La pena para los exfuncionarios sería de hasta 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años por lavado de dinero. (ARCHIVO)
La Fiscalía General de la República acusó que en el Conacyt y el Foro Consultivo, Científico y Tecnológico (FCCyT) había una organización criminal encabezada por nueve exfuncionarios, cuyos delitos podrían alcanzar 82 años y medio de prisión.
Según el diario Reforma, los principales ‘líderes’ de ese grupo delictivo son las siguientes personas: el exdirector general del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza; la excoordinadora del FCCyT, Julia Tagüeña Parga; el director adjunto de Administración y Finanzas, David García Junco Machado, y el exoficial Mayor del consejo, Víctor Gerardo Carreón Rodríguez.
“De los hechos citados, se desprende la existencia de una organización encabezada por al menos 4 directivos del Conacyt (Cabrero Mendoza, Tagüeña Parga, García Junco Machado y Carreón Rodríguez), así como por miembros del Foro, en su mayoría nombrados por el propio Director General del Conacyt, que curiosamente desempeñaban las funciones de los cargos conferidos dentro de la estructura del FCCyT, organización en la que también participaron al menos 23 directivos del Conacyt”, dice la fiscal Genny Franco Martínez, en su solicitud de 31 órdenes de aprehensión del pasado 24 de agosto.
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Recibió dos informes de parte de la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, en los que se detallan las acusacionesLa pena para estos cuatro exfuncionarios sería de hasta un máximo de 60 años de prisión por delincuencia organizada y de 22 años y medio de cárcel por el delito de lavado de dinero.
Lo anterior, porque si bien los castigos para el primer ilícito es de 20 a 40 años contra los que tienen la calidad de líderes delictivos, y el segundo tiene una sanción de 5 a 15 años de cárcel, en el caso de los servidores públicos, la pena aumenta en una mitad.
Al argumentar la necesidad de cautela, la FGR señaló que la pena máxima que puede imponerse es uno de los principales motivos por los que pidió la orden de aprehensión y no un citatorio para una audiencia de imputación.
“Otro aspecto a considerar es el máximo de la pena que eventualmente se pudiera imponer. La pena que, eventualmente, podría imponerse a los imputados, constituye un factor que hace suponer que se podrían sustraer de la acción de la justicia”, señala.
TODO EL APARATO
Para armar el caso, la FGR acudió el 22 de enero y el 27 de abril de 2021 a un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur para obtener la información bancaria del Foro, la cual le autorizaron.
En la segunda audiencia, le autorizaron el acceso a los cheques emitidos desde instrumentos financieros contratados por el FCCyT en BBVA Bancomer.
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Presidente de México llama a la aplicación de la ley sin impunidadAntes, el SAT le había hecho entrega a la Fiscalía de las declaraciones fiscales del FCCyT, de 2013 a 2019. Las entregas de información fueron el 2 y 15 de diciembre de 2020.
