Si hay una problemática realmente global, que afecta el presente y determinará el futuro próximo del planeta, es el cambio climático. Prácticamente todos los días vemos las terribles consecuencias que se vuelven noticia: incendios que destruyen poblaciones enteras, como ha sucedido en California y en Grecia; ciclos de sequías prolongados en el norte de México; playas que se llenan de sargazo en el Caribe; inundaciones en India, Alemania y Bélgica; temperaturas cada vez más elevadas en Europa; aumento en los niveles del mar; deshielo masivo en los polos y un largo etcétera con afectaciones concretas y visibles a las personas.
Cada nuevo reporte sobre el cambio climático resulta más alarmante. El informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), de Naciones Unidas, enciende las alarmas y establece un código rojo: "El cambio climático afecta de múltiples maneras a todas las regiones de la Tierra. (…) Sin embargo, no es cuestión únicamente de la temperatura. Como consecuencia del cambio climático, las diferentes regiones experimentan distintos cambios, que se intensificarán si aumenta el calentamiento; en particular, cambios en la humedad y la sequedad, los vientos, la nieve y el hielo, las zonas costeras y los océanos (…) Si queremos estabilizar el clima será necesario reducir de forma sustancial, rápida y sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero para lograr cero emisiones netas de CO2". El informe contiene más de 3 mil páginas, y fue realizado -durante varios años- por 234 científicos de 66 países.
Estos reportes, que desde hace 31 años plantean la gravedad del cambio climático, se han movido hacia una perspectiva más severa, porque se afirma que los puntos de no retorno ya están aquí, por eso se necesitan acciones urgentes.
México ha firmado los compromisos del Acuerdo de París en 2015, pero ¿qué tanto ha cumplido estas metas? Las señales que se presentan son preocupantes. Por una parte, el gobierno de la 4T ha decidido enfrentarse a la reforma energética que se hizo el sexenio pasado. Se ha establecido un campo de conflicto en donde las energías limpias quedaron del lado de empresas privadas y consorcios internacionales, y se aprecian como un atentado a la soberanía energética que quiere conseguir AMLO. Del otro lado, están las empresas públicas, Pemex y CFE, a las que este gobierno quiere posicionarlas como el agente principal, la palanca energética del país. Este desencuentro tiene como base una premisa: el rescate del Estado pasa por ubicar a los combustibles fósiles como la materia energética fundamental, en detrimento de las energías limpias y renovables, que son mucho más baratas.
En este campo entre público/privado, carbón/energía limpia, la opción pública apunta hacia una soberanía energética basada en combustibles fósiles. Si antes se quiso darle prioridad a la inversión privada y extranjera y se dejó caer a las empresas públicas (endeudadas, obsoletas), ahora es al revés, primero lo público, aunque sea más contaminante. Hay múltiples áreas en donde se pueden realizar políticas públicas que ayuden a la reducción de los gases de efecto invernadero, pero hay que cambiar la ecuación actual para que el Estado pueda encabezar la transición energética, de acuerdo a las recomendaciones de los científicos del IPCC.
Uno de los obstáculos que se necesita superar para cambiar el paradigma es la visión del Estado-nación, simbólicamente vinculado a la gesta de la expropiación petrolera, como palanca del desarrollo. El pasado 18 de marzo, al cumplir 83 años la acción cardenista, AMLO estableció un decálogo para rescatar a Pemex. A lo más que se llegó fue proponer un "uso excesivo de combustibles fósiles". En esta visión del gobierno el rescate está por encima del desastre ambiental y la supervivencia colectiva. En suma, estamos muy lejos de la urgencia que plantea el IPCC…
@AzizNassif
