PAN, PRD y PRI, y los que la padecerán en este punto Verde, Convergencia, PT, Alternativa y Nueva Alianza. Se trata de sustituir el sistema de coaliciones por el de candidaturas comunes, uno de cuyos efectos es revelar la verdadera dimensión de los partidos de menor inserción social que han obtenido beneficios de su unión con organizaciones mayores, pues se cuentan por separado los votos emitidos por cada uno de los postulantes.
Desde 1946 hasta 1979, el sistema de partidos era cerrado y abierto sólo a la simulación. Existían de verdad el PRI y el PAN, y figuraban en las boletas electorales los emblemas de otros partidos creados desde el Gobierno o estimulados desde allí para fingir que había elecciones competidas. Las enmiendas constitucionales de 1977, la reforma política por excelencia, dio cabida a nuevas agrupaciones y cobijo a las que simplemente simulaban. La puerta de ingreso fue el registro condicionado al resultado de las elecciones. Se combinaba de ese modo un acto de voluntad del poder con la expresión de los votantes, pues se permitía contender a formaciones nuevas que requerían alcanzar un breve porcentaje de los sufragios depositados en las urnas. De no llegar a esa cota, actualmente fijada en dos por ciento, los partidos perderían su derecho esencial a presentar candidaturas y a obtener financiamiento público.
Han entrado y salido de la competencia electoral los partidos Popular Socialista, Auténtico de la Revolución Mexicana, Cardenista, Demócrata Mexicano, Social Demócrata, Democracia Social, del Centro, México Posible, Fuerza Ciudadana, Alianza Social, de la Sociedad Nacionalista. El PRD es causahabiente del registro que alcanzaron y mantuvieron en sus momentos el Partido Comunista, el Socialista Unificado de México y el Mexicano Socialista (al que se fundió el Mexicano de los Trabajadores). Se han mantenido los que encontraron en las coaliciones la vía para su preservación: el Verde, Convergencia y el PT. Finalmente, tienen también representación parlamentaria Alternativa Socialdemócrata y Nueva Alianza que obligados a actuar solos en el proceso del año pasado mostraron la fuerza requerida para permanecer.
No necesariamente la supresión de las coaliciones significa la pena de muerte para los partidos de menor tamaño. Todos los que ahora se oponen a sustituir esa figura por la de candidaturas comunes se han probado capaces de alcanzar el porcentaje requerido por sí solos. Cual más, cual menos, tienen presencia significativa en algunas regiones o en ciertos segmentos de la sociedad, donde cosechan sus votos. Las coaliciones ofrecen a esos partidos comodidad pero no depende de ellos su existencia. Claro que es preferible negociar con los partidos nodrizas el número de votos que se les asignan al coaligarse y el número de curules a repartir, que ganar sobre el terreno, mediante la persuasión a los votantes, la representación real que los mantenga en la escena electoral, acaso con una dimensión menor de la que obtienen en sus tratos con los mayores.
