Todo comenzó el 24 de enero de 1995, cuando el gobierno de Torreón publicó su estado de ingresos y egresos con sobregiro, el primero en la historia de la ciudad. Después la denuncia periodística, en febrero, de fugas mayúsculas desde tarjetas de crédito manejadas por funcionarios municipales detonó el gran malestar ciudadano que en el transcurso del año derivó a una grave crisis política que entre tambaleos del presidente torreonense llevó a su renuncia el 18 de diciembre y a que el 12 de enero de 1996 el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Coahuila publicara el Decreto No. 197 que oficializó la caída: Se acepta la renuncia del C. Lic. Mariano López Mercado al cargo de Presidente Municipal de Torreón, Coah.
Han transcurrido 30 años desde entonces.
El partido opositor más fuerte en ese tiempo en Torreón, Acción Nacional, aprovechó la situación desde el inicio -con el presunto respaldo del gobernador Rogelio Montemayor-, y ganó por primera vez la presidencia municipal el 3 de noviembre de 1996, iniciando un muy largo periodo de alternancia PRI-AN que cumple ya casi 30 años.
Las cifras reflejadas en el estado de ingresos y egresos de Torreón el 24 de enero de 1995 -según prensa de la época-, demostraban que la administración de López Mercado había sumido al municipio en la más grave crisis de su historia.
Desde diciembre de 1993, a veinte días de haber tomado posesión López Mercado, su tesorero, Julio Luna Solís, declaró a medios de comunicación que el pasivo a proveedores era de 6 millones de pesos, y que de esa cantidad el 60 % correspondía a un sólo proveedor: una agencia de automóviles.
Al inicio de 1994, el servicio de limpieza fue concesionado a la empresa Proveedora Ambiental S.A. (PASA), y para ello el ayuntamiento liquidó al personal del departamento, para lo que solicitó 10 millones de pesos a la banca privada.
Las campañas a diputados locales, federales, senadores y de presidente de la República, de 1994, trajeron a la administración marianista gastos no contemplados; el cierre de campaña de Ernesto Zedillo en Torreón costó poco más de 300 mil pesos. Por eso, echó mano otra vez de los bancos y solicitó nuevos préstamos.
En diciembre de '94, el ayuntamiento volvió a acudir al apoyo financiero de la banca privada para enfrentar el pago de aguinaldos a empleados del municipio y algunos pagos a proveedores; con ello ascendió el monto del nuevo crédito a 3 millones 267 mil pesos.
El 29 de diciembre, las instituciones bancarias informaron que por retraso en el pago de su deuda, el ayuntamiento tenía canceladas sus líneas de crédito.
El 24 de enero de '95, la tesorería municipal informó en su corte de caja que los pasivos ascendían a 23 millones 329 mil pesos, sin contar el retraso existente en el pago a proveedores.
Solamente por concepto de intereses de noviembre y diciembre el municipio erogó en enero un millón 513 mil pesos.
En dichos meses la recaudación por impuesto predial fue de 732 mil pesos; por tanto, era fácil detectar que el gobierno municipal trabajaba con números rojos.
Diario se podían observar filas de proveedores que acudían por sus pagos y que salían del edificio de la presidencia molestos, pues eran conscientes de que ellos estaban financiando al gobierno municipal.
Las cifras de los estados de ingresos y egresos no dejaban duda, la administración estaba en franca bancarrota.
De acuerdo con analistas financieros, el informe administrativo publicado por la presidencia municipal el 24 de enero de '95 en los tres periódicos de la localidad fue histórico pues nunca se había difundido un estado de ingresos y egresos con sobregiro; el tesorero ni siquiera cuadró los números.
La presidencia municipal tenía gastos fuera de toda lógica.
Por concepto de teléfono se destinaron 471 mil pesos en el bimestre noviembre-diciembre de '94. Esto quería decir que al día se gastaban 8 mil pesos por servicio telefónico.
El gasto por alumbrado público también era irracional: la presidencia pagaba por consumo de energía eléctrica 1 millón 656 mil pesos bimestrales por alumbrado de colonias viejas y nuevas. Esto significaba que se gastaban 27 mil 600 pesos diarios para alumbrar la ciudad.
En el estado de ingresos y egresos se informaba qué cantidad era la que CFE les reportaba por concepto de recaudación del Derecho de Alumbrado Público (DAP).
Era alarmante observar que en el estado de ingresos y egresos aparecía en la segunda columna un título para el bimestre real y en la tercera columna otro título para el bimestre presupuestado.
Quería decir que la administración del ayuntamiento proyectaba anualmente su presupuesto de ingresos y egresos y en erogaciones generalmente los gastos reales superaban por mucho a los proyectados.
Según el informe financiero, la proyección del gasto público para 1994 fue de 135 millones 360 mil pesos, y el gasto real ascendió a 161 millones 417 mil pesos; la diferencia sumaba 26 millones 057 mil pesos que se iban al renglón de pasivos.
Si el ayuntamiento seguía con la política financiera de abonar al pasivo sólo los intereses sin ninguna aportación al principal de la deuda, para mediados de 1995 estaría enfrentando gravísimas dificultades ya que sus créditos estaban contratados con la banca privada, no eran blandos y no existía en su estado proyectado para el resto del año un remanente que les permitiera un respiro, a menos que decidieran solicitar créditos más blandos o restringieran su gasto público.
Lo anterior mostraba con números del propio ayuntamiento que el municipio estaba ante una quiebra; sin embargo no significaba que sus funcionarios lo estuvieran también; ellos gozaban de líneas de crédito limpias y al corriente en sus pagos, con gastos personales con cargo a la presidencia.
Vino entonces la denuncia periodística de fugas mayúsculas desde las tarjetas de crédito manejadas por funcionarios municipales, que detonó la crisis política que llevó a la renuncia del alcalde de Torreón.
-Continuará-
@kardenche
