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El gobierno colombiano dio un concepto jurídico apoyando las solicitudes que han hecho una docena de ciudadanos contra la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó recientemente el aborto hasta la semana 24 de gestación.
Colombia fue el último país de la región en tomar una decisión de fondo sobre el aborto y es uno de los más flexibles en lo que respecta a la interrupción voluntaria del embarazo. El concepto del gobierno colombiano se conoce cuando las organizaciones defensoras del aborto están preocupadas por las implicaciones de un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que decidió anular el caso Roe v. Wade, la sentencia histórica de 1973 que instauró el derecho legal al aborto en ese país.
En el documento remitido a la Corte, el Ministerio de Justicia colombiano asegura que en el caso de la sentencia “estamos frente al típico caso de cosa juzgada constitucional formal y material”, lo que quiere decir que considera que en una sentencia previa de 2006 la misma corte ya había tomado una decisión vinculante y definitiva y que no debía volver a estudiar de fondo el mismo tema, como lo hizo.
En dicha sentencia de 2006, la Corte permitió el aborto en tres excepciones: cuando la salud física o mental de la mujer está en peligro; por malformaciones del feto incompatibles con la vida; y cuando sea víctima de acceso carnal, inseminación artificial no consentida o incesto. Sin embargo, en febrero de 2022 estudió una nueva demanda y dio un paso significativo al despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación y mantener las tres excepciones para ser aplicadas en el resto del embarazo.
En un país de tradición conservadora como Colombia, la decisión ha generado oposición, no sólo se han impulsado solicitudes de nulidad de la sentencia, también un referendo propuesto por algunos políticos y activistas para prohibir el aborto, que aún está en la etapa de recolección de firmas ciudadanas.
Según la colombiana Catalina Martínez Coral, directora para Latinoamérica y el Caribe del Centro de Derechos Reproductivos, el reciente fallo estaría suficientemente blindado legalmente.
“Se pueden contar con una mano las veces que la Corte ha anulado alguna de sus sentencias y cuando se ha hecho es por gravísimas fallas procesales, lo que no pasó en este caso. La Corte hizo bien su trabajo, escuchó a todas las partes y respondió todas las solicitudes de recusación”, aseguró a The Associated Press Martínez Coral desde Bogotá.
La posición en contra de la despenalización del aborto en el gobierno no es nueva. Tras conocerse la decisión de la corte, el presidente conservador Iván Duque, quien se autodefine como “provida”, se mostró preocupado por el alcance del fallo porque cree que estaría “facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva, recurrente y regular”.
