La controvertida iniciativa de reforma constitucional en materia eléctrica que promueve el Ejecutivo federal seguramente seguirá un camino preferente en el Congreso de la Unión, dada la correlación de fuerzas políticas y el ambiente parlamentario. Sin embargo, tanto el Senado de la República como la Cámara de Diputados, en sus respectivos ámbitos de competencia, no debieran secundar y amplificar una controversia en los medios de comunicación para dejar de lado el análisis al que están obligados, apresurando el proceso legislativo, pasando por alto las consideraciones geopolíticas de un país interdependiente como México, pretendiendo convencer a la opinión pública y a los sectores productivos y sociales de que el país requiere "recuperar" la soberanía plena sobre los recursos estratégicos, por lo que la nación demanda "reforzar" a toda costa las capacidades "exclusivas" de las empresas del Estado, empezando por PEMEX y la CFE. Ojalá que la reforma no termine siendo aprobada sin una auténtica discusión a fondo, bien informada para evitar que quede atrapada en concepciones ideológicas maniqueas, ancladas en el pasado, cuando lo que está en juego es ni más ni menos el bienestar y compromiso con el futuro de las nuevas generaciones.
El mundo atraviesa por una etapa particularmente compleja y crucial en el proceso de la transición energética global. Si los legisladores y el presidente optan por ignorarla o minimizarla, la nación en su conjunto podría pagar un altísimo precio, al tener que compensar las inversiones privadas que no se concretarán, no habiendo capacidad en las finanzas públicas para hacerlo y debiendo, además, pagar miles de millones de dólares en indemnizaciones. ¿Nos aproximamos a otra oportunidad perdida, a la enésima crisis provocada por la obcecada conducción política del país? Hoy, la seguridad energética de ningún país puede fincarse sólo en relación con el petróleo, como históricamente lo fue durante 40 años. Menos aún en el caso de México.
De acuerdo con la iniciativa, la CFE se transformará en un organismo estatal y dejará de ser una empresa productiva del Estado (al modificarse el artículo 25 constitucional) quedándose con al menos el 54% de la generación de energía para conservar la totalidad de la transmisión, distribución, comercialización y venta, poniendo en primer lugar la energía nuclear, la hidroeléctrica, seguida por los ciclos combinados y al final la termoeléctrica y las de carbón. Sólo después, las empresas privadas generadoras de energía podrán vender su electricidad en el mercado. En la iniciativa se establece también que el mismo día de su entrada en vigor, los cientos de permisos de generación eléctrica otorgados, al igual que los miles de contratos de compraventa de electricidad celebrados con empresas privadas, quedarán cancelados. Muy preocupante puesto que más del 90% de las energías renovables, solar y eólica provienen de privados. El objetivo último que se persigue con la reforma es que la operación, planeación y regulación del sistema eléctrico nacional queden bajo la tutela del gobierno.
¿Cómo conciliar la anterior visión y propósitos cuando observamos que el aumento en los precios del petróleo, el gas natural y el carbón están ejerciendo una fuerte presión negativa sobre la incipiente recuperación económica en el mundo; cuando todas las naciones intentan salir de la crisis provocada por la pandemia, hacer frente a la flagrante emergencia climática y atender el hecho de que la demanda de energía va a seguir superando la oferta? El invierno se aproxima y los cuellos de botella en el suministro de energía están provocando graves obstáculos para la producción, logística y producción de manufacturas, poniendo en jaque el libre comercio internacional.
Las relaciones internacionales forjadas a través de los años con base en las distintas fuentes y combinaciones de energía están cambiando de manera rápida y profunda. Es evidente que habrá una mayor demanda de gas natural en detrimento del petróleo y el carbón; paralelamente se agudizará la necesidad de impulsar y ampliar el uso de las energías limpias y renovables a fin de reducir las importaciones y la dependencia externa, eliminar con urgencia el uso de energías contaminantes, cuando advertimos que el consumo energético nacional y mundial continuará aumentando hasta 2030. México no tiene una condición de excepción, y al igual que otros países productores y consumidores de energía debe posicionarse con inteligencia respecto de la competitividad global en esta nueva era de la humanidad y atender los intereses nacionales. ¿Cómo se conducirá el gobierno mexicano respecto de las diversas obligaciones establecidas en el T-MEC, frente a los compromisos de integración energética con nuestros dos vecinos del norte, o en torno a la disputa entre EUA y China por la producción, distribución y venta de paneles solares?
De cara a la próxima COP26, resulta una señal muy ominosa y una claudicación la reciente decisión de la SEMARNAT de aplazar por tres años la norma y obligación de fabricar e importar camiones y autobuses que usen exclusivamente diésel limpio, bajo en azufre.
@JAlvarezFuentes
