No es un delito tener inversiones en paraísos fiscales. Hay muchas razones legítimas por las que una persona o una empresa pueden colocar recursos en esos lugares una vez que han pagado sus impuestos locales. El problema surge cuando se abren cuentas o se crean sociedades para ocultar ingresos mal habidos o por los que no se han pagado impuestos.
Los llamados Pandora Papers revelan que decenas de miles de personas en el mundo han invertido en paraísos fiscales. Es natural. Estos países o territorios ofrecen un trato fiscal benigno. Y nadie quiere pagar más impuestos de los que la ley exige.
Algunos invierten en fideicomisos para proteger a sus hijos en el futuro o para otorgar donaciones a través de fundaciones. Lo hacen en paraísos fiscales por razones de secrecía y para no cubrir impuestos excesivos. Otros crean sociedades para comprar y administrar apartamentos, yates u otras propiedades y activos. Es perfectamente lícito, si ya pagaron impuesto sobre la renta sobre los ingresos originales.
También las empresas establecen sociedades en paraísos fiscales. Es legítimo, si ya han pagado impuestos por las actividades en los países en los que operan. Desde esos paraísos lanzan nuevas inversiones a otros países. Un buen inversionista está buscando siempre las mejores oportunidades para sus recursos.
Es muy distinta la situación de los políticos que depositan dinero en paraísos fiscales para esconder dinero que no debieran tener o recursos bien habidos, pero que perjudican sus intentos de presentarse públicamente como personas humildes.
Algunos políticos mexicanos que aparecen en los documentos de Pandora han ofrecido explicaciones razonables. Jorge Arganis, secretario de comunicaciones, ha señalado que la empresa que aparece registrada a su nombre en las Islas Vírgenes Británicas procede de un fondo de inversión en el que depositó recursos ahorrados mientras trabajaba en ICA. En el mismo fondo le recomendaron invertir en esa empresa, lo cual solo sirvió para que le hicieran un fraude por el que perdió el dinero. Según AMLO, el monto de la inversión de Arganis era de 3 millones de pesos.
Armando Guadiana, senador y minero de carbón, muy cercano al gobierno y a la CFE, el mismo que pidió que se le hiciera una auditoría a la UNAM porque como tiene científicos seguramente es deshonesta, creó empresas en paraísos fiscales con valor de 28 millones de dólares. El que tenga dinero en un paraíso fiscal no es ilegal, pero no cumplió con su obligación como legislador de declarar estos recursos. Así lo explicó: "Ahí hubo un error, los contadores me entendieron mal la pregunta en la declaración patrimonial. Entendieron que si tenía un conflicto de interés. Me atonté en el asunto de la Declaranet".
No es el único político que se ha atontado al declarar sus propiedades en paraísos fiscales. Ahí está el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien afirma que las inversiones fueron previas a su participación en el gobierno. También Manuel Bartlett con las empresas de su pareja Julia Abdala, aunque Bartlett se justifica diciendo que ella no es ni su esposa ni su concubina.
No prejuzgo. Es injusto que esta investigación se haya dado a conocer como si tener una inversión en un paraíso fiscal fuera un delito. Esto enloda la reputación de algunos, pero encubre las faltas de otros.
APAGONES
Un residente de Isla Mujeres comenta: "Ya hay apagones, desabasto, y tarifas caras. En Isla, como no tienen el dinero para reparar el cable que cruza desde Cancún, están funcionando con plantas de gasolina. Cada 12 horas hay un apagón cuando cambian de planta. Toda la gente con aparatos eléctricos dañados por los cambios de voltaje". Pero AMLO quiere restablecer el monopolio de la CFE.
Twitter: @SergioSarmiento
