Hay quienes opinan que es riesgosa la decisión de ‘congelar’ sus sueldos y eliminar prestaciones. Otros, en cambio, consideran que millonarios ingresos no son un ‘blindaje’ contra la corrupción y genera presiones internas.
La reforma constitucional que aprobó el Senado para “congelar” los salarios de los ministros de la Corte, consejeros de la Judicatura, magistrados y jueces federales, además de quitarles cualquier compensación extra ha generado opiniones encontradas lo mismo en el propio Poder Judicial que en la academia y en los foros de abogados.
La Barra Mexicana Colegio de Abogados califica de riesgosa la medida porque considera que puede revertir los años de trabajo que se tuvieron que emplear para lograr que los jueces contaran con salarios dignos que les permitieran dedicarse a su trabajo de tiempo completo, sin tener acceso a otra fuente de ingresos, a fin de garantizar su independencia.
En cambio para el académico Miguel Sarré si bien es cierto que es necesario que los jueces tengan salarios elevados para garantizar su independencia, en el caso de la justicia federal se llegó a un nivel de exceso que, incluso, ha generado que algunos juzgadores estén más preocupados en conservar su status social y sus privilegios que en velar por los derechos de los ciudadanos.
Los sueldos de los jueces y magistrados federales, consejeros de la Judicatura y ministros de la Corte se convirtieron en motivo de polémica desde que se difundieron, a raíz de la entrada en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, en junio de 2003, porque se ubicaron entre los más altos de todo el país.
Dicha Ley permitió conocer, por ejemplo, que el importe anual neto de la remuneración del presidente del Tribunal Electoral, asciende a más de cuatro millones 500 mil pesos.
En su defensa, en los primeros niveles del Poder Judicial se argumentó en ese momento, que sus remuneraciones no distaban mucho de lo que cobraba el presidente de la República, los secretarios y subsecretarios de Estado o los diputados y senadores.
La única diferencia, explicaron, era que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, transparentaron y dieron a conocer la suma total de los beneficios económicos y materiales que reciben, mientras que en el Ejecutivo y en el Legislativo no se dio a conocer toda la información de sus remuneraciones.
Esta idea fue ratificada el jueves pasado, en un programa de televisión, por el ministro José Ramón Cossío quien dijo que los salarios completos, con todas sus prestaciones, de los funcionarios del Ejecutivo no se conocen a detalle.
A la difusión de los salarios del Poder Judicial, en 2003, se agregó también la divulgación de un acuerdo que aprobó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para aumentar las pensiones de alrededor de 40 ministros en retiro o jubilados, para que se incrementaran hasta sumar el 80 por ciento del salario de un ministro en activo.
Un año más tarde, a raíz de revisiones que llevó a cabo la Auditoría Superior de la Federación, también se conoció que el Poder Judicial también contaba con una serie de fideicomisos lo mismo para pagar pensiones complementarias de jueces y magistrados jubilados que para el mantenimiento de viviendas de magistrados y jueces.
Pero el punto que le acarreó mayores críticas al Poder Judicial se generó a finales de 2006 cuando se documentó que los ex magistrados del Tribunal Electoral habían creado un fideicomiso para autoconcederse un millonario bono de retiro.
Todos estos puntos fueron retomados en el Senado, como parte de la revisión de un par de iniciativas tendientes a regular los salarios de todos los funcionarios públicos del país, como parte de una propuesta que se generó a fin de reducir los salarios de todos los juzgadores federales.
Después de un amplio cabildeo con senadores, una comisión de ministros y consejeros de la Judicatura, logró que la medida fuera frenada parcialmente en el Senado.
Esto último porque el 13 de marzo, como parte de las reformas aprobadas para que ningún servidor público gane más que el presidente de la República, los senadores acordaron no reducir, pero sí “congelar” los salarios de los ministros, magistrados, jueces y consejeros de la Judicatura hasta que el sueldo del presidente de la República sea mayor que el de ellos.
Y de manera paralela, el Senado decidió quitarles todas las percepciones adiciones que reciben como son las gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos y comisiones.
Pero la medida todavía tiene que ser avalada por la Cámara de Diputados, en donde se prevé que el cabildeo del Poder Judicial continúe.
A través de su director de comunicación social, el abogado Jorge Cervantes, la Barra Mexicana Colegio de Abogados, una de las organizaciones más prestigiadas de su tipo en el país, fijó su postura en torno a este tema al considerar erróneo que los legisladores hayan tomado como punto de referencia el salario del presidente de la República.
En su opinión no se debe perder de vista que las funciones del Poder Judicial son distintas a las del Ejecutivo y del Legislativo.
Además de que no se puede comparar la remuneración del titular del Ejecutivo con la de los ministros de la Corte, porque, por ejemplo, el titular del Ejecutivo goza de una serie de partidas presupuestales que son para su exclusivo beneficio, empezando porque vive en Los Pinos.
El académico del ITAM y especialista en asuntos relacionados con los poderes judiciales, Miguel Sarré no comparte esta visión.
Sostiene que si bien un juez que gana poco es vulnerable a presiones externas, “un juez que tiene un sueldo excesivo se vuelve alguien proclive a presiones internas, porque se convierte en un juez que tiene mucho que cuidar para no perder sus privilegios”.
Sarré tampoco comparte la opinión de quienes aseguran que los elevados sueldos ayudan a garantizar la independencia y a evitar problemas de corrupción.
Su postura coincide con las conclusiones a las que llegaron los investigadores Laura Carrillo Anaya y Juan Pablo Guerrero Amparán, en un estudio que realizaron el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), titulado “Los salarios de los altos funcionarios en México desde una perspectiva comparativa”.
En dicho documento recuerdan que “se ha sostenido con frecuencia que es necesario pagar bastante a los funcionarios públicos para reducir la corrupción. Algunos estudios elaborados o encargados por el Banco Mundial sobre algunos países en desarrollo han mostrado empíricamente que no puede probarse la correlación entre altos ingresos de la función pública y la reducción de la corrupción. Al contrario, muestran que los altos ingresos de funcionarios en entornos propicios para la corrupción terminan por encarecer el costo de la colusión”.
