El tema de la revocación de mandato tiene graves implicaciones y consecuencias para la gobernabilidad de nuestro país; es más que una consulta popular.
Si llegase a aprobarse la ley reglamentaria para la consulta sobre revocación de mandato, debe considerarse inconstitucional su aplicación para modificar las condiciones de la temporalidad del gobierno del presidente López Obrador, pues como dice Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, las leyes no son retroactivas y por tanto, ésta no debe aplicar para un gobierno vigente, pues de hacerse implicaría modificar las condiciones de una decisión ciudadana que en la elección del 2018 le dio al candidato López Obrador un mandato constitucional por seis años.
Difícilmente la SCJN podría avalar la constitucionalidad de un principio jurídico tan elemental como lo es la "no retroactividad" de las leyes. Más bien aplicaría a partir de la elección del 2024.
Es precisamente en este impacto futuro que debiésemos centrar la discusión pública. Para efectos prácticos equivaldría a una elección en que el presidente en turno competiría contra sí mismo, contra su desempeño en el trienio anterior y la percepción ciudadana de él.
Este hecho generaría condiciones difíciles para la toma de decisiones, las cuales impactarían al ejercicio de gobierno de forma determinante, pues se generaría primeramente una visión de corto plazo, pues el gobernante en turno asumiría una actitud complaciente con la opinión pública para tener su aprobación en la consulta intermedia de revocación de mandato y así poder cumplir el periodo para el que fue elegido.
Cada presidente y su gabinete, en este contexto tendrían que anteponer la aprobación pública por encima de lo que conviene a México y por tanto, veremos decisiones importantes y necesarias pero impopulares, que serán postergadas de un gobierno al siguiente.
Además, veríamos inestabilidad social y política, pues el contexto durante todo el sexenio será de lucha electoral adelantada, con zancadillas políticas, campañas sucias y como resultado una administración pública sin visión de largo plazo. Ante el panorama de esta consulta, que representa ser una cuña que define dos difíciles trienios, ¿cuándo se tomarán las decisiones difíciles pero necesarias?
La aprobación legislativa de la figura jurídica de la consulta nos llevaría al fortalecimiento del populismo como una cultura dominante en la política mexicana. ¿A usted qué le parece?
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