Soldado ucraniano en el campo de batalla. Foto: EFE
Durante 13 días, concretamente del 16 al 28 de octubre de 1962, el mundo contuvo el aliento ante una eventual confrontación nuclear entre Estados Unidos y la extinta Unión Soviética. El motivo, la instalación de misiles nucleares en Cuba.
La Crisis de los Misiles de Cuba marcó el momento más crítico de la Guerra Fría cuando la posibilidad de un enfrentamiento nuclear pasó de ser una hipótesis a un escenario inminente. El acontecimiento fue resultado de una compleja red de tensiones geopolíticas, ideológicas y militares que involucraron no sólo a las superpotencias, sino también a otros países del hemisferio occidental, como Cuba, México y Canadá, así como al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) como plataforma diplomática en medio del conflicto.
Cuba, a 150 kilómetros de la costa estadounidense, específicamente de la península de Florida, adquirió importancia estratégica tras el triunfo de la Revolución liderada por Fidel Castro en 1959. La llegada de un régimen socialista a la isla fue considerada por Estados Unidos como una amenaza directa a su seguridad nacional y a su influencia en Occidente.
Las relaciones entre ambas naciones se deterioraron rápidamente. Washington impuso un embargo económico —que perdura hoy en día— y rompió relaciones diplomáticas con La Habana. En ese mismo contexto, respaldó la fallida invasión de la Bahía de Cochinos en 1961, organizada por exiliados cubanos con apoyo de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés).
Esta operación convenció al régimen castrista de la necesidad de fortalecer sus lazos con Moscú como medio de supervivencia frente a la hostilidad estadounidense.
Las tensiones que marcaron dicha década tuvieron su inicio en mayo de 1962, cuando el líder soviético Nikita Jrushchov propuso al gobierno de Fidel Castro instalar misiles balísticos de alcance medio y corto en territorio cubano, bajo el argumento de equilibrar el poder nuclear con Estados Unidos, que ya había desplegado misiles similares en Turquía e Italia, apuntando hacia la URSS.
La propuesta soviética a la isla significaba también una disuasión para Estados Unidos contra posibles futuras agresiones a regiones de América Latina; para Cuba, particularmente, representaba un respaldo militar ante cualquier intento de invasión.
El despliegue se realizó en secreto, sin embargo, el 14 de octubre de 1962 aviones espía U-2 estadounidenses captaron imágenes de las instalaciones de lanzamiento en construcción. Las fotografías revelaban una amenaza directa para las principales ciudades estadounidenses, incluyendo Washington D. C. y Nueva York.
En menos de 24 horas, el presidente John F. Kennedy fue notificado. En consecuencia, su administración ordenó un bloqueo naval a la isla caribeña, el cual fue llamado “Cuarentena”, con la misión de impedir la llegada de equipos soviéticos y misiles nucleares.
Durante 13 días, la tensión creció a medida que los navíos provenientes de la URSS se aproximaban a la línea de cuarentena, mientras que aviones estadounidenses vigilaban el espacio aéreo cubano.
La comunicación entre Washington y Moscú era lenta y tensa. Kennedy y Jrushchov intercambiaron cartas públicas y privadas, buscando una salida diplomática sin ceder demasiado.
El papel del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se volvió clave. Pese a que tanto la Unión Soviética como Estados Unidos eran miembros permanentes con derecho a veto, el máximo órgano de la ONU permitió la exposición pública del conflicto para mantener canales de diálogo abiertos bajo supervisión internacional.
El 27 de octubre fue la fecha más tensa. Un avión espía U-2 estadounidense fue derribado sobre Cuba y el Pentágono presionó al presidente para ordenar ataques aéreos. Kennedy, por su parte, optó por la vía diplomática.
Ese mismo día, Jrushchov envió dos mensajes, uno conciliador y otro más agresivo. Finalmente, la administración de Kennedy respondió comprometiéndose públicamente a no invadir Cuba y a retirar los misiles de Turquía en un plazo razonable.
Por su parte, el 28 de octubre, Jrushchov anunció que la URSS desmantelaría y retiraría los misiles de Cuba bajo supervisión de las Naciones Unidas.
