La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que encabeza José Luis Soberanes dio por cerrado el caso de la anciana indígena de la región de Zongolica, Ernestina Ascencio Rosaria. (El Universal)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio por cerrado el caso de Ernestina Ascencio Rosaria con la recomendación 34/2007, que, de acuerdo con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, contiene la verdad legal de lo ocurrido con la anciana indígena de la región de Zongolica.
“Con este trabajo se cierra el asunto, cuando menos para nosotros. Aquí está para nosotros la verdad legal”, dijo Soberanes al reiterar que Ascencio Rosaria no fue víctima de una violación ni de un ataque y que falleció debido a enfermedades crónicas y gastritis, así como de un cáncer hepático.
La recomendación 34/2007 está dirigida a la Sedena, el Gobierno de Veracruz, al presidente del Congreso local y a la comisión estatal de Derechos Humanos, por las irregularidades en la investigación.
La recomendación deslindó de responsabilidades en el deceso de la indígena a los soldados del 26 Batallón Militar, a quienes acusaron familiares y organizaciones civiles, pero señala omisiones, deficiencias y negligencias en la operación de dependencias del Gobierno Estatal, Municipal y de la propia Secretaría de la Defensa Nacional.
Acompañado de la segunda visitadora general de la CNDH, Susana Talía Pedroza, el ombudsman sostuvo que la muerte de Ernestina Ascencio desnudó precariedades del funcionamiento del Estado mexicano, y acusó, sin identificarlos, a “diversos grupos” de convertir el caso en una bandera para sus causas, y de manipularlo con fines políticos.
La investigación de un caso criminal basado en especulaciones, actos de fe y carencia de pruebas científicas, mostró los alarmantes excesos a los que puede llegar el manejo de los intereses políticos en el país, afirmó.
El detallar la investigación realizada por la CNDH, Soberanes citó entre las principales irregularidades la negligencia y falta de profesionalismo del personal de la Procuraduría General de Veracruz, que confundieron a la opinión pública “y enviaron pistas equivocadas a los investigadores del Ministerio Público”.
Soberanes cuestionó particularmente el hecho de que se haya aceptado una necropsia que no fue practicada por el especialista forense, quien sólo firmó un análisis entregado en la funeraria.
