Tal pareciera que en el debate público sobre la problemática del agua en La Laguna solo existe una opción, y que quienes se oponen a ella no quieren que la población acceda a agua potable, no quieren nuestra región o que son enemigos del Presidente de la República. Estas y otras distorsiones mediáticas se vienen difundiendo por los defensores de la potabilizadora, pero desde luego no es así, existen otras opciones y estas no son difíciles de comprender, tienen también un grado de dificultad implementarlas porque el problema es complejo y añejo, pero son factibles, aportan más a resolverlo y, lo más importante, nos pueden garantizar agua para siempre.
La parte visible del problema es que las familias laguneras tenemos desabasto de agua en las viviendas y los que la reciben, un 62 %, está contaminada. Pero si bien esto es cierto también hay que decir que esta percepción de los hechos refiere a los efectos en que se expresa dicho problema, al cual hay que agregar las causas haciéndonos esta pregunta ¿Por qué se están abatiendo los pozos que abastecen de agua a la población y por qué está contaminada? La respuesta es simple: por la sobreexplotación a que está sujeta la fuente de esa agua, el Acuífero Principal.
¿Por qué esta sobreexplotado? Porque el gobierno federal ha permitido que los usuarios que tienen concesiones para bombear agua del subsuelo lo hagan sin control. Pero esa extracción se concentra entre usuarios agrícolas que tienen la mayor parte de las concesiones que otorga la Comisión Nacional del Agua; esta, a su vez fue rebasada, por omisión o complicidad, permitiendo la anomalía de que cada quien saque el agua que quiera porque no se mide la extracción.
Entonces, si esta es la causa del desabasto y contaminación que padecemos los laguneros, ¿Por qué no se atiende? La semana pasada dijimos que la razón es porque el volumen que se extrae ilegalmente es tal que si se reduce al nivel concesionado habría un impacto económico; imaginemos que pasa si el gobierno decide medir el bombeo y aplicar esa reducción evitando la extracción ilegal de los 441 Hm3 registrados, se dejarían de sembrar alrededor de 40,000 ha. Consideramos que ese ajuste debe ser concertado entre el gobierno y los usuarios para amortiguar dicho impacto, pero ni a uno ni a los otros parece importarle frenar la sobreexplotación del acuífero, algo que tarde o temprano se tendrá que hacer porque este ya tiene un período de vida limitado, y de no hacerse todos seremos afectados hídricos, careceremos de reservas de agua para enfrentar sequías y otras contingencias ambientales que se cree ocurrirán por el cambio climático.
El razonamiento es simple: el problema principal es la sobreexplotación del acuífero y la solución es recuperarlo. Pero medir la extracción al nivel concesionado no es suficiente, con esta sola acción la recuperación del acuífero requerirá muchos años porque el desbalance entre extracción y recarga tiene más de siete décadas, entonces hay que ayudarle, realizar recargas inducidas de agua para recuperar volúmenes en el subsuelo y mejorar su calidad. De ahí surge otra pregunta: ¿De dónde se obtendría esa agua? Respuesta: de los ríos, en particular del Nazas.
¿Y cómo se obtendría si la totalidad del agua superficial del río Nazas está concesionada a los usuarios agrícolas? La respuesta está en recuperar volúmenes reduciendo las pérdidas que se tienen en el manejo de esta agua en el Distrito de Riego 017: si el promedio histórico de los volúmenes que se extraen de la presa El Palmito son alrededor de 900 Hm3, los cuales se manejan con una eficiencia global de 40%, hay que ubicar las pérdidas y reducirlas. Un porcentaje se va en pérdidas naturales (vistas como volúmenes no disponibles para el hombre, no para la naturaleza) por evaporación y filtración, sobre las cuales poco se puede hacer.
Otras serían las pérdidas técnicas, aquellas que resultan del deterioro de la infraestructura hidroagrícola (canales, compuertas, suelos), las cuales se pueden recuperar con inversión en mejorar dicha infraestructura; el tercer tipo de pérdidas son las llamadas "sociales", como se identifican a los volúmenes de agua inadecuadamente medidos que CONAGUA entrega a los directivos de las asociaciones de usuarios, volúmenes excedentes que se destinan a cultivar superficies adicionales no contempladas en el plan de riegos del propio Distrito. Los volúmenes de estos dos tipos de pérdidas se pueden recuperar con inversión y medidas de control en las asignaciones de agua, mismos que podrían estimarse en alrededor de 300 Hm3, una parte de estos volúmenes se destinarían a recargar el acuífero sin afectar a los agricultores, fluyendo agua por el cauce seco del río que atraviesa la zona metropolitana, dotarle un caudal ecológico, lo que se ha llamado Río Urbano. ¿Quién no quiere que el río vuelva a pasar por las ciudades?: quienes no quieren nuestra región.
Entonces, regular la extracción y realizar la recarga son las medidas más pertinentes para recuperar ríos y acuíferos, asegurar reservas de agua para el futuro. En ambos casos el problema que subyace es el tráfico ilegal de volúmenes excedentes de agua (huachicoleo), los extraídos ilegalmente del subsuelo y los asignados a las asociaciones de usuarios. En el rescate de estos volúmenes utilizados ilegalmente durante varias décadas está la solución de fondo al problema del agua, con ellos podemos acercarnos a los umbrales de la naturaleza que transgredimos, asegurar agua para siempre y no para 25 años como se pretende con la potabilizadora. Eso es lo que el gobierno no quiere o no puede hacer, lo cual entendemos porque en torno a esa agua se han creado fuertes intereses económicos.
Estas acciones requieren tiempo, ni el acuífero se va recarga pronto ni es fácil destrabar esos intereses económicos, se requiere un enorme voluntad y capacidad política para aplicar estrategias de negociación que no sacudan la economía local. En tanto esto se da, es ineludible responder a los afectados hídricos, aquellos que sufren desabasto para cubrir su demanda doméstica de agua, apoyar lo que están haciendo los gobiernos locales de modernizar las redes de distribución urbana para recuperar volúmenes que mejoren las asignaciones en las viviendas, pero también sería urgente crear una red de garrafoneo que permita a las poblaciones más vulnerables que actualmente ingieren agua contaminada, colonias populares y ejidos, acceder a agua purificada en forma subsidiada, agua potable.
