La 4T presume que no pacta con criminales, pero desde Tabasco se tejió un triángulo de poder que cruzó la seguridad local, la inteligencia federal y el corazón mismo del obradorismo.
Hernán Bermúdez Requena, acusado de liderar el grupo criminal La Barredora, fue nombrado por Adán Augusto López Hernández cuando era gobernador. Mientras Bermúdez Requena ocupaba ese cargo, su jefe ascendía políticamente, primero como secretario de Gobernación y luego como coordinador de la bancada de Morena en el Senado. A pesar de las acusaciones, Bermúdez permaneció intocable, incluso bajo la mirada y el silencio cómplice del general Audomaro Martínez Zapata, jefe del Centro Nacional de Inteligencia, paisano de ambos y con acceso privilegiado a los reportes de inteligencia civiles y militares. ¿Hasta dónde llegó la red de complicidades?
Bermúdez y López Hernández no fueron figuras que coincidieron por azar, formaban parte de un núcleo compacto de lealtades que acompañó a Andrés Manuel López Obrador al poder. López Hernández, el operador político más cercano al presidente -su "hermano del alma"-, impulsó y protegió a Bermúdez, hoy prófugo. Por su parte, Martínez Zapata, general retirado y amigo íntimo del presidente, lo acompañó durante doce años de campaña y dirigió durante cinco la inteligencia nacional. Tenía la obligación de detectar amenazas, pero decidió, o el presidente le pidió, ignorarlas. Es imposible creer que no supieran; lo más probable es que sabían y eligieron dejarlo pasar.
Hoy sabemos que los hechos eran conocidos por López Hernández desde al menos 2019. Información a la que tuvo acceso la ciudadanía en 2022, cuando medios y organizaciones publicaron los correos hackeados al Ejército por el grupo Guacamaya. No fue una omisión menor, fue una traición doble. A los tabasqueños, que vivieron con miedo y terror el paso de Bermúdez por la Secretaría de Seguridad, con su estela de extorsiones, secuestros, homicidios, trata de personas y robo de combustible y a las instituciones, que permitieron que un grupo criminal naciera y se fortaleciera desde el poder. No fue infiltración del narco, como en otros casos, fue complicidad desde el Estado. Aquí, la frase "fue el Estado" aplica sin matices.
Cuando el gobernador Javier May llegó en octubre de 2024 destituyó a Bermúdez, pero La Barredora respondió con terror, más de 30 homicidios y vehículos incendiados en apenas dos semanas. Era el crimen cobrando venganza desde dentro del sistema.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia, la estrategia contra los cárteles cambió de rumbo. Su secretario de seguridad, Omar García Harfuch, desempolvó los reportes que el Ejército había archivado desde 2019 y logró integrar una carpeta sólida contra Bermúdez y varios de sus cómplices. Sin embargo, hasta ahora, la Presidenta parece decidida a no permitir que la justicia alcance a ningún alto político de Morena, por más graves que sean los señalamientos.
El triángulo tabasqueño, formado por López Hernández, Martínez Zapata y López Obrador es parte de una estructura de poder, confianza e información compartida. No sólo no detuvieron a Bermúdez, sino que lo protegieron hasta su fuga. Hoy, la propia red de López Hernández sigue intacta, con conexiones entre gobernadores, empresarios y criminales. La Presidenta asume el costo de esa protección con la desconfianza internacional que ahuyenta inversiones y turismo; cuestionamientos del gobierno de Trump sobre la complicidad con el narco; riesgos para su propio secretario de Seguridad y, lo más grave, la vida de miles de mexicanos expuesta al horror de la violencia.
Ese grupo de poder no cayó con el cambio de sexenio, como solía ocurrir en México, incluso bajo el viejo PRI. Se adaptó, se protegió y hoy opera como un poder paralelo que desborda al Estado. Mientras siga intacto, la justicia no llegará ni a Tabasco ni al país.
