La migración sigue siendo el fenómeno con más impacto transversal en el mundo. No sólo los orígenes que empujan a millones de personas a dejar sus países de origen en busca de mejores condiciones de vida son causas de diversos estudios, sino que en la actual sociedad internacional globalizada, las redes delictivas transnacionales aprovechan los huecos y debilidades del marco económico para efectuar sus operaciones a escala global. México se ha convertido en los últimos años en un paraíso para organizaciones criminales, el nulo control en la frontera sur, la distracción de nuestras fuerzas armadas en múltiples labores civiles como eje estratégico del presidente para su desmovilización, la corrupción y la fragilidad del aparato de justicia son mezcla perfecta, aderezada de abrazos, para el crecimiento de actividades ilícitas.
En la coyuntura actual todo ello ha impactado de manera importante en la relación bilateral que se ha convertido en un esquema (negado, por supuesto) de quid pro quo entre los gobiernos, primero de Trump y ahora de Biden, con la cuatroté de López Obrador. Es innegable que la atención que Estados Unidos ha puesto en México ha sido detonada por el cambio de señales en acuerdos para la inversión privada y en la política de no confrontar a los delincuentes amén de la descomunal ola de violencia desafiando al Estado en territorios donde se presumen logros y presencia de la Guardia Nacional. El fracaso es cada vez más evidente y su impacto en los niveles de confianza no debe ser menospreciado pese a la narrativa de la aprobación presidencial.
El surgimiento de focos rojos de violencia relacionados con ajustes de cuentas están creando un escenario de compleja ingobernabilidad y la cadena de impunidad pega en estados donde las organizaciones criminales tienen fuertes intereses. Minimizar los sucesos de violencia que van desde ejecuciones masivas en lugares públicos como la utilización de la tecnología para atacar a nuestras fuerzas armadas exhiben un estado de cosas que presenta la imposibilidad de gobernar. Esto parece no preocupar demasiado a los distintos niveles de gobierno(s) -de todos los partidos políticos- que danzan en acusaciones mutuas o en culpar al pasado que cada vez es más presente en el río de impunidad.
Quintana Roo es hoy foco de ajustes entre bandas criminales que trastocan la esfera de los intereses empresariales. La detención de Florian Tudor, señalado como eje de la mafia rumana y su proceso de extradición, es hoy la hoja de ruta en un pleito por la joya del Caribe mexicano. La violencia se ha disparado en los últimos meses y el plomo de la muerte ha tocado la puerta de diversos establecimientos golpeando la imagen turística del corredor Cancún-Tulum.
Ahí donde hace tiempo se entrelazan los caminos de la política, del empresariado y del crimen organizado con la salvedad que hoy está en medio de una sucesión; Quintana Roo irá a las urnas en junio del 2022.
El asunto no deja de ser relevante en el mapa de los focos rojos delincuenciales sin embargo, se vuelve exponencial cuando la red de vínculos criminales termina golpeando la línea de flotación que trastoca la Ciudad de México.
Ni más, pero ni menos.
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