Comenzó a recibir depósitos mensuales de alrededor de 200,000 dólares a partir de 2017. (ESPECIAL)
Durante años, Bruce Bagley fue el experto académico por excelencia en cuestiones de narcotráfico en Latinoamérica, compartiendo sus conocimientos con miembros del Congreso, periodistas, abogados e incluso con la CIA.
En un sorprendente giro del destino, un juez federal de Manhattan sentenció el martes a Bagley, un profesor jubilado de la Universidad de Miami, a seis meses en prisión por su participación en una operación secreta de lavado de millones de dólares a nombre de algunos de los individuos a los que estudió durante toda su vida.
“Estoy avergonzado por mi comportamiento irresponsable”, dijo Bagley vía Zoom mientras intentaba contener el llanto. “Pasé mi vida como académico trabajando para comprender y mejorar las condiciones en muchos países de Latinoamérica, y estar aquí hoy significa el mayor distanciamiento de esa vida que aspiraba tener”.
El juez Jed Rakoff declaró que imponer la sentencia recomendada en los lineamientos federales, de hasta cinco años en prisión, sería “irracional” y “extremadamente punitivo”, pues el acusado tiene 75 años y problemas de salud.
Sin embargo, destacó que se requería una sentencia carcelaria, aunque fuera modesta, con tal de disuadir a otras personas en posiciones de poder de adoptar un comportamiento similar.
“Si había alguien en el mundo que sabía que este tipo de actividades eran criminales, ese era el doctor Bagley”, dijo Rackoff, quien recomendó que se le permita al acusado completar su sentencia en una prisión con buenas instalaciones médicas.
La transición de Bagley de escribir libros de texto a involucrarse en lo que los fiscales describieron como “un caso típico de lavado de dinero” fue resultado de sus tratos con otro indiciado: el empresario colombiano Alex Saab, quien está acusado de pagar sobornos a familiares y allegados del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para obtener contratos del gobierno con sobrecostos.
Bagley conoció a Saab a través de un viejo informante del gobierno, Jorge Luis Hernández, mejor conocido con su sobrenombre de “Boli”. Unos años atrás, Bagley le había ayudado a Boli a evitar la deportación a su natal Colombia, donde —según Bagley— enfrentaba una muerte segura a manos de grupos paramilitares derechistas que en ese momento dominaban el narcotráfico en las costa colombiana del Caribe.
A recomendación de Boli, Saab le pidió ayuda a Bagley para obtener una visa estadounidense para su hijo y posteriormente accedió a contratarlo como asesor para una inversión en Guatemala, trabajo por el que ganaría 1,000 dólares por hora. Entonces, a partir de finales de 2017, Bagley comenzó a recibir depósitos mensuales de alrededor de 200,000 dólares de parte de una supuesta compañía de alimentos con sede en los Emiratos Árabes Unidos. También se le transfirieron fondos adicionales desde Suiza, con lo que el total que recibió de Saab sumó casi 3 millones de dólares, según los fiscales.
Posteriormente, Bagley transfirió el 90% de ese monto a cuentas controladas por el informante, creyendo que se le haría llegar el dinero a los abogados de Saab en Estados Unidos, quienes en esos momentos se reunían en secreto con investigadores federales en busca de una posible resolución de su propio caso.
Bagley conservó una comisión del 10% y siguió aceptando el dinero incluso después de que le cerraran una de sus cuentas por actividades sospechosas.
“Sí. Es corrupción”, le dijo el profesor a Boli, según la grabación de una conversación de diciembre de 2018, añadiendo que sabía que Saab estaba importando alimentos a nombre del gobierno de Maduro. “Han importado los productos de peor calidad a precios inflados, y se han llenado los bolsillos de plata”.
Se desconoce qué fue lo que llevó a Boli a traicionar a Bagley. Hernández no ha respondido hasta el momento un mensaje de texto enviado en busca de comentarios.
Antes de su arresto, Bagley había pasado décadas estudiando al crimen organizado en Latinoamérica. Presidió el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad de Miami, publicó varios libros y artículos, y su nombre era citado frecuentemente en los medios de comunicación.
También fungió como asesor para varias agencias federales —el FBI, la DEA, la CIA y el Pentágono—, así como para los gobiernos de Argentina, Colombia, Ecuador, México y Panamá, según un currículo de 24 páginas presentado ante la corte.
Al solicitar la clemencia de la corte, los abogados de la corte lo describieron como una combinación entre un idealista que luchaba contra la pobreza y un profesor distraído que se olvidaba de pagar las cuentas o se quedaba sin gasolina mientras conducía por estar demasiado metido en su investigación.
Sin embargo, la evidencia que presentó la fiscalía en el último minuto presentaba un lado más oscuro del acusado.
Al mismo tiempo en que Bagley sostenía conversaciones telefónicas con funcionarios en Washington, él y Boli se codeaban con políticos de mala reputación en distintas naciones de Latinoamérica, incluyendo aspirantes presidenciales de Paraguay y República Dominicana, además del gobernador colombiano Kiko Gómez, que en ese momento era investigado por homicidio.
En 2015, Bagley firmó una declaración jurada en la que aseguraba que Gómez no tenía vínculos con grupos paramilitares derechistas. Pero en el memo de sentencia en el que solicitaron clemencia, los abogados de Bagley señalaron que se había rehusado a firmar dicha declaración a pesar de que le habían ofrecido 25,000 dólares, ya que su investigación académica le había llevado a concluir que el político sí tenía relación con las milicias, las cuales Estados Unidos ha designado como organizaciones terroristas.
“O la representación de Bagley sobre su investigación en su solicitud de sentencia es falsa, o firmó una declaración jurada falsa en 2015”, arguyeron los fiscales a finales de la semana pasada. “Sea cual sea el caso, el gobierno afirma con todo respeto que las tergiversaciones de Bagley son relevantes para la determinación que haga la corte sobre la sentencia adecuada a imponer”.
Los abogados de Bagley señalaron que el documento se basaba únicamente en sus hallazgos iniciales y que el profesor se rehusó a brindar un reporte más detallado, como el que quería Gómez.
