La discusión pública en México se ha sesgado hacia un callejón sin salida. Para unos la transición a la democracia terminó con la aprobación de la reciente pila de leyes, aprobadas al vapor y sin análisis serio de sus implicaciones. Para otros, especialmente para la presidenta, todo es mero ruido, una tormenta en un vaso de agua. Lamentablemente, ambos tienen algo de razón, en buena medida porque no ven lo mismo ni comparten términos e historias similares. Como argumentó Popper, ese defensor radical de la libertad individual, "El supuesto conflicto entre libertades y seguridad... resulta ser una quimera. Porque no hay libertad si no está garantizada por el Estado; y, a la inversa, solo un Estado controlado por los ciudadanos libres puede ofrecerles una seguridad razonable".
El verdadero dilema radica en la frase del poeta romano Juvenal: "Quis custodiet ipsos custodes?". Quién supervisa a los encargados de la seguridad. Para la ciudadanía la respuesta no es clara en el México de hoy, razón por la cual la discusión se centra en los extinguidos contrapesos y la debilidad de las instituciones. Por el contrario, para el gobierno la respuesta es obvia y sencilla: ellos, los perseguidos de siempre, son los garantes de los derechos ciudadanos.
El hecho de que la experiencia no empate con la autopercepción de los integrantes de Morena resulta ser un mero accidente de la historia. Esa narrativa es un dogma absoluto en el que creen a ciegas todos los integrantes de Morena, desde la presidenta hasta el más modesto integrante del partido. Cuando AMLO publicaba datos que sólo el SAT podía conocer, lo hacía porque eso servía al mejor interés nacional. Cuando algo así ocurría con un presidente del PAN o del PRI se trataba de un sacrilegio, de una violación a un principio sacrosanto.
Como tantos comentaristas han observado, no es necesario más que recordar los discursos, tweets o videos de muchos de los más prominentes miembros de Morena para evidenciar la flagrante contradicción entre su perspectiva cuando eran oposición y su visión desde el poder. Antes eran severos, intolerantes e íntegros; ahora son implacable e incorruptible autoridad.
El problema radica en que no es una conversación o un diálogo, sino dos monólogos. Para los hoy gobernantes la transición no terminó en las semanas o meses pasados, sino en 2005 con el intento de desafuero de su candidato y en el subsecuente "robo" de la elección. La fórmula adoptada en la reforma de 1996 (votada favorablemente por el PRD sólo en su componente constitucional), de facto implicaba que se diluía el poder presidencial a cambio de lo cual habría contrapesos formales. La regla fundamental (así fuese implícita) era que nadie dominaba, pero todos tenían igual derecho de participar. Ese es el principio que el desafuero violó. El cisma conceptual y político que hoy caracteriza a la política y a la narrativa se remite a ese momento.
Para quienes tememos el abuso por parte de autoridades sin contrapeso, la inexistencia de límites o controles a quienes integran al Estado y a todos y cada uno de sus instrumentos, el problema no es de narrativa, sino de la historia de abusos, esos que los hoy integrantes de Morena denunciaban con virulencia cuando eran oposición, pero hoy suponen inexistentes, de hecho, inconcebibles.
En todos los países serios existen protecciones institucionales para la modificación de la Constitución. En algunos (como Dinamarca, ese parangón tan socorrido por Morena) se requiere una elección entre un primer y un segundo voto parlamentario antes de que procediera una enmienda constitucional. En el México de antes existían las famosas facultades "metaconstitucionales" que le conferían enorme poder al presidente, pero los priistas eran cuidadosos de las formas; en el México de hoy se reforma la Constitución pasado el desayuno y suficientes estados lo ratifican antes de la comida. Con esa lógica, la pregunta relevante debiera ser para qué queremos una Constitución si ésta puede modificarse sin impedimento alguno. Ergo, es obvio para qué quiere la presidenta una reforma electoral que elimine incluso la molestia de esperar tres horas para ratificar cualquier cambio a la ley fundamental. De facultades metaconstitucionales pasamos a la flagrancia suprema.
Dado el choque de conceptos, valores y narrativas que caracteriza a la política nacional en estos días, quizá la interrogante clave sea si es posible lograr un consenso sobre el tipo de futuro que el conjunto de los mexicanos pudiéramos visualizar, porque las ópticas actuales no sólo no coinciden, sino que son radicalmente dispares y hasta encontradas. Con tanto poder a su alcance, tal vez aquí haya un resquicio de oportunidad para que la presidenta Sheinbaum intentara sumar a todos los mexicanos.
En 1936, Churchill definió a la civilización de la manera en que debiera ser entendida: "La civilización significa que los funcionarios y las autoridades, ya sean uniformados o no, armados o no, se den cuenta de que son sirvientes y no amos".
Morena está en proceso de quitarle a la ciudadanía hasta el derecho de burlarse de los políticos, una libertad elemental en cualquier sociedad civilizada. Y a eso pretenden llamarle democracia. De ellos debiera venir una alternativa susceptible de zanjar las distancias actuales.
@lrubiof
ÁTICO
La política mexicana ya no comparte criterios o conceptos comunes. La presidenta podría llevar a construir una nueva civilización.
