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Crónicas del Congreso Nacional de Agua para Todos en La Laguna (III)

JULIO CÉSAR RAMÍREZ

4 años: El agua en la 4T y antes. El trasfondo de por qué no avanza la nueva Ley General de Aguas fue develado en el análisis de contexto nacional, horizonte estratégico y prioridades para el cambio de terreno de lucha rumbo al 2024 ante el pleno del Sexto Congreso Nacional de la Coordinadora Agua para Todos Agua para la Vida del 14 al 16 de octubre en la Comarca Lagunera; en total 574 miembros inscritos de 29 estados de la República: En la presente Legislatura, a pesar de que hay una mayoría parlamentaria de la Cuarta T y en que ha habido muestra de muchos legisladores en ambas cámaras, que simpatizan con los consensos logrados y que se han introducido en una propuesta de Ley General de Aguas, esta no avanza. Es claro que los intereses de la minoría rapaz que se han beneficiado a través de la violación sistemática del derecho humano al agua, la degradación de los ecosistemas, la corrupción que aún existe en las instancias de gestión y la ausencia de participación social, sigue predominando en el actuar del Congreso Federal. Esto puede tener una explicación. El exalcalde priísta de Baja California, Raúl Muñoz, es actual presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Raúl Paz Alonso, de Yucatán, es presidente del Senado; el panista que se pasó a las filas de Morena, él preside la Comisión de Recursos Hidráulicos del Senado. Entonces, tenemos a un expriista y a un expanista presidiendo ambas comisiones. El clamor social debe percibirse de manera clara.

La crisis hídrica se manifiesta incluso en los lugares más húmedos del país.

Las comunidades indígenas y rurales, las colonias y centros urbanos, aún aquellos donde aparentemente hay mucha disponibilidad de líquido, resienten cada vez más la escasez de agua para necesidades domésticas.

Hay acaparamiento en pocas manos y falta de infraestructura en la mayoría de las localidades.

La anarquía en su manejo es ganancia para unos pocos.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tomado medidas plausibles en el caso de la presa El Zapotillo, en la regeneración del lago Tláhuac-Xico y en cancelar el acueducto Monterrey VI, pero aún falta hacer realidad el compromiso de cancelar el acueducto Independencia en Sonora para respetar los derechos del pueblo Yaqui, reordenar el uso del agua en La Laguna para satisfacer las necesidades de agua de la población de la Comarca Lagunera, entre otros.

Sin embargo, a sabiendas de las grandes presiones de la hidrocracia, de millonarios del agua a quienes no les importa la vida humana ni la naturaleza, es desde el punto de vista ético apostar por el bien común.

La Suprema Corte de Justicia ya emitió su decisión. [Declaró omiso al Congreso de la Unión y le ordenó aprobar la Ley General de Aguas en el actual periodo legislativo]

El Congreso de la Unión ha hecho caso omiso a su obligación de vigilar en torno a la Ley General de Aguas.

El Congreso, por tanto, debe ya legislar al respecto, pues ya es una propuesta de consenso.

Pero los dirigentes del Poder Legislativo plantean que se aplace un año más el debate y dictamen, siendo que vamos a estar ya en medio de un proceso electoral.

Siendo uno de los asuntos de mayor importancia para la nación, no se puede entender esta intención.

Se puede observar que los jefes de los legisladores pretenden ganar tiempo. ¿Para qué? ¿Acaso no entienden que los recursos hídricos del país son un asunto de derechos humanos y de seguridad nacional? ¿Acaso no ven las evidencias de la crisis monumental que ya existe en el país a causa de la Ley de Aguas Nacionales obsoleta?

Sin embargo, ateniéndonos a este planteamiento, sería impostergable que para el mes de marzo de 2023, dentro del periodo de sesiones siguiente, se apruebe la nueva Ley General de Aguas cuyo contenido no descuide ni un ápice los postulados de los artículos 1, 2 y 4 de la Constitución Federal, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Observación 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y otros ordenamientos internacionales.

Son tiempos clave para el movimiento por el agua -había dicho en el inicio el análisis: Mientras la crisis del líquido se agudiza y la Ley General de Aguas sigue bloqueada por la clase política y la hidrocracia, es objeto de turbulentas maniobras y las autoridades del sector mantienen inamovibles sus posturas contrarias a un cambio de paradigma en la gestión hídrica.

Las turbulentas maniobras contra el movimiento ciudadano por el agua siguen -y como se ve, proseguirán. Una fue, después del congreso nacional de Agua Para Todos en La Laguna: la destitución violenta e injusta de Elena Burns como Subdirectora General de Administración del Agua de la Conagua por el director Germán Martínez Santoyo.

Sigue correcto, pues, el análisis que hizo la Coordinadora Nacional Agua para Todos en octubre para el cambio de terreno de lucha rumbo al 2024.

@kardenche

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