Previamente, el 25 de octubre, el embajador estadounidense ante la ONU, Adlai Stevenson, había presentado en el Consejo de Seguridad pruebas fotográficas de los misiles en Cuba, dejando sin respuestas convincentes a su homólogo soviético, Valerian Zorin. La escena quedó registrada como uno de los momentos más dramáticos de la diplomacia durante la Guerra Fría.
Durante los 13 días de tensiones, América del Norte desempeñó un papel clave en el conflicto diplomático. En la frontera sur de Estados Unidos, México, bajo el gobierno de Adolfo López Mateos, mantuvo su tradicional política exterior de no intervención y respeto a la autodeterminación de los pueblos. Aunque no apoyó públicamente la instalación de misiles soviéticos en Cuba, tampoco respaldó el bloqueo naval estadounidense, al considerarlo una violación al derecho internacional.
México abogó por una solución pacífica en el marco de las Naciones Unidas y permaneció al margen de las presiones del sistema interamericano, liderado por Estados Unidos. Esta postura reforzó el papel del país como mediador y defensor del principio de soberanía, lo que le valdría reconocimiento en la región y en foros multilaterales.
Cinco años después de la Crisis de los Misiles, México impulsó el Tratado de Tlatelolco, el cual prohíbe la producción e instalación de armas nucleares en América Latina.
Canadá, en cambio, adoptó una posición más alineada con Estados Unidos, aunque con matices. El gobierno del primer ministro John Diefenbaker inicialmente mostró escepticismo respecto a la evidencia presentada por Washington y evitó una respuesta automática. Sin embargo, eventualmente respaldó el bloqueo y se mantuvo en coordinación con sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).
La crisis, que puso al mundo al borde de un enfrentamiento nuclear, dejó profundas lecciones geopolíticas para el equilibrio global y posicionó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas como un foro de presión y confrontación internacional.
ÓRGANO CLAVE Y POLÉMICO
El Consejo de Seguridad es uno de los seis principales órganos de las Naciones Unidas, y tiene la responsabilidad de garantizar la paz y la seguridad a nivel internacional.
Fundado el 24 de octubre de 1945 tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, su estructura refleja el orden geopolítico de la posguerra, destacando el papel preponderante de las potencias victoriosas en el conflicto global.
A diferencia de otros órganos de la ONU, el Consejo de Seguridad, conformado por cinco miembros permanentes con derecho a veto —Estados Unidos, Rusia, Francia, Reino Unido y China—, tiene la autoridad legal de tomar decisiones vinculantes para los Estados miembros. Estas pueden incluir sanciones económicas, embargos, misiones de paz o incluso el uso de la fuerza militar.
En su composición también se encuentran 10 miembros no permanentes, sin derecho a veto, que son elegidos por la Asamblea General y cuya estadía es de dos años.
De acuerdo con los estatutos, sus funciones son investigar disputas o situaciones que puedan generar conflictos entre naciones, recomendar métodos de solución pacífica, imponer sanciones, autorizar el uso de la fuerza por parte de un país cuando sea necesario, supervisar operaciones de mantenimiento de paz, recomendar al Secretario General y admitir nuevos miembros en la ONU.
No obstante, el Consejo ha sido objeto de diversas críticas a lo largo de su historia por diversos motivos. El principal factor de controversia es el derecho a veto, el cual permite a una sola potencia llevar a cabo acciones de acuerdo a sus intereses, sin importar cuáles sean. Estados Unidos, Rusia y China han sido señaladas, por ejemplo, de utilizar el veto para la protección de sus aliados y otras cuestiones estratégicas.
En esa misma línea se ha acusado a los cinco integrantes permanentes de inacción ante crisis humanitarias, como lo fueron el genocidio de Ruanda en 1994 y el de Darfur de 2004.
Otro de los llamados a reforma es que ni América Latina ni África cuentan con una representación permanente, por lo que se ha pedido la inclusión de países como Alemania, Brasil, India o Sudáfrica como miembros fijos para una mayor equidad en la geopolítica contemporánea. No obstante, cualquier transformación estructural requiere la aprobación de los cinco miembros, lo cual dificulta una reorganización del Consejo de Seguridad.
Las potencias, enfrentadas ideológicamente, han protagonizado polémicas en diversas crisis mundiales, entre las cuales destacan algunas que implicaron o implican un riesgo de convertirse en conflictos regionales con el potencial de escalar a nivel global.
En 1999, durante la Guerra de Kosovo —el enfrentamiento de mayor proporción en Europa hasta ese año tras el fin de la Segunda Guerra Mundial—, el Consejo de Seguridad se vio paralizado por el veto ruso ante una posible intervención contra Serbia.
En consecuencia, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) intervino militarmente sin autorización del Consejo, lo que generó una crisis de legitimidad sobre el papel del máximo órgano de seguridad internacional.
Ese mismo año, se emitió la Resolución 1244, que estableció una administración internacional en Kosovo bajo la ONU (UNMIK), sin reconocer explícitamente su independencia.
Posteriormente, en marzo de 2003 inició la Guerra de Irak bajo la coalición liderada por Estados Unidos y Reino Unido, alegando la existencia de armas de destrucción masiva. Sin embargo, el CSNU no autorizó formalmente esa invasión.
La acción fue altamente controversial y debilitó la autoridad del Consejo. La Resolución 1483 reconoció de facto la ocupación y pidió la reconstrucción de Irak bajo supervisión internacional.
IRÁN Y SU CAPACIDAD NUCLEAR
Hoy por hoy, son tres los conflictos regionales, de un abanico de crisis internacionales, los que captan la atención del Consejo de Seguridad. Uno de ellos es el nuclear iraní. En 2015, el CSNU respaldó el Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés) con la Resolución 2231, que buscaba limitar el programa nuclear de este país a fines meramente civiles, a cambio de levantar sanciones.
El tratado impulsado por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, finalizó en 2018, cuando el actual presidente Donald Trump, en su primera administración, abandonó el acuerdo de forma unilateral. Desde entonces, el Consejo ha quedado estancado ante las crecientes tensiones nucleares en la región y la falta de consenso entre potencias.
Dichas tensiones incrementaron cuando el gobierno de Israel bombardeó el 13 de junio de este año a Irán, justificando su acción militar como un acto de legítima defensa al argumentar que el régimen del ayatolá Alí Jamenei estaba enriqueciendo uranio con la finalidad de crear una bomba nuclear.
Si bien el gobierno iraní ha rechazado que esté buscando producir arsenal nuclear por el momento, los crecientes roces alcanzaron un punto máximo cuando Estados Unidos bombardeó las principales centrales nucleares persas. El presidente Donald Trump aseguró que esta acción retrasaría la fabricación de una bomba y llamó al gobierno de Irán a renegociar el Tratado Nuclear.
A opinión del embajador Jorge Álvarez Fuentes, “Israel podría no haber conseguido sus objetivos declarados ni Estados Unidos obtenido lo que finalmente quería, que era poner fin a la guerra”, según asienta en su columna La guerra que no duró 12 días, para El Siglo de Torreón. En este texto, Álvarez Fuentes sostiene que “algunas evidencias anecdóticas sugieren que Netanyahu engatusó a Trump, pero ahora eso podría tener un desenlace distinto, no menos importante”, y sentenció que lo que el presidente de Estados Unidos realmente busca es el Premio Nobel de la Paz.
De acuerdo con el diplomático, “una gran incógnita que subsiste es si los mega bombardeos estadounidenses sobre Natanz, Isfahán y Ferdow, las tres principales instalaciones nucleares de Irán, en apoyo a los bombardeos israelíes, no lograron destruir sino sólo dañar y retrasar el avance del programa nuclear de Irán”.
Destacó que a la fecha hay dudas al respecto en el Pentágono y en las agencias de inteligencia estadounidenses, pese a que el presidente Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han confirmado lo contrario.
Y es que se desconoce si el material nuclear logró ser trasladado a otros sitios. En esa misma línea destacó que “Irán, además, tiene a la mano una importante carta que podría usar ahora, como sería abandonar el Tratado de No Proliferación Nuclear, con lo que acabaría de tajo con las tareas de inspección y monitoreo del Organismo Internacional de Energía Atómica (OEIA)”.
Según detalló el gobierno iraní, el Tratado se mantendrá. No obstante, el presidente Masoud Pezeshkian bloqueó las inspecciones del OEIA.
A finales de junio, Rafael Grossi, director de este organismo, advirtió que Irán podría volver a enriquecer uranio en meses, y con ello fabricar una bomba atómica. “Francamente hablando, no se puede afirmar que todo ha desaparecido y que no queda nada”, señaló el 29 de junio, añadiendo que el país aún poseía las “capacidades industriales y tecnológicas... así que si lo desean, podrán empezar a hacerlo de nuevo”.
El OIEA no es la primera institución que sugiere esta recuperación de las capacidades nucleares de Irán, sin embargo, a pesar de la negativa del país a colaborar con su organización, Grossi dijo que esperaba poder seguir negociando con Teherán.
CRISIS HUMANITARIA EN GAZA
Otro conflicto regional de Medio Oriente que ha captado la atención de las naciones es la crisis humanitaria en Palestina.
Israel ha sido objeto de presiones internacionales para el cumplimiento de las resoluciones del Consejo de Seguridad en la región, las cuales ha ignorado en múltiples ocasiones, mientras que en otros casos cuenta con el respaldo del derecho a veto por Estados Unidos.
El CSNU ha emitido varias resoluciones relevantes, como la 242 del año 1967, que exige la retirada de Israel de territorios ocupados tras la Guerra de los Seis Días, y la 2334, fechada en 2016, que condena la expansión de asentamientos israelíes en territorios palestinos.
El proyecto de dos Estados, el israelí y el palestino, cuenta con respaldo amplio en la comunidad internacional, pero el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de desarrollar medidas efectivas para concretarlo.
Actualmente, diversas organizaciones civiles y activistas acusan a Israel de buscar una limpieza étnica, principalmente en el territorio de la Franja de Gaza, desde que inició la actual guerra el 7 de octubre de 2023.
En esa fecha, el grupo terrorista Hamás lanzó un ataque sin precedentes sobre el sur de Israel, matando en su mayoría a civiles y llevándose a 251 rehenes. Esto desencadenó una guerra total entre Israel y Hamás, considerada una de las más mortíferas de la historia reciente de la región.
Con más de 57 mil muertos en la Franja de Gaza, de acuerdo con el Ministerio de Salud del territorio, la guerra no tiene visos de finalizar, pese a que crece el descontento con el gobierno de Netanyahu entre los propios israelíes por la falta de resultados en la recuperación de los rehenes de Hamás. Sin embargo, estas demandas del fin del conflicto no se deben a cuestiones humanitarias en la Franja de Gaza.
El Instituto para la Democracia de Israel (IDI) encuestó a los israelíes el mes pasado acerca de si el sufrimiento de los civiles en Gaza debería influir en las decisiones de su gobierno sobre la guerra. La mayoría (el 67 por ciento) respondió que este factor debería ser ignorado o considerado una “medida bastante pequeña”. Entre los israelíes judíos, esta cifra ascendió a más de tres cuartas partes.
Su mayor preocupación es, en cambio, el retorno de los rehenes que se cree que permanecen cautivos de Hamás (las cifras pueden variar) tras año y medio de combates, de los cuales se estima que 31 están muertos. En las principales manifestaciones semanales contra la guerra que se llevan a cabo en diferentes puntos del país, los gazatíes apenas figuran.
Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ha insistido en que su campaña militar en Gaza es crucial para traer de vuelta a los rehenes restantes. Hasta el momento, ocho cautivos han sido liberados en operaciones de rescate realizadas por las fuerzas israelíes, mientras que más de 140 han sido liberados mediante acuerdos con Hamás.
Netanyahu afirma que la presión militar ha contribuido a que el grupo terrorista acepte esos acuerdos. Pero muchos de los manifestantes frente a su oficina en Jerusalén o en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv discrepan.
Tras 20 meses, el agotamiento por la guerra ha alcanzado a las fuerzas armadas israelíes. Algunos reservistas están en su tercera o cuarta rotación, por lo que un número no especificado de personas se niegan a servir en el ejército, unos por objeciones éticas, pero muchos más por la presión sobre su salud, sus finanzas o familias.
Las exigencias de poner fin al conflicto armado — desde las calles, las oficinas de reclutamiento militar e incluso dentro de su propio gabinete de seguridad— han dejado a Netanyahu impasible, pero presuntamente fortalecido tras los bombardeos contra Irán.
LA GUERRA VUELVE A EUROPA
Por su parte, Occidente vive desde hace más de tres años el retorno de la guerra a Europa.
Desde la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, el Consejo de Seguridad se ha visto paralizado por el veto de Moscú, miembro permanente.
A pesar de la condena generalizada por parte de la Asamblea General y la aprobación de resoluciones simbólicas, el CSNU no ha podido adoptar sanciones ni medidas concretas contra Moscú. Esta situación ha reavivado el debate sobre la reestructura del órgano y el uso abusivo del veto.
Los primeros bombardeos que vio Europa desde la Guerra de Kosovo alertaron a diversos países, quienes temen que una victoria rusa sobre Ucrania podría envalentonar a Moscú y abrir el campo de batalla a otras naciones del viejo continente.
A esta crisis regional se suma el que la administración del presidente Donald Trump ha sostenido reiteradamente que la defensa de Europa estaría condicionada al cumplimiento de sus exigencias sobre el incremento al presupuesto de Defensa de la OTAN.
Los objetivos de Washington se concretaron en La Haya, Países Bajos, cuando Trump, quien constantemente presionó a sus aliados de la OTAN, logró que 31 de los 32 países que conforman la Alianza Militar incrementaran su gasto en defensa a un cinco por ciento de su producto interno bruto. España fue la única nación que rechazó esta exigencia.
Sin embargo, esta medida que supondría un acto disuasorio de parte de los aliados contra posibles amenazas rusas en Europa occidental, también representa desafíos, sobre todo con la decisión de Trump de delegar la defensa del continente a los países de la región, dejando claro que Estados Unidos podría desentenderse de futuros conflictos.
No obstante, el mismo presidente estadounidense ha mantenido un papel activo, aunque de baja intensidad, en la búsqueda de un cese al fuego que conduzca a una paz duradera entre Rusia y Ucrania.
Pero los mensajes contradictorios se han hecho evidentes en distintos puntos del conflicto, principalmente porque a finales de junio, Washington suspendió el envío de algunas armas a Ucrania, bajo el argumento de que las reservas de Estados Unidos se encontraban bajas.
La decisión se tomó “para priorizar los intereses” de la nación norteamericana tras una revisión del Departamento de Defensa sobre el “apoyo y la asistencia militar estadounidense a otros países”, declaró la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly.
La Unión Americana ha enviado decenas de miles de millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde que Rusia lanzó su invasión a gran escala en febrero de 2022, lo que llevó a algunos miembros de la administración Trump a expresar preocupación por la escasez de reservas estadounidenses.
Como respuesta, Kiev informó en un comunicado que “cualquier retraso o dilación en el apoyo a las capacidades de defensa de Ucrania sólo alentará al agresor a continuar con la guerra y el terror, en lugar de buscar la paz”. La cancillería destacó la urgencia de reforzar las defensas aéreas ucranianas, ya que Rusia continúa bombardeando el país con misiles y drones casi a diario.
El pasado 3 de julio se informó que Donald Trump y su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantuvieron una conversación telefónica, en la que abordaron temas como Ucrania e “Irán y Medio Oriente en general”.
Según la agencia de noticias estatal rusa TASS, que citó al asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, la plática informal duró casi una hora y el presidente Putin enfatizó su deseo de una solución diplomática y política a la crisis en Medio Oriente.
En contraste, el Kremlin señaló que el mandatario ruso puntualizó que no cedería en sus objetivos bélicos en Ucrania “para abordar las causas fundamentales” del conflicto, y añadió que los presidentes continuarían su comunicación próximamente.
El asesor del Kremlin no especificó cuáles eran estas causas fundamentales, aunque, en el pasado, Putin ha dicho que la expansión de la OTAN es una de las razones de la invasión rusa, y ha exigido que Ucrania se mantenga neutral y que se le impida unirse a la alianza.
Trump, por su parte, afirma con frecuencia que la guerra no habría ocurrido si él hubiera estado en el cargo en 2022. Durante su campaña presidencial de 2024, prometió poner fin a la invasión en 24 horas, aunque luego dijo que había sido “sarcástico”.
Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, principalmente en el periodo de la Guerra Fría, el temor internacional de un conflicto de proporciones globales ha estado latente, principalmente por las tensiones nucleares.
Pese a que los enfrentamientos activos son de índole regional, el miedo de una escalada en las acciones bélicas se mantiene (sobre todo tras los ataques de Israel y Estados Unidos a Irán), así como a una posible expansión rusa en Europa, envalentonada por sus operaciones en Ucrania, por lo que la labor de las Naciones Unidas y sus órganos como la Asamblea General y el Consejo de Seguridad son de alta relevancia para la contención de potenciales amenazas globales.
