Ninguna mujer aborta por gusto. No entra a una sórdida sala quirúrgica clandestina para desnudarse, abrir las piernas ante un desconocido y hacerse un legrado solo porque se le antoja. A las mujeres que abortan nadie les lleva flores, nadie las festeja, nadie les desea una rápida recuperación. Las intervenciones se esconden en el silencio y la hipocresía. Por eso, con tanta frecuencia generan complicaciones que pueden llevar a la muerte.
Un aborto es "la decisión más íntima, más personal y más trascendental que podría llegar a enfrentar una mujer", ha señalado el ministro de la Suprema Corte Luis María Aguilar. "Por lo tanto, deben desterrarse las limitaciones que inhiban las posibilidades de reflexionar sobre la maternidad". La ministra Norma Piña Hernández afirma: "Este tipo de normas lo que están castigando es la conducta sexual de la mujer". Y tiene razón. Si los hombres se embarazaran, difícilmente habría una sanción para el aborto.
La Suprema Corte de Justicia declaró ayer unánimemente la inconstitucionalidad de sancionar el aborto. Invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, pero sentó un criterio que deberá atenderse en otros estados. Es una decisión correcta. Yo hubiera preferido que la despenalización no hubiera venido de un fallo de la Corte, lo cual dejará huecos legales, sino de una legislación bien hecha por el Congreso con el apoyo de especialistas y publicada por el Ejecutivo. La inacción ratifica que el gobierno del presidente López Obrador es eminentemente conservador, lo cual explica su alianza con un partido de derecha, como el PES, que ha hecho campaña contra el aborto.
El que las sanciones contra el aborto sean ya inconstitucionales no significa que haya que celebrar el procedimiento. Lo dijo la ministra Yasmín Esquivel: "Despenalizar el aborto voluntario no implica fomentar su práctica, solo conlleva no criminalizar a la mujer que así lo decida". Bastante doloroso es para una mujer decidir un aborto; meterla además en la cárcel, cuando no representa un peligro para la sociedad, no tiene ningún sentido.
Los gobiernos pueden y deben promover políticas públicas que ayuden a reducir los embarazos no deseados y, por lo tanto, los abortos. Como en el caso de las drogas, sin embargo, la solución no radica en prohibir ni en penalizar, sino en impulsar una mejor educación y hacer más accesibles los métodos anticonceptivos, especialmente para los menores de edad. Si la autoridad quisiera realmente reducir los abortos, debería regalar condones en las escuelas. El problema es que muchos de los políticos y activistas que quieren penalizar el aborto se oponen también a las políticas que llevarían a evitar los embarazos no deseados. Para ellos la solución es la abstinencia. No solo quieren penalizar el aborto, buscan castigar el sexo.
Los ministros han despenalizado el aborto, como antes lo hicieron con la marihuana. Los alcances solo quedarán claros cuando se juzguen todos los casos ante el pleno y se publiquen los engroses. Ahora viene una importante responsabilidad del legislativo y del gobierno. La despenalización de la marihuana, lejos de llevar a una legislación sensata que eliminara el mercado negro, ha desembocado en confusas y burocráticas leyes que lejos de ayudar complican la situación. Los legisladores deben ahora preparar leyes que regulen claramente la garantía constitucional sobre el aborto que la Suprema Corte ha declarado. No es mucho pedir, espero.
SIN INHIBIDORES
No solo hay escasez de quimioterapias, también de ácido micofenólico, que inhibe el rechazo en trasplantes. Cuando el gobierno canceló las compras consolidadas, las empresas dejaron de producirlo y hoy hay una grave escasez, señala Mily Naveja de Donación de Milagros A.C. Estamos cada vez más lejos de Dinamarca.
Twitter: @SergioSarmiento
