Marcelo Ebrard, en su calidad de secretario de Relaciones Exteriores de México, ha iniciado un proceso de demanda civil contra los armeros norteamericanos, acción que se puede considerar como positiva, conociendo el alto y maligno impacto que producen en nuestro país al vender armamento indiscriminadamente a quien lo solicite.
Basta un pequeño trámite de registro y cualquier mayor de edad que muestre su identificación puede adquirir pistolas, rifles o metralletas de alto calibre, incluidos los famosos R-15. Muchos de ellos terminan ingresando ilegalmente a nuestro país.
La demanda va dirigida contra Smith & Wesson, Barret Firearms, Colt Manufacturing Company, Glock Inc y Sturm y Ruger & Co. Inc., entre 11 diferentes constructoras, a quienes el gobierno mexicano les exige nos resarzan con diez mil millones de dólares por el daño que nos producen, apoyándose en el dato de que cada año ingresan al menos un cuarto de millón de armas compradas ilegalmente en alguna de las 50,000 mil tiendas vendedoras.
Según el conteo, solamente en lo que va del sexenio, estamos por alcanzar la cifra de 100,000 muertes violentas en México y se calcula que al menos 7 de cada 10 asesinatos son ejecutados con armas procedentes de los Estados Unidos de América.
Buen reto el que espera a la abogacía contratada por los mexicanos que buscan controlar o al menos limitar el paso ilegal de armas a nuestro país; consideremos que la industria armamentística de aquel país es una de las que producen mayores divisas para su economía y que, con el poder del dinero, han logrado proteger sus intereses con legislaciones que les solapan el abuso.
Recordemos que en 2005, Larry Craig, entonces senador republicano, logró que en Idaho fuera aprobada la Ley de Protección al Comercio Legal, que prohíbe litigios contra vendedores; anteriormente, empresas y comercios expendedores eran acusados de negligencia, recibiendo y perdido demandas por millones de dólares, basadas en su inmoralidad al venderlas: "vendemos armas, pero no apretamos gatillos" fue la cínica excusa con que justificaron tal decisión.
Existen intereses poderosos alrededor de la venta de armamento, encabezando su propio gobierno a los compradores, fluyendo billones de dólares anuales en la economía mundial; solamente en el 2020, representó ganancias de 63,000 millones de dólares.
De ese tamaño es el reto de Ebrard, quien, además de la promoción de su persona, ganando, lograría disminuir nuestros índices de delincuencia.
De todos es conocido la necesidad que existe entre los grupos criminales mexicanos en la compra de armamento, quienes, según algunos, tienen el poder suficiente para hacer recambio y/o actualización de sus equipamientos cada 15 días. Comparado con "la capacidad de fuego" de policías y fuerzas militares mexicanas, podemos dimensionar el daño que nos generan con tal negocio indecente, contrario a las declaraciones idealistas de su Constitución.
Vale la pena mencionar la tradición del uso de armas de fuego entre la población guerrera de los EUA, quienes tienen asentado en su propia Constitución el derecho a poseerlas, protegidos por la segunda enmienda. La de Pennsylvania, de 1776, ya lo enunciaba como derecho y durante el período conocido como "los tiempos del lejano oeste" eran consideradas como algo necesario para la defensa, en un territorio prácticamente sin ley.
Existen organizaciones que buscan proteger la venta de armas, sobresaliendo entre ellas la ´Asociación Nacional del Rifle´, que se le señala como promotora de cualquier político que acepte defender su interés, orientado particularmente contra la población hispana.
La lucha entre republicanos -a favor- y demócratas -en contra- es tema de elecciones; Clinton pudo imponer la prohibición de venta indiscriminada, misma que no fue renovada por su sucesor George W. Bush. Vale la pena mencionar que entre las excepciones está Bernie Sanders, que en el 2016, se mostró interesado en defender a los armeros.
Siendo así, las posibilidades de triunfo de la demanda presentada por México, contra los constructores de armas es muy pobre, aunque existen algunos antecedentes legales que pudieran presentarse en nuestro favor.
De sobra es conocida la relación que existe entre la posesión de armas de fuego y las posibilidades de cometer crímenes con ellas. "Las porta el diablo", dice el refrán popular y lo cierto es que su presencia en los hogares ha sido causa de accidentes, particularmente entre menores, además de los crímenes pasionales.
Caso aparte es la fuerza que otorgan a sus portadores criminales de todo tipo, sobresaliendo los narcotraficantes, quienes con el poder de la violencia se fortalecen para cultivar, distribuir y vender drogas, además de otros ilícitos a los que nos tienen sometidos.
"Una de cal por las muchas de arena" de Marcelo Ebrard y su partido político.
Esperemos que tenga éxito en su demanda, al menos que, de alguna manera, influya para que nuestros vecinos acepten controlar la venta y moderar sus ansias de ganar dinero.
¿Usted qué opina?
