"Nosotros no estamos en contra de las fuerzas armadas, queremos que actúen en el marco constitucional y que regresen a los cuarteles".
-Manuel Bartlett, 2017-
En una democracia se gobierna con leyes, aunque esto obligue a llegar a acuerdos con las oposiciones. Solo los dictadores gobiernan con decretos. Por eso preocupa la decisión que ayer anunció el presidente López Obrador: "Voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Quiero que ya la Secretaría de la Defensa se haga cargo. Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera, de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno del gobierno. Puede ser por decreto o una reforma a la Ley de la Administración Pública independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional".
Hay un pequeño problema: la Constitución. Quizá le resulte molesta al mandatario, pero cuando asumió la Presidencia juró "guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen". No hay decreto, acuerdo o ley secundaria que pueda anular lo que dice.
La Constitución fue el dique que impidió a los gobiernos anteriores tomar medidas a las que se oponía el movimiento que hoy es Morena. Cuando Felipe Calderón fue presidente utilizó a las Fuerzas Armadas como policía, pero los opositores de izquierda lo cuestionaron con el argumento de que el artículo 129 de la Constitución señala que, "en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar". Enrique Peña Nieto logró que el Congreso le aprobara en 2017 una Ley de Seguridad Interior que daba a las fuerzas armadas la facultad de actuar como policías, pero el entonces senador por el Partido del Trabajo Manuel Bartlett pronunció un duro discurso el 17 de marzo en el que señaló que "la solución a los problemas de seguridad corresponde a las autoridades civiles, como señala el artículo 21 de la Constitución. Calderón y Peña son responsables jurídicamente y ante la historia por desmantelar el civilismo y el federalismo del Estado constitucional mexicano".
El asunto llegó a la Suprema Corte, que el 15 de noviembre de 2018 declaró la invalidez total de la Ley de Seguridad Interior: "El tribunal constitucional de nuestro país determinó, en esencia, que dicha ley resultaba inconstitucional al contener disposiciones que pretendían normalizar la utilización de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública, lo que es contrario al orden constitucional y convencional", dijo en un comunicado.
Cómo han cambiado las cosas. Quienes se oponían a la militarización, hoy la promueven, pero como la Constitución sigue siendo un obstáculo el presidente está considerando rebasarla con un decreto o una ley secundaria.
Bartlett dijo en la tribuna en 2017 que la militarización que buscaba Peña Nieto "es un ataque a la libertad de la nación". Supongo que hoy ha olvidado sus palabras. También guarda silencio Mario Delgado, igualmente senador en 2017, quien difundió el 5 de diciembre de ese año una fotografía suya en Twitter con un cartel que decía: "No a la militarización del país. Desde que el ejército está en las calles la tasa de civiles muertos aumentos 200%, 100 mil muertos, 33 mil 482 desaparecidos. ¡Detengamos la Ley de Seguridad Interior!".
López Obrador y sus escuderos tienen derecho a cambiar de opinión, pero no a violar la Constitución. La carta magna que impidió la militarización de 2017 sigue siendo válida en 2022. Habrá que respetarla.
SOBERANÍA
El nuevo paquete de leyes aprobado por el Senado de Estados Unidos otorga subsidios a los autos eléctricos fabricados en cualquier país de Norteamérica y obliga a producir baterías también en la región. Es una gran oportunidad para México, si no optamos por salirnos del T-MEC por una mal entendida soberanía.
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