Melón o sandía
Lo curioso del caso, frente a la réplica a botepronto de la Secretaría del Trabajo a la propuesta del gobierno capitalino de crear un seguro de desempleo, aduciendo que éste existe desde hace más de 30 años a nivel nacional, es que en el escenario internacional México no pudo sostener el aserto
Hete aquí que hace unas semanas el Organismo para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) envío un cuestionario a sus países signantes sobre la materia, que fue respondido en forma negativa por el gobierno federal. “El beneficio no existe en México”, señala letra por letra el informe final de la instancia que aglutina a 29 naciones.
Se diría, pues, que a nivel doméstico hay que alimentar con gasolina el fuego, y al internacional hay que evitar quemarse… por más que queda la duda si la OCDE realizó una traducción errónea.
Lo cierto es que ni el Sistema Nacional de Empleo ni el seguro de desempleo que plantea el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, resisten una confrontación rigurosa con los sistemas de los países desarrollados.
De entrada, a diferencia de naciones como Estados Unidos, Portugal, Noruega, Alemania, Italia, Dinamarca, Canadá o Austria, no se otorga ayuda en proporción al último salario devengado por el desempleado.
El rasero habla de una cuota fija, lo mismo para un profesionista que para un trabajador manual. En el ámbito federal ésta alcanza “por única vez” un total de 2 mil 200 pesos, a enterarse en dos partes, una a la inscripción y otra 15 días después, una vez demostrado que se han tocado puertas en pos del empleo anhelado o se ha acudido a cursos de capacitación.
En el local, de aprobarse la iniciativa, se le otorgarán mil 500 pesos mensuales en un lapso de seis meses, con la posibilidad de replicarse sólo tres veces la ayuda en un periodo de nueve años, naturalmente cubriendo requisitos similares, en un escenario en que aleatoriamente habrá una bolsa de trabajo que aglutine la oferta existente y la empate con capacitación.
En Alemania, por ejemplo, un desempleado que demuestra 12 meses de trabajo previo podría acceder a un subsidio durante 12 meses por un máximo de 2 mil 119.8 euros, es decir, unos 33 mil pesos.
En Dinamarca éste se podría extender hasta 48 meses, con un tope de mil 936.9 euros.
Ahora que donde hay empate entre todas las coberturas, incluidas las nuestras, es en tender una red de protección para evitar que los desempleados crucen la frontera hacia la economía informal.
La preocupación, en el caso de México, alcanza niveles de histeria, si consideramos que según estudios internacionales 40% de la economía se desarrolla en la informalidad.
De acuerdo con el cálculo del gobierno capitalino, el beneficio cubriría como mínimo a 30 mil personas, para llegar a 70 mil, dependiendo del comportamiento del mercado laboral y de la población económicamente activa. El costo será de 500 millones de pesos anuales.
El caso es que, al fragor de la rebatiña sobre cuál es cuál o mejor dicho quién es quién, el gobierno federal señala que en contraste con la tasa de desempleo abierto a nivel nacional, que alcanza 3.95% de la población económicamente activa, en la capital del país se llega a 3.95. En el renglón específico de jóvenes, el contraste es de 6.5 a 13.6, y en el de mujeres de 4.3 a 7.1. Ahora que mientras el empleo en Baja California Sur crece en proporción de 13.1 y en Hidalgo de 8.0, en el Distrito Federal alcanza sólo 4.
Del otro lado de la mesa, empero, se aduce el sesgo “tramposo” de no tomar en cuenta la densidad de la población.
Más allá, se señala que durante el gobierno foxista el número de trabajadores inscritos al Seguro Social fue de un millón 347 mil 937, lo que implica un crecimiento de sólo 9% en seis años… mientras en el régimen zedillista se alcanzó casi el doble: 2 millones 595 mil 748 plazas. Peor aún, si entre enero y agosto de 2006 el crecimiento de trabajadores asegurados fue de 5.3%, en el mismo lapso del año en curso, ya bajo el nuevo gobierno, el incremento ha sido de sólo 4.4.
Ahora que de los un millón 962 mil 544 empleos creados en los siete años de panismo, un millón 262 mil 859 son eventuales. Estamos hablando de 64.3%. El tiroteo, como lee usted, está tupido.
Ahora que si la pelea es por ver quién le ofrece mayores beneficios sociales a la población, por mí que se deschonguen lo que quieran. ¿O no?
Balance general
A decir de Carlos Rojas Magnon, el ex funcionario de la Presidencia de la República al que se le responsabilizó de la compra de toallas de 4 mil pesos y persianas de 70 mil como parte del menaje de las “cabañitas” que ocupaba el ex presidente Vicente Fox en la residencia oficial de Los Pinos, sí hubo un pacto entre éste y el actual presidente, Felipe Calderón.
Según ello, el ex titular del Ejecutivo no puede hablar contra el gobierno en el interior del país, aunque sí soltar la lengua en el extranjero.
Lo grotesco del asunto, frente a los reclamos del hombre que llegó con la bandera de combatir a tepocatas, víboras prietas y demás alimañas del México negro que remiten a sus declaraciones patrimoniales donde, jura, está transparentada íntegra su fortuna, es que en la última de ellas no aparece el rancho La Estancia, es decir, la prueba más clara de su enriquecimiento inexplicable.
Digamos que solito se apretó la soga al cuello.
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En convocatoria al absurdo, o tal vez en deseo de acelerar la quiebra ordenada del Banco Nacional de Comercio Exterior, hete aquí que el director general de Nacional Financiera y de éste, Mario Laborín, está despidiendo a empleados y funcionarios del primero… para contratarlos en el segundo banco de desarrollo.
La lista es interminable.
Las antigüedades de éstos oscilan entre 15 y 20 años, es decir, están próximos o en vías de jubilación, cuyo costo pagará necesariamente el Bancomext, en la magia de la legislación que permite integrar años de servicio en el sector financiero oficial.
¿Se acuerda del penoso caso del ex director de uno y otro bancos, José Ángel Gurría, que se jubiló a los 42 años de edad, con sólo 19 de servicio? Total, que tanto es otro empujoncito al precipicio.
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Aunque en el papel a caballo regalado nadie le mira el diente, lo cierto es que la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores tomó con cautela la oferta de Alberto Saba Raffoul y Moisés Saba Masri de otorgarle 10% de las acciones si se acepta su propuesta de comprar Aeroméxico.
La razón es simple: se estima que tras el obsequio hay una serie de condicionantes para modificar el contrato colectivo.
De hecho, la oferta que les hizo la propia firma en la fase previa por 5% del capital implicaba cancelar al menos la tercera parte de las cláusulas, dada la resistencia a plantearse un Conflicto Colectivo de Naturaleza Económica ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
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A escasos tres meses de la apertura de fronteras a que obliga el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los industriales azucareros están exigiendo fijar reglas claras para garantizar equidad en el intercambio.
El interés mayor de la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera que encabeza Juan Cortina Gallardo es que se respete a la letra el artículo 303 del acuerdo mercantil y sus anexos, que reclaman un programa de fomento para la industria manufacturera, maquiladora y de servicios de exportación.
