Para medirle la temperatura al ambiente político empezó a circular una versión de reforma constitucional en materia electoral, que tiene como autoría al senador Ricardo Monreal. En varias mañaneras el presidente ha afirmado que presentará una reforma para cambiar al árbitro electoral, al INE y al Tribunal. La animadversión de AMLO con algunos de los consejeros electorales y con los magistrados del Tribunal no es novedad. ¿Es esa la principal motivación del cambio?
Es una obsesión de la clase política hacer reformas electorales. Es una de las materias que más se ha transformado en los últimos 45 años. Se entiende que la transición de un sistema de partido hegemónico a otro de alta competencia y pluralismo no fue una tarea fácil. Prácticamente se estableció una mecánica de tres ingredientes: elección, conflicto y reforma. En este largo trayecto hubo reformas paradigmáticas, como la de 1977 (la formación de un sistema electoral mixto y la inclusión de nuevos partidos) y la de 1996 (la autonomía del órgano electoral), y otras más específicas, como la de 2007 (nuevo modelo de medios) y 2014 (un sistema de organismos locales y uno nacional). Ahora que se empiezan a ver los posibles rasgos de esta propuesta, queda la impresión de que no estamos frente a una reforma paradigmática, sino frente a una suerte de miscelánea, con algunos cambios que mejoran el sistema electoral (voto electrónico), otros que lo empeoran y unos más, menores y prescindibles.
Hay diversos ejes en la propuesta: uno tiene que ver con el ahorro, para lo cual se propone quitar a los 32 senadores de representación proporcional, los cuales fueron agregados en una de las tantas reformas menores; y quitar a 100 diputados de representación proporcional. Se afecta de manera directa el pluralismo y el ahorro es pírrico respecto a lo que se pierde. Se puede aceptar lo del Senado, que llevaría a una composición bipartidista en cada estado de la Federación, pero lo de la Cámara de Diputados es contrario a un mejor sistema de representación; se lastima la pluralidad. Es un retroceso. Mejor se podría ir un sistema de representación pura, en donde los votos se conviertan en escaños de forma exacta.
Otro de los cambios es quitar los Oples y que el INE se quede con sus juntas locales y distritales. En 2014 la reforma no resolvió el problema de tener un organismo nacional y quedó un híbrido, dicen que por la presión de algunos gobernadores. Hay que decidir si vamos a un sistema nacional integral o nos quedamos con los dos sistemas, federal y local.
El rasgo centralizador quita a los estados la posibilidad de hacer sus propias leyes electorales y se concentra la materia en el Congreso de la Unión. Hay cambios al Tribunal electoral en donde se sustituye a los tribunales locales por salas locales. Un recorte que no se explica del todo es la disminución de consejeros y magistrados, que se saca de la manga. Aquí radica una de las intenciones más fuertes de esta reforma. En innumerables ocasiones AMLO ha planteado un cambio de consejeros y magistrados y se propone un recorte: en el INE pasar de 11 a 7 y en el Tribunal de 7 a 5. ¿Por qué razón? No se sabe. Quizá la rotación en las comisiones y el trabajo electoral del INE necesita funcionar con 9 consejeros y el Tribunal sí podría integrarse con cinco. Otro de las propuestas equivocadas es quitarle a los consejeros la intervención en la fiscalización y la penalización a los partidos, porque se quiere sustituir esta función con un organismo autónomo dentro del INE, lo cual es absurdo y deja en situación de alta vulnerabilidad a esa instancia porque fácilmente puede ser cooptada. Hay otras propuestas de ordenamiento constitucional entre diversos artículos de la Constitución y una nueva configuración del Artículo 41, que ya se ha convertido en un código electoral.
AMLO y Morena tienen un problema grave para sacar adelante esta reforma: no tienen mayoría calificada; así que no será fácil sacar adelante esta nueva miscelánea…
@AzizNassif
