Son espacios privilegiados en ranchos privados, según ambientalistas. (EL UNIVERSAL)
Carreteras en mal estado, la extracción del agua de manantiales para alimentar hasta 200 lagos privados y la sequía son tres de los factores que están devastando al Pueblo Mágico de Valle de Bravo, según los prestadores de servicios como renta de lanchas y restaurantes, autoridades municipales electas y ambientalistas.
Este lugar es uno de los sitios turísticos más importantes del Estado de México, de acuerdo con la Secretaría de Cultura y Turismo mexiquense; sin embargo, la presa que forma parte del Sistema Cutzamala se encuentra apenas a 60% de su capacidad o menos, y la razón no sólo es la falta de lluvias, dijeron algunos ambientalistas entrevistados, también impacta que desde hace varios años predios de hasta una o dos hectáreas se ofrecen a la venta con lagunas privadas que son conformadas por la extracción de agua de los manantiales y ríos que emergen de los cerros.
Las lagunas privadas no son visibles al público, son espacios privilegiados en ranchos privados "pertenecientes a familias del altos recursos económicos", según la organización ambientalista Guardianes de Valle y vecinos de la demarcación.
Pero a raíz de la pandemia de COVID-19 se agravó la condición, pues "muchas familias de dinero compraron los terrenos más grandes, al costo que fuera, porque hubo una especie de éxodo, previendo, sobre todo, lo que podría pasar en un futuro, pues se dice que ya no habrá agua en la Ciudad de México y decidieron explotar la de Valle de Bravo".
Para Natalia Fenton, una de las activistas, el tema de los lagos irregulares es "una moda en los ranchos y grandes propiedades", que desgraciadamente no son captaciones de agua pluvial, sino que acaparan manantiales y desvían ríos.
Las primeras acciones para la clausura de los cuerpos de agua, derivaron de la ruptura de una presa hace un mes, con lo que se hizo visible el daño que causan, pero de acuerdo con los activistas, se trataba de sólo dos de los 200 lagos que calculan existen en la región.
"La mayoría obviamente no cuentan con ninguna licencia de impacto ambiental ni permiso de la Comisión del Agua del Estado de México [CAEM] o la Comisión Nacional del Agua [Conagua]", dijo.
El Observatorio Ciudadano de la Subcuenca de Valle de Bravo informó a las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre la construcción de un lago artificial con una superficie aproximada de 8 mil metros cuadrados, para el cual no se presentó la autorización en materia de impacto ambiental para obras dentro de Área Natural Protegida (ANP) y una superficie afectada en el bosque de aproximadamente 7 mil 500 metros cuadrados.
Sin embargo, la represa artificial colapsó y vertió agua al caudal de río Molino, propiciando su desbordamiento y afectando 10 propiedades privadas en la comunidad de Los Álamos, por lo que el observatorio pidió la intervención también de la Procuraduría de Protección al Ambiente estatal (Propaem), la Conagua y la Dirección de Desarrollo Urbano y Obras Públicas de Valle de Bravo.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente confirmó que la presa colapsada, el pasado 3 de septiembre, en Valle de Bravo, no contaba con la autorización correspondiente en materia de impacto ambiental, por lo que clausuró obras y actividades de construcción del lago artificial en el predio particular ubicado en la comunidad de Los Álamos, Valle de Bravo.
Sin embargo, la CAEM informó que no pueden intervenir en estas acciones, pues se trata de predios federales y por lo tanto corresponde a instancias federales atender el tema.
Dichas represas, señalaron los activistas, forman parte de los desarrollos que no cuentan con permisos, como es el caso de Stupa Ranch que se construye en la zona del Capulín, en Avándaro.
Felipe Hernández, representante de Guardianes de Valle, enfatizó que desde hace "años que la autoridad local no atiende las denuncias sobre el tema, sabemos que no es su facultad lo relacionado con la presa y manantiales, pero sí con los permisos para la construcción de ranchos y viviendas".
La alcaldesa electa de Morena, Michelle Núñez Ponce, dijo tener conocimiento de la problemática y debe esta gestión atenderla, al tiempo que aseguró que cuando asuma el cargo, en enero próximo, realizará reuniones de trabajo para atender el tema.
