En esta columna seguiremos insistiendo en la necesidad de prestar mayor atención a la minería y su dimensión geopolítica. Está lejos del radar de la opinión pública, como si no fuera importante para la generación de la riqueza -y de la pobreza- en el mundo y en el país. En tiempos de pandemia, continúan descendiendo las inversiones nacionales y extranjeras en el sector minero. Ello, a pesar de la importancia de las exportaciones de metales y minerales para la balanza comercial y su relevancia estratégica respecto de las vertiginosas transformaciones industriales y tecnológicas que tienen lugar a nivel global. El año pasado, México registró una caída del 13 % en la actividad minera. En contraste, también están creciendo y extendiéndose los reclamos de muchas comunidades indígenas y agrarias que se oponen frontalmente a diversos proyectos mineros, con distintas formas de lucha directa y movimientos de resistencia para defender los recursos naturales y sus territorios, ante el aumento de las concesiones en los últimos años. El gobierno del presidente López Obrador anunció desde el principio que durante su administración no se otorgarían nuevas concesiones, pero ¿Cuál ha sido la política minera de la 4T? ¿Qué se está haciendo respecto de las concesiones existentes? Según datos de la Cámara Minera de México, de un total de 196 millones de hectáreas, hay 16.8 millones de hectáreas concesionadas, las cuales son explotadas en un 70 % por empresas extranjeras, principalmente canadienses.
Nuestro país se ubica entre los 10 primeros lugares en producción de los principales metales y minerales en el mundo: plata, bismuto, fluorita, cadmio, plomo, zinc, barita, grafito, oro y cobre. Este año los precios del acero, cobre y aluminio registran alzas, habiendo, en general, una mayor demanda de los metales industriales. Por su parte, el gobierno chino presiona en los mercados mundiales con el fin de controlar o fijar los precios. México, además, está inmerso en una nube de especulaciones respecto de lo que algunos afirman podrían ser enormes reservas de litio. ¿En qué encrucijada se encuentra en este momento la minería en México? ¿Acaso se están sentando las bases para una minería responsable y sustentable? Una serie de decisiones, resoluciones y traspiés institucionales han sido pésimas señales: la desaparición de la Subsecretaría de Minería en la Secretaría de Economía, decisión que vino a minar la interlocución, gobernanza, transparencia y rendición de cuentas; el cambio de las reglas de operación del Fondo Minero, que dejó de destinar recursos a las poblaciones participantes en los 22 estados mineros, en aras de atender presumiblemente otras prioridades federales, sin que se realizaran en los hechos; el cierre del crédito en la banca comercial al sector minero minorista y las complicaciones del mismo en la banca de desarrollo, al desaparecer el Fideicomiso de Fomento Minero; la confirmación de la constitucionalidad de la Ley Minera por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desechando las demandas de varios pueblos originarios, organizaciones de la sociedad civil y la misma preocupación de la SEMARNAT respecto del reconocimiento de la actividad minera como una actividad inminente de interés público; las presiones del SAT sobre algunas de las principales empresas mineras extranjeras, sobre todo canadienses y estadounidenses, en el cobro de impuestos atrasados, de cara a las reglas del T-MEC. En el fondo, una postura soberanista, habiendo aceptado declarar las actividades mineras como esenciales en la fase inicial del confinamiento, al reconocerse su importancia para las cadenas de valor.
En los últimos 18 meses el número de proyectos mineros activos se ha reducido, al igual que las aportaciones del sector minero al fisco. Estas constituyen apenas el 1% de los ingresos fiscales del país, a pesar de que la minería aporta el 4% del PIB nacional y el 8% del PIB industrial. