Está de acuerdo el delegado del ISSSTE, Raúl Villaseñor Benavides, en que se revaloren los dictámenes médicos que declararon la incapacidad total y permanente de algunos derechohabientes, con el fin de dar mayor transparencia al proceso y evitar irregularidades que vayan en detrimento de las instituciones públicas.
Raúl Villaseñor aclaró que el ISSSTE atiende a dos tipos de derechohabientes: los trabajadores de las dependencias federales, y los que tienen la relación laboral con el gobierno estatal, como son los integrantes de la Sección 44 del SNTE.
En el caso de los federados, el procedimiento para autorizar o no la incapacidad total y permanente por invalidez se hace a través de una Comisión Nacional que revisa los expedientes y emite un dictamen de procedencia o no. De ser negativa la resolución, los afectados aún tienen derecho a promover la revaloración de sus casos, de una tercería, a la que se le respeta la decisión.
En caso de aprobar la procedencia de la incapacidad total y permanente, es el ISSSTE la instancia que absorbe lo relativo al pago de las pensiones, explicó el delegado Raúl Villaseñor.
Mientras que la responsabilidad del ISSSTE en el caso de los trabajadores que tienen relación laboral con el gobierno estatal, como son los maestros de la Sección 44 del SNTE, se limita a emitir los dictámenes médicos de valoración de las incapacidades, a través de una comisión específica que previamente analiza los expedientes. Pero ya es decisión del gobierno estatal lo que se refiere al pago de las pensiones en caso de que se declare la procedencia de la invalidez.
Pero con el fin de darle mayor certeza a los dictámenes médicos, la delegación del ISSSTE está de acuerdo en hacer una revaloración sobre los expedientes que ya se declararon procedentes, pero que en las nuevas resoluciones vayan firmadas por los subdelegados médico, de prestaciones, y si es necesario la del titular de la delegación.
Raúl Villaseñor dijo que se pretende reducir las facultades discrecionales de algunos funcionarios en la expedición de los dictámenes médicos para incapacidades totales y permanentes. Recordó que en Gómez Palacio, el ISSSTE, realizó una investigación al azar de entre un universo de 100 incapacidades médicas que se habían expedido a igual número de trabajadores.
De lo anterior resultó que 29 casos se turnaron a una revaloración, de los cuales 9 fueron revocados al considerarse que aún tenían las condiciones para seguir laborando en los centros de trabajo adscritos; de tal cantidad 2 recurrieron al amparo, otros 5 interpusieron el recurso de inconformidad para que se les haga otra revaloración y el resto lo aceptó.
