La prisión preventiva sirve para llenar las cárceles de pobres. Lo dijo el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Zaldívar, y lo demostraron con números la organización civil Intersecta y el sitio de información Animal Político. El presidente como siempre tiene otros datos, o quizá solo otro interés: tener a la mano un arma política.
Desde la reforma al artículo 19 de la Constitución en 2019, propuesta por López Obrador, pero aprobada con votos de varios partidos, cada día se encarcela en México a 300 personas, seis de cada diez de ellos por delitos menores o narcomenudeo. Los peces gordos, al igual que sucedió en sexenios anteriores, siguen libres y estamos llenando las cárceles de primo delincuentes, como sucedió en la famosa guerra al narco de Calderón. A estas del sexenio más de 130 mil personas están presas porque alguien los acusó, pero nadie les ha probado su culpabilidad. Sin embargo, no pueden recuperar su libertad porque no hay quién los defienda, pues en promedio cada defensor de oficio lleva 70 casos simultáneos. En Jalisco, el peor de todos los estados en este renglón, hay un defensor para cada 337 casos.
Tener gente en la cárcel esperando juicios no solo afecta a los presos, también destroza familias: siete de cada diez personas en prisión preventiva tenía dependientes económicos que hoy han perdido una de las fuentes de manutención. Encima, se estima que tener a un miembro de la familia en prisión cuesta alrededor de cinco mil pesos a los familiares, solo en la sobrevivencia básica, pues en las cárceles controladas por el crimen organizado, todo es más caro. A esa suma hay que agregar lo que le cuesta al Estado tener a un ciudadano en la cárcel: 3,900 pesos diarios en las más baratas que son las privadas. Solo para darnos una idea de lo que significa, un alumno en la UNAM, la universidad con más subsidio por alumno en México, y aun considerando esos gastos que el presidente considera excesivos como los sueldos de los directivos y del rector, nos cuesta 163 pesos diarios.
En síntesis, el abuso de la prisión preventiva es una figura contraria a derecho, los que afecta a los más pobres, que encarcela a muchos, pero no resuelve los problemas de justicia, que no evita los delitos de alto impacto y encima nos cuesta muy caro. Pobres, mujeres y jóvenes han sido los principales afectados por esta reforma que va en contra de toda lógica. La ampliación el catálogo de prisión preventiva solo ha servido a los políticos que hacen como que hacen justicia jugando para la tribuna y a las Fiscalías, la General y las de los estados, que se evitan investigar (en Oaxaca, por citar el peor ejemplo, no hay en el último año un solo preso producto de la investigación, todos fueron por prisión preventiva). Para lo que no ha servido esta reforma es para tener una sociedad más segura ni más justa.
Reconocer el error es la forma más inteligente de transformar un país.
