La duda sobre el compromiso de López Obrador con el cumplimiento de la ley y con la legalidad siempre ha estado ahí. Desde cuando invadía campos petroleros, pasando por su candidatura sin residencia al gobierno del Distrito Federal, su desacato como jefe de Gobierno, su rechazo al fallo del IFE en 2006, sus invasiones continuas de la vía pública. Ya como presidente, nombramientos de personas que no cumplen los requisitos de ley, sus violaciones a los señalamientos del INE sobre la veda electoral, su uso de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, entre otras.
Su norma ha sido violar la norma; esa actitud cobra relevancia con el "Decretazo" que publicó el lunes pasado, que lo autorizaría a incumplir múltiples mandatos de ley al aprobar y ejecutar sus proyectos. Con esto, todas las sospechas quedan totalmente ratificadas; ya no hay duda de su desprecio por la legalidad y su inobservancia de la ley. México tiene un presidente que no acata la Constitución y la ley.
Eso es lo más preocupante de la publicación del Decreto, sobre todo cuando le ha dado a las Fuerzas Armadas múltiples funciones que correspondían a civiles (246 de acuerdo con la Plataforma de Protección de Datos Abiertos), y cuando sólo esta semana Latinus denunció el incumplimiento de normas en 966 contratos otorgados por el Ejército en Santa Lucía.
De un plumazo AMLO pretende desmantelar el sistema de evaluación de proyectos de la Administración Pública Federal, que se construyó durante décadas, para entrar en un régimen de absoluta discrecionalidad, que abonaría a su afán autoritario.
En sus términos, el Decreto violaría desde las disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que establece que todo proyecto del sector público debe inscribirse de inicio en el inventario de proyectos de la Secretaría de Hacienda, y que sin dicha inscripción no puede recibir recursos públicos. Con esto, se daría a SHCP cinco días para analizar los múltiples requisitos necesarios para autorizar cualquier proyecto, exigencias que se derivan de muchas leyes y disposiciones de otros ámbitos de la administración pública. Desde ahí arranca la burla.
La duda más preocupante es cuál es la causa para que el Presidente haya llegado al extremo de emitir ese Decreto. Puede ser un signo de su desesperación por el lento avance de sus proyectos estratégicos; también un arranque más de su ánimo autoritario; o una reacción al duro golpe por la denuncia de presuntas irregularidades en la construcción de Santa Lucía; o puede ser un paso hacia adelante para logar un poder total durante su gobierno antidemocrático.
En todo caso, es por demás preocupante que prácticamente todos los miembros de su gabinete hayan refrendado ese Decreto de flagrante ilegalidad. ¿Ninguno de los 20 entiende eso? ¿O ninguno de ellos tiene la estatura para enfrentarse al presidente?
El repudio al Decreto y las expresiones sobre su ilegalidad no se hicieron esperar. El Inai cuestionó su ilegalidad. La Barra Mexicana de Abogados denunció que viola disposiciones constitucionales, de competencia económica, de debido proceso y consulta previa; del derecho a la información (Artículo 6to) y de los principios de eficiencia, economía, transparencia y honradez en los recursos públicos (Artículo 134).
Nuevamente la SCJN habrá de ser la instancia que controle las desmesuras de López Obrador. Ahora, ¿a dónde puede desembocar un país cuyo presidente parece empeñarse en una secuela interminable de acciones que profundizan la incertidumbre jurídica y refuerzan un régimen autoritario antidemocrático?
El escenario es de pavor. El conflicto con el INE está en crisis, el desaseo de la nominación para el Gobernador de la Junta de Gobierno de Banxico, el impulso sin miramientos a Loretta Ortiz para la SCJN, el blindaje evidente de las Fuerzas Armadas en materia económica y jurídica (derechos humanos). Esto preocupa y no lo aborda el Presidente.
