De la Constitución al código, el alcance de la reforma electoral está en juego.
En ese tramo, las presiones para sabotearla y cobrar venganza sobre sus autores están en el orden del día. En ese trecho se verá qué legisladores se sostienen, cuáles se doblan y quiénes hacen del cinismo su mayor destreza.
El juego corre en dos pistas. La reglamentación de la reforma constitucional y la selección del presidente y de dos consejeros del instituto. El desenlace revelará el alcance de la reforma y, sobre todo, el escenario en el cual se desarrollará la elección intermedia de 2009 que, aunque parezca lejos, está bastante cerca.
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Lo más impresionante de cuanto está ocurriendo es la forma en que los grandes concesionarios y sus voceros se enrollan en la bandera de la libertad de expresión, cuando frecuentemente han sido ellos quienes no la dejan ondear con majestad. Defienden lo que atacan.
Lo más curioso del asunto es que, en la supuesta defensa de “la libertad de expresión” que enarbola ese sector, asoma la ignorancia de la Ley. De la Ley propuesta y de la Ley vigente. Manifiestan asombro ante la supuesta pretensión de que el Instituto Federal Electoral les dé “línea” a los noticiarios y, al efecto, citan la propuesta de reforma al párrafo 7 del Artículo 49 del código electoral.
Dice a la letra ese párrafo: “El Consejo General se reunirá a más tardar el 20 de septiembre del año anterior al de la elección con la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, a fin de presentarle los lineamientos generales aplicables a los noticieros respecto de la información o difusión de las actividades de precampaña y campaña de los partidos políticos. En su caso, los acuerdos a que se llegue en la respectiva reunión serán formalizados por las partes y se harán de conocimiento público”.
Ese párrafo lo utilizan para desgarrarse las vestiduras, calificando de inadmisibles los lineamientos que se les pudieran presentar... pero ignoran o callan que ese párrafo no tiene nada de nuevo. Existe, y existe desde 1993, y ni pío dijeron en las elecciones de 1994, 1997, 2000, 2003 y 2006 como si, entonces, no creyeran en la libertad de expresión que, ahora, tanto los conmueve.
Dice el párrafo 10 del Artículo 48 del código electoral vigente: “El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos se reunirá a más tardar el 15 de diciembre del año anterior al de la elección, con la Comisión de Radiodifusión y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión, para sugerir los lineamientos generales aplicables en sus noticieros y respecto de la información o difusión de las actividades de campaña de los partidos políticos”.
Ni pío dijeron durante 14 largos años y, ahora, con azoro, se sienten lastimados en la libertad de expresión que, por lo visto, desconocían. Los cambios entre la redacción propuesta y la vigente, son cuatro: el interlocutor, la fecha del encuentro, la palabra “sugerir” por “presentar” y un agregado clave: “los acuerdos a que se llegue en la respectiva reunión serán formalizados por las partes y se harán de conocimiento público”.
Ignorancia o mala fe, los concesionarios y sus voceros tergiversan las cosas. Disfrazan sus intereses con la bandera la libertad de expresión y ocultan que ese tipo de lineamientos, en temporada electoral, no tienen nada de extraordinario en diversas legislaciones electorales de países con democracias mucho más ricas y desarrolladas que la mexicana.
Enrollarse en la bandera de la libertad de expresión para defender un negocio es una estratagema tan vieja como la “novedad” que ahora los consterna.
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No asombra desde luego la postura de esos concesionarios y sus voceros, sí la de algunos legisladores que, ante el calor del fuego generado por ese debate artificial, comienzan a echarse para atrás.
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados, Emilio Gamboa, asegura desconocer que eso contempla la propuesta de reforma al código electoral. Dice que él estaba concentrado en el presupuesto, pero que, si así viene la reforma, votará en contra. Entre sus compañeros, la desfachatez provoca irritación. Desde luego, Gamboa conocía el contenido de la propuesta. Si ahora se va a echar para atrás más honesto sería retractarse y no andar haciendo manchicuepas.
También llama la atención el senador Carlos Navarrete, quien asegura que el asunto de “presentar los lineamientos” es apenas el anteproyecto del borrador de una posible idea, dejando entrever el reajuste del polémico artículo. Puede decir eso, pero de seguro tiene claro que está jugando de más con las palabras. ¿Es ésa la firmeza de la que hace gala?
Se sabe ya que el párrafo propuesto será matizado. Se quedará probablemente la palabra “sugerir” en vez de la de “presentar” y se retirarán, por consecuencia, los eventuales acuerdos a los que el Consejo General del IFE y la Cámara de la Industria de Radio y Televisión pudieran llegar.
El problema de andarse con dobles juegos es que, más allá de la materia manifiesta de la reforma electoral y por los términos en que los grandes medios de comunicación electrónica la resisten, el Legislativo se está jugando precisamente la sustancia de su poder.
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La otra pista por donde corren las presiones es la de la selección de quienes ocuparán dos asientos del consejo del Instituto Federal Electoral y la presidencia del mismo.
Ahí, Acción Nacional juega doble. Los coordinadores parlamentarios, el senador Santiago Creel y Héctor Larios, están cargando los dados del concurso, a pesar de la postura en Los Pinos. A esos legisladores desde luego les importa quiénes ocuparán esos lugares, pero no menos les importa cerrarle la puerta a Jorge Alcocer, autor de la reforma electoral en juego y protagonista principal también de varias de las anteriores reformas.
Con ese propósito, cerraron la pinza con un sector del perredismo y un sector de los voceros de los grandes concesionarios escandalizados porque el autor de la reforma pueda terminar vistiendo un traje a la medida. En el fondo, cobran facturas personales, grupales o, peor aún, negocian no quedar tan mal con los grandes concesionarios.
Al efecto, presionaron el lanzamiento de la convocatoria fincándola en un artículo transitorio -ése sí reformado a la medida- de la Ley Orgánica del Congreso y en los criterios de la legislación electoral vigente. Así, se va derecho a un contrasentido. Cuando culmine la selección de esos consejeros, el código electoral reformado será el vigente, a ver si no dan lugar a una serie de impugnaciones que terminen por repetir el error que se quería superar: restarle legitimidad a la nueva autoridad electoral.
Esto sin mencionar que el procedimiento de selección de esos funcionarios juega con un absurdo: transparentar y ocultar un poquito el concurso. ¡Vaya equilibrio! El problema de cargar los dados es que la elección intermedia de 2009 se plantea como un concurso complicado y sería absurdo renovar el consejo para dejarlo igualmente desacreditado.
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En los días por venir estará en juego el alcance de la reforma electoral. Si prevalecen los pequeños intereses y las grandes mezquindades en la reglamentación de esa reforma y la selección del consejo se habrá dado un gran paso... para atrás. Ojalá así no sea.
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