La semana pasada, la Ciudad de México fue el escenario de los actos que protagonizó el Partido de la Revolución Democrática orientados a intimidar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, respecto del fallo con el que ratificará o no los resultados de la jornada comicial del dos de julio.
En este compás de espera, mientras la inmensa mayoría de los mexicanos sigue desarrollando sus actividades productivas en todo el país, en la capital, los integrantes y simpatizantes de Andrés Manuel López Obrador acuden a su llamado para bloquear indefinidamente calles y avenidas importantes.
Tomar plazas públicas, empuñar el megáfono, romper el pavimento para anclar las carpas bajo las cuales matarán el tiempo jugando a las cartas, echándose una mano de dominó, una partida de ajedrez o, por qué no, una “cascarita”.
Los “activistas” deambulan con tedio por los campamentos y por sus zonas aledañas y ante la falta de sanitarios, utilizan para dar cauce a sus necesidades fisiológicas cualquier poste, pared, prado o parques tan emblemáticos como la Alameda Central.
Aparcar en lugares prohibidos decenas de automóviles y autobuses en el primer cuadro de la capital, en los que se transportan los campistas, es ya un asunto cotidiano en la capital, frente a la mirada frustrada de los “guardianes del orden” quienes recibieron instrucciones de los altos mandos policiales de no proceder como marca la Ley.
Todo ello ocurre con la actitud complaciente, irresponsable y facciosa del señor Alejandro Encinas, quien se supone es el jefe de Gobierno del Distrito Federal, es decir, quien debería cumplir y hacer cumplir la Ley.
La Ciudad de México ha sido secuestrada por quienes no lograron los resultados esperados. Ante su derrota, han tomado como rehenes a millones de personas que ven coartada sus libertades de tránsito, reunión y trabajo.
Lo más absurdo dentro de la parafernalia que López Obrador y sus colaboradores han generado con base en el mito de que él ganó, es que secuestrada la Ciudad y sus habitantes, los captores exigen a los secuestrados para su liberación algo que éstos no pueden dar: que decidan que se recuente voto por voto y casilla por casilla.
Tal decisión no corresponde a los candidatos ni a los partidos; es facultad exclusiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así lo marca la Ley.
Los mexicanos ya votamos y los votos ya se contaron por cientos de miles de mexicanos el dos de julio. La verdadera defensa de la democracia consiste en el respeto a la voluntad popular expresada en las urnas así como a las instituciones responsables de organizar y calificar el proceso electoral. Respetar el voto es respetar a México.
