El debate suscitado en nuestra ciudad respecto a la prostitución masculina y femenina y sus efectos en cuanto a la salud y la seguridad pública es equivocado, en la medida en que se pretende reducir al tema de los derechos humanos. Todos los hombres y mujeres somos iguales ante la Ley y titulares de derechos fundamentales que garantiza la Constitución, que deben ser respetados por las autoridades de todos los niveles.
Esta parte de la polémica debe darse por resuelta y pasar enseguida a las propuestas para que al tiempo que impliquen una solución, ésta se aplique con respeto a los derechos constitucionales de los involucrados. El planteamiento no es fácil porque supone confrontar los derechos individuales con el interés público de la sociedad y por tanto, debe buscarse el punto de equilibrio que satisfaga a ambos.
El papel del ciudadano es el de exigir respeto por los derechos humanos, en tanto que la misión de las autoridades es la de velar por el bien y la protección de la comunidad. En ese entorno se alza la voz de un Visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, que reivindica el derecho de hombres y mujeres a dedicarse a la prostitución, lo que ofrece una pésima visión del problema.
La alternativa de la prostitución no es materia de garantía constitucional, porque hace de la persona un objeto como ocurre en la esclavitud, negación plena de los derechos humanos. La prostitución lleva a disponer del cuerpo de un semejante contra el pago de un precio en dinero y en tanto propicia una súbita intimidad entre desconocidos, ofrece ocasión para que se cometan delitos graves, que deben ser prevenidos por Sociedad y Gobierno.
