No fue fácil establecer una Fiscalía General de la República autónoma. Las enmiendas constitucionales se promulgaron el 10 de febrero de 2014, con Enrique Peña Nieto, pero la nueva institución apenas se creó el 20 de diciembre de 2018, en el sexenio de López Obrador.
El fiscal ya no es miembro del gabinete presidencial. El nombramiento lo hace el Senado, aunque de una terna propuesta por el presidente, y el cargo dura nueve años. El presidente puede destituirlo, pero solo por "faltas graves". Sin embargo, la Fiscalía no ha actuado con independencia. Muchas de sus acciones exhiben motivaciones políticas. La institución se ha convertido en un simple espejo de los prejuicios y venganzas de Palacio Nacional.
Ahí está la persecución de 31 científicos y exdirectivos de Conacyt por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Las transferencias del Conacyt al Foro Consultivo Científico y Tecnológico cumplieron con la normatividad vigente; no lo digo yo, sino la Suprema Corte. Los jueces de control han rechazado en dos ocasiones las acusaciones contra quienes ejercían una "ciencia neoliberal", pero la FGR ha anunciado que insistirá y las presentará nuevamente.
En el caso de Rosario Robles pienso que está justificada la acusación por ejercicio indebido del servicio público en la modalidad de omisión, pero no hay indicios de que haya ordenado o se haya beneficiado de los desvíos de universidades públicas a empresas fantasma. La exsecretaria debería enfrentar su juicio en libertad. Es la única persona en prisión por la Estafa Maestra. "Los que huyeron y les encontraron recursos millonarios están en sus casas. A mí que di la cara, que me presenté, que estoy acusada por un delito menor, me aplicaron la cárcel", ha escrito.
Efectivamente, Robles regresó al país cuando se le requirió para declarar, pero se le encarceló sin haber sido declarada culpable. Emilio Lozoya, que huyó del país, goza de libertad provisional y está convertido en un "testigo colaborador" que reparte acusaciones, pero solo contra los críticos del régimen.
Lozoya afirma, por ejemplo, que envió dinero a Ricardo Anaya para que votara por la reforma energética de Peña Nieto. Lo curioso es que el panista votó por esa iniciativa en diciembre de 2013, mientras que el dinero supuestamente se le entregó el 8 de agosto de 2014, cuando ya ni siquiera era diputado y físicamente no se encontraba en la Cámara donde dice Lozoya que recibió los recursos. No se entiende, por otra parte, por qué había que sobornar a Anaya para apoyar una reforma que él siempre había impulsado.
En el caso Iguala, la FGR busca destruir la hipótesis de la PGR que proponía que los normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados por policías municipales de Iguala y entregados a integrantes de la banda Guerreros Unidos, quienes los ejecutaron. Mientras 77 de los criminales han quedado en libertad por haber sufrido supuestas torturas, que quienes los interrogaron niegan, la FGR está usando a uno de los principales perpetradores, "Juan", al parecer Gildardo López Astudillo, como testigo colaborador, pero ya no para castigar a los culpables, sino a quienes realizaron la investigación.
Los mexicanos buscamos una fiscalía autónoma para garantizar que los instrumentos de justicia ya no se usarán para perseguir a los enemigos del régimen. Nos equivocamos. Hoy estamos "vulnerables hasta la arbitrariedad".
CONFRONTACIONES
"En esta ocasión no hablaré de las confrontaciones internas entre liberales y conservadores", declaró el presidente en el festejo por la independencia el 27 de septiembre. ¡Y qué bueno!, porque las diferencias políticas llevadas a la violencia han sido la causa principal del rezago del país.
Twitter: @SergioSarmiento
