En los últimos días, la crisis migratoria que vive el país de tiempo atrás se revela con hechos cada vez más graves y oprobiosos. En las fronteras sur y norte continúan acumulándose situaciones críticas que se derivan de una pendiente de errores, equivocaciones e incongruencias, a partir del momento que el gobierno del presidente López Obrador decidió cambiar los arreglos y responsabilidades institucionales de la Secretaría de Gobernación a la de Relaciones Exteriores, modificando la razón de ser y la capacidad de ejecución de una nueva política migratoria que pretendía centrarse en defender los derechos humanos de todos los migrantes, para adoptar una política contraria, restrictiva y de contención, centrada en la militarización de la seguridad pública en ambas fronteras, privilegiando el control de los flujos migratorios y la defensa de la seguridad nacional, en la que enmarcó a las autoridades migratorias. Las contradicciones y la descoordinación en materia migratoria, entre la política interior y la política exterior, son mayúsculas. ¿Dónde quedaron los esfuerzos diplomáticos mexicanos desplegados hace unos años para abordar de manera integral, en Naciones Unidas, la migración internacional, descriminalizándola? ¿Qué fue los compromisos multilaterales asumidos al inicio de la administración federal, con base en los cuales las autoridades mexicanas normarían su actuación para asegurar una migración segura, ordenada y regular? Hoy prevalece una esquizofrenia indignante: mientras se presume la cuantía e importancia social de remesas enviadas por los migrantes mexicanos, se recrudece la represión violenta contra otros migrantes, pretextando se trata de casos excepcionales.
La política migratoria tiene hoy una dinámica regresiva y muestra recurrentes excesos, violación de garantías e impunidad, al haber puesto al Instituto Nacional de Migración y a la Guardia Nacional bajo el mando y responsabilidad de las fuerzas armadas. Organismos internacionales han solicitado urgentemente al gobierno mexicano que garantice la protección de los derechos humanos de los migrantes en todo el territorio nacional, salvaguarde los procedimientos eficaces y oportunos para el reconocimiento de la condición de personas como refugiadas o sujetos de protección complementaria; así como respete la no devolución y brinde asistencia humanitaria suficiente a quienes integren caravanas de migrantes internacionales, luego de las indignantes agresiones cometidas la semana pasada en contra de cuatro caravanas de migrantes haitianos, centroamericanos, venezolanos y de otras nacionalidades, retenidos desde hace meses en Tapachula, Chiapas, ante la falta de resolución de los trámites de regulación migratoria, que les permitan transitar, permanecer y trabajar, hasta disolver esas caravanas mediante operativos con un uso excesivo de la fuerza, a pesar de estar integradas por grupos vulnerables, con mujeres, niños y menores no acompañados. Se busca así evitar, a toda costa, que avancen más allá del territorio chiapaneco y puedan continuar su marcha hacia el norte con el objetivo de alcanzar la frontera con los Estados Unidos.
La Suprema Corte de EUA acaba de ordenar a la administración Biden reinstaurar el programa "Quédate en México", impuesto por Trump y aceptado tácitamente por el gobierno mexicano, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en nuestro país en lo que se fijan las fechas para celebrar las audiencias ante jueces de inmigración. La resolución está vinculada con las medidas de protección de otro programa de acción diferida (DACA) destinado a evitar la deportación de cientos de miles de inmigrantes, en su mayoría mexicanos, los llamados dreamers, que ingresaron indocumentados cuando eran niños. Los arrestos de migrantes que han cruzado la frontera con México han alcanzado cifras récord. Según la Patrulla Fronteriza, en julio, 212 mil personas fueron detenidas al intentar cruzar sin papeles. La administración demócrata ha mantenido en vigor una orden separada que permite a las autoridades fronterizas estadounidenses expulsar, de manera expedita, a migrantes provenientes de la frontera con México, considerando las medidas de emergencia de salud pública por la pandemia, nulificando cualquier oportunidad de solicitar asilo. Decenas de miles de migrantes centroamericanos y de otras naciones se encuentran varados en campamentos y asentamientos irregulares en varias ciudades fronterizas mexicanas, prácticamente privados de su libertad, con la consecuente crisis humanitaria, estando expuestos al crimen organizado. Según el INAMI, este año los migrantes irregulares llegaron a 147 mil. Las autoridades estadounidenses han comenzado a realizar deportaciones aéreas a puntos de destino en el sur de México, de grupos de migrantes de terceros países. Siguen siendo meras declaraciones, las relativas a que los gobiernos de México, de EUA y de otros países están enfrentando frontalmente a las redes de traficantes de personas.
Las solicitudes de refugio se han disparado, superando entre enero y agosto las 77 mil 559, previéndose lleguen a 100 mil a finales del año. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados no tiene los recursos presupuestales necesarios para resolver y solventar estas solicitudes, mayoritariamente de hondureños, haitianos, cubanos, salvadoreños y venezolanos. Su funcionamiento operativo depende en un 80% de las aportaciones financieras del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano continúa cediendo a las presiones estadounidenses, incluso al punto de incumplir, en forma sistemática, con sus compromisos internacionales, como la Declaración de Cartagena de 1989 y el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados de 2004. ¿Si no, cómo entender la incongruencia de enviar ayuda humanitaria urgente a Haití o la rápida aceptación y recepción de refugiados afganos, mientras miles de migrantes permanecen sin alojamiento, comida, servicios de salud y educación, habiendo rechazado permanecer atrapados en una estación migratoria?
@JAlvarezFuentes
