El lento transitar de las regulaciones para el uso de IA

La inteligencia artificial (IA) ya no es únicamente una herramienta que ayuda a procesar información y realizar actividades humanas repetitivas, sino que se ha convertido en un instrumento que agiliza las tareas que para una persona serían sumamente tardadas y complejas. Gracias a esta capacidad ha habido avances en múltiples campos de estudio, desde la robótica hasta la medicina. 

Además, la IA ya no se encuentra sólo en aplicaciones móviles o de ordenadores. Su integración con distintas tecnologías, como la realidad aumentada, ha dado como resultado experiencias mucho más completas. Por ello es común que cada vez más empresas opten por incluirla en sus sistemas para optimizarlos, pues dentro de sus mayores beneficios se encuentra la velocidad de procesamiento de datos, lo que permite ahorrar tiempo, y la personalización de soluciones para cada usuario. 

Para obtener el mayor provecho de estas ventajas es importante la supervisión y el adecuado entrenamiento de los motores de IA, siempre tomando en cuenta la relación que debe existir entre esta tecnología y los humanos para evitar resultados equivocados. Es justo en este punto que entra en juego la ética. 

PREOCUPACIONES 

La inteligencia artificial funciona gracias a la recopilación de millones de datos obtenidos de cada interacción con sus usuarios, vulnerando la privacidad de estos. Asimismo, al no existir parámetros claros respecto a qué información es errónea y cuál no, las plataformas de este tipo pueden comenzar a arrojar resultados con sesgos sociales. De este modo, investigadores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han expresado que es necesaria la existencia de una regulación de esta tecnología antes de que sobrepase la línea de los derechos humanos. Se requiere que cada sistema brinde transparencia y equidad. 

Resulta imprescindible establecer normas que permitan el uso adecuado y beneficioso de la IA, sobre todo porque esta se encuentra, actualmente, inmersa en muchísimas esferas de la actividad humana, como la educación, el trabajo, la industria, etcétera. 

Las organizaciones, los distintos gobiernos y los expertos coinciden en su interés por esta regulación, exponiendo algunos puntos clave por los cuales es importante crearla: 

Discriminación y sesgos. Poseen bases de datos que se han alimentado durante años con todo tipo de información, incluida aquella sin sustento o directamente sesgada por el racismo, el sexismo y otros tipos de segregación social. 

Seguridad de datos. Existe la constante amenaza de agentes externos que divulguen la información privada de los usuarios.

Noticias falsas. Distintas herramientas de IA se han utilizado para generar y difundir noticias falsas que manipulan la opinión pública. 

Responsabilidad y ética. La autonomía de estos sistemas para la toma de decisiones puede hacer que dichas elecciones no sean justas ni transparentes. 

REGULACIÓN 

Las preocupaciones antes mencionadas han llevado a algunas naciones a aprobar leyes que buscan un mejor uso y seguridad para los usuarios de sistemas de inteligencia artificial. La Unión Europea (UE) ha sido de las primeras regiones en impulsar normativas al respecto. 

Francia aprobó, en 2021, una ley que prohíbe durante cinco años el uso de cámaras con reconocimiento facial en áreas públicas. Para 2022, en Reino Unido, se publicó un código de conducta que regula los sesgos que la IA usada por el sector público pueda generar. En ese mismo año, pero en España, se creó la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial. En 2023, Países Bajos fundó un comité de ética encargado de vigilar los proyectos de alto nivel de riesgo realizados con inteligencia artificial, por ejemplo, el reconocimiento facial. Incluso el Vaticano publicó, también ese año, notas pastorales para el desarrollo de esta tecnología conforme a la dignidad humana.

En diciembre de 2023 fue aprobada por la UE la Ley de Inteligencia Artificial, que divide a estos sistemas en cuatro categorías según su nivel de riesgo de acuerdo a las reglas y funcionamiento de cada uno. 

Sistema inaceptable: el reconocimiento facial o filtrado social queda prohibido. 

De alto riesgo: orientado a la salud y el deporte, por lo que necesita previa autorización y supervisión para accionar. 

Generativos: modelos cuya transparencia es de carácter obligatorio. 

De bajo riesgo: sólo deberán informar acerca de su uso de la IA. 

Estados Unidos es otro de los países con regulaciones ya establecidas. El expresidente Joe Biden firmó en 2023 una orden que obliga a las empresas a notificar al gobierno cualquier avance tecnológico que represente un riesgo alto para la seguridad nacional.

En territorio latinoamericano también hay quienes ya trabajan bajo este tipo de leyes. Uno de los pioneros es Brasil, que tiene una legislación basada en tres pilares: derechos del usuario, gradación en el nivel de riesgo y medidas de gobernanza. En Chile se han inclinado por regular los sistemas de inteligencia artificial y la robótica en una sola ley, enfocando su atención en la protección de la información y experiencia de los usuarios. 

MÉXICO 

En México se han presentado distintas iniciativas de ley para la regulación de la IA, sin embargo, aún no se ha aprobado ninguna. La inexistencia de lineamientos para su uso pudiera desencadenar que el país se convierta en un simple consumidor pasivo de esta tecnología, sin tener instrumentos para hacer frente a las consecuencias de ello. 

Entre 2020 y 2024, según Ivan Vladimir García, académico del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), se han propuesto 58 iniciativas ante el Congreso de la Unión. 

Una de las propuestas con mayor ambición fue la Ley para la Regulación Ética de la Inteligencia Artificial y la Robótica, que a su vez proponía la creación de un Centro Nacional de Inteligencia Artificial que regulara cada sistema de este tipo. Fue presentada ante la Cámara de Diputados en abril de 2023, sin embargo, el proyecto no se ha retomado. 

En marzo de 2025, la Ciudad de México presentó una iniciativa de ley que busca la regulación de la inteligencia artificial en la administración pública, sin embargo, no se considera el sector privado ni otros espacios de gobierno. 

Otras de las propuestas que se han hecho en los últimos años son la Ley de la Agencia Mexicana para el Desarrollo de la IA (2023), que buscaba la creación de una agencia encargada de planear y ejecutar políticas públicas, así como la Ley que Regula el Uso de Inteligencia Artificial (2023), que buscaba evitar la manipulación de información o la generación de noticias falsas, otorgando la supervisión de este aspecto al Instituto Nacional de Derechos de Autor. 

Un proyecto que aún se encuentra en curso es la creación del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, cuyo propósito sería coordinar la implementación de políticas para el uso de esta tecnología, basándose en el modelo de riesgos utilizado en la Unión Europea. 

Pese a todos los intentos de proteger a los usuarios de estos sistemas, resulta curioso que aún no se haya concretado nada en México, lo que significa que todos los problemas asociados con el uso de IA se irán acumulando sin ningun lineamiento para lidiar con las consecuencias.