El derecho es un conjunto de normas que pretenden regular la conducta de un grupo de personas. Esas normas contienen valores importantes para la sociedad y presupuestos sobre lo que queremos ser como sociedad. Existen normas sobre cómo deben crearse y modificarse normas, o nombrar autoridades. Estas garantizan seguridad jurídica y equidad. También existen otras que expresan valores en los que creemos y ambicionamos hacer realidad. El derecho tiene, en este sentido, la función no solo de expresar valores comunes, sino de frenar los excesos del poder.
La sociedad mexicana, y sus gobiernos, siempre han tenido una relación paradójica y contradictoria con el derecho. La 4T no es ninguna excepción.
El gobierno tiene un discurso que niega la legitimidad del derecho que le permitió la llegada al poder. El presidente una y otra vez justifica un importante número de violaciones a las normas argumentando que son legado del antiguo régimen y por lo tanto no merecen respeto.
Pero el actuar del gobierno no puede ser violatorio del derecho de manera permanente. Se vuelve necesario fincarlo en normas jurídicas y reformularlo. Esto no es extraño. Todo gobierno intenta que el derecho plasme los valores que tiene como propios. Unos -los que se consideran más de izquierda- amplían las libertades, mientras que otros las limitan, adoptando políticas más paternalistas. El problema surge cuando para apropiarse del derecho se hacen de lado las normas que establecen limitaciones al actuar gubernamental. No es un cambio del derecho conforme al derecho para incorporar nuevos valores, sino la violación del derecho, a menudo, para facilitar el uso caprichoso del poder público.
La 4T confunde la apropiación del derecho para incorporar los valores de su movimiento con la captura para hacer más fácil y discrecional el uso del poder. Viola el derecho para hacerse de él y quitarse contrapesos. No se trata de integrar valores nuevos al régimen jurídico, respetándolo, sino de facilitar la puesta en marcha del deseo presidencial. Lo mismo vemos en niveles más bajos del gobierno. Los cambios que busca la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, a la ley en su materia o a los estatutos del CIDE, no son para integrar valores comunes de la 4T, sino para concentrar la toma de decisiones en su persona y decidir de manera discrecional nombramientos y líneas de investigación en los Centros Públicos de Investigación.
Esta forma de usar el derecho termina por minar su legitimidad pues destruye sus funciones principales: constreñir al poder y reducir la discrecionalidad. Si el derecho está sujeto al capricho de cada funcionario en turno: ¿por qué habríamos de respetarlo? Si la idea de justicia se usa para violar el derecho y arropar la arbitrariedad ¿qué distingue a la justicia del capricho personalísimo de un funcionario? Mientras la autoridad, convencida de su propia virtud considere al derecho como su instrumento seguiremos los ciudadanos padeciendo a la mafia en el poder. Otra más.
