La decisión del presidente de blindar los proyectos de construcción de la refinería en Dos Bocas, del Tren Maya y del aeropuerto Felipe Ángeles, es un despropósito inaceptable.
La explicación del presidente es que la oposición a algunos de los proyectos preferidos de la 4T ha generado un gran número de demandas de amparo cuya atención judicial retrasa los programas poniendo en duda su terminación dentro del sexenio actual.
El remedio pareció fácil mediante un simple Decreto publicado en Diario Oficial el pasado lunes que declarara de interés público y de seguridad nacional liberara una larga lista de actividades y obras asociadas a infraestructuras y realizadas por el gobierno de estorbosas burocracias.
Son docenas de actividades hechas por cientos de entidades relacionadas con comunicaciones, turismo, medio ambiente y todo lo que pueda incluirse en el elenco de un gobierno-productor.
El Decreto instruye a las autoridades federales a expedir permisos provisionales para iniciar proyectos que figuren en las listas y así garantizar su oportuna ejecución. Se aplicará el mecanismo de la afirmativa ficta para expedir la aprobación en cinco días a partir de la presentación de la solicitud. Dentro de la vigencia de la autorización provisional de un año se obtendría el permiso definitivo.
Introducir esa modalidad al proceso de autorizaciones asegura la aprobación sin licitaciones o demás trámites de las obras promovidas por el presidente. La calidad de Seguridad Nacional descarta el deber de informar a que el gobierno está obligado.
El proceso de autorizaciones temporales sin respeto a obligaciones constitucionales viola los artículos 6 y 7 constitucionales en materia de transparencia y distorsiona la aplicación de los artículos 103 y 107 constitucionales relativos al recurso de Amparo y su ley reglamentaria.
Las reacciones empresariales y académicas tachan al Decreto de inconstitucional que solo es transparente en cuanto a que es obvio que se trata de proteger a las tres obras icónicas contra los retrasos que acarrean las inoportunas demandas de Amparo.
La constitucionalidad del Decreto tendrá que ser resuelta por las cortes tanto en cuanto al nuevo proceso express para autorizar nuevos proyectos como en cuanto a cerrarlos al deber de transparencia.
La cerrada oposición al Decreto le ha despertado en López Obrador la cruda terquedad de la que gusta ufanarse. Una sentencia de la Corte de inconstitucionalidad sería el acicate para promover lo necesario para sintonizar a la Constitución y a la Ley de Amparo a su voluntad. El presidente confía en tener los números parlamentarios de Morena para jugar esa carta.
La siguiente acción legislativa de AMLO sería, pues, agregar una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo para dejar claro que se considerará perjudicial al interés social y contraria al orden público, cuando la suspensión concedida va en contra de leyes y resoluciones que tengan por objeto fomentar la operación y funcionamiento de las empresas productivas del estado.
Es evidente que de aceptarse como válido el procedimiento de adjudicación de contratos que se describe en el Decreto se había confirmado el camino sin control para la entrada al infinito campo de proyectos oficiales en todos los órdenes de actividad con sus respectivas justificaciones para ser inscritas en la muy atractiva comunidad que medra a la sombra de la Seguridad Nacional.
El Decreto mencionado es una nueva nota alarmante que una vez más exhibe a una administración federal sin rumbo coherente y, por lo mismo, víctima de la obsesión clasista que nubla la percepción del presidente que, sin disciplinas ni orden alguno, y presa a su vez de una incurable desconfianza en todo que lo rodea, sin más orientación que la de su agudo instinto.
Todo lo percibe el presidente como justificación para centralizar las energías de que dispone en su persona. En su nada cómoda situación en que se encuentra se olvida que no es por él que ocupa la Presidencia, sino por el compromiso que él asumió al protestar guardar y hacer guardar la Constitución.
