En los últimos días se han multiplicado las alertas para el espacio aéreo mexicano. Lo de menos son el tema y los argumentos. Como en muchas otras cuestiones durante este sexenio, todo ha quedado reducido a dos opciones: si se apoyan o rechazan las afirmaciones presidenciales. A definir colocaciones en el espectro político construido y administrado por el Presidente. La virulencia y la pobreza de esta discusión evitó hablar de la iniciativa que el propio López Obrador presentó para garantizar la protección de ese espacio aéreo. Se trata de una etapa más del profundo y extendido proceso de militarización que vivimos. De una dinámica en que las cosas se hacen aparecer como si estuvieran necesariamente vinculadas con la seguridad para, luego, asignarlas a las fuerzas armadas por su indispensabilidad ante ella.
En la iniciativa presentada por el Presidente el 28 de abril, primeramente, se alude a la doble calidad del espacio aéreo mexicano. Parte del territorio nacional y bien del dominio directo en el que el Estado mexicano debe garantizar seguridad y soberanía. Luego se mencionan los incidentes propiciados por los vuelos de la delincuencia organizada sobre nuestro territorio y las violaciones a las disposiciones nacionales e internacionales en materia de registro, seguimiento y vigilancia por los tripulantes o dueños de las aeronaves. Con base en lo anterior, en la propuesta se genera una solución militarista que, en esencia, responde a diversas cuestiones de la siguiente forma: ¿A qué rama del Estado corresponde la protección del territorio, la soberanía y la seguridad? A las Fuerzas Armadas. ¿Qué cuerpo específico de estas Fuerzas puede vigilar los aires nacionales? La Aérea. ¿Esta rama de la Secretaría de la Defensa cuenta con las competencias necesarias para cumplir con su función primordial? No. ¿Qué es necesario para lograrlo? Una ley. ¿Qué ley? La ley que el Presidente proponga.
El objeto de la iniciativa de ley es facultar al Presidente de la República para garantizar la soberanía nacional mediante la coordinación de distintas dependencias y entidades de la administración pública federal. Para ello se le encomienda a la Secretaría de la Defensa Nacional la coordinación de las autoridades correspondientes, y se crea el Sistema de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Mexicano. Este organismo se integrará por las secretarías de la Defensa, Marina, Comunicaciones y Transportes, Seguridad y Protección Ciudadana y Gobernación. El sistema actuará por medio de un Consejo Nacional, presidido por el Presidente de la República y, en sus ausencias, por el Secretario de la Defensa.
Para la operación del Sistema se propone establecer un Centro Nacional, cuyas funciones principales serán la operación de los medios de detección, identificación e interceptación; el monitoreo del espacio aéreo en coordinación con los servicios de navegación; el control de operaciones aéreas en zonas restringidas y de vigilancia; la declaratoria de alertamiento aéreo; la coordinación de la interceptación de naves y la emisión de opiniones sobre las medidas relacionadas con el tráfico aéreo. En la iniciativa no se desarrolla nada sobre el organismo, pero como la facultad reglamentaria sobre la ley se le otorga al Secretario de la Defensa, seguramente terminarán vinculados los miembros de la Fuerza Aérea.
Esta propuesta presidencial vuelve a mostrarnos dos temas cruciales de nuestro tiempo. Discutir, antes que las soluciones, la real necesidad de la participación de las fuerzas armadas en un número creciente de actividades civiles. También, dejar de normalizar las tareas de las Fuerzas Armadas que, en contravención al artículo 129 constitucional, no tengan exacta conexión con la disciplina militar.
Ambos temas nos llevan a concluir que la inclusión de las fuerzas armadas está constitucionalmente acotada a condiciones de excepcionalidad y la propuesta del Presidente no es congruente con ello.
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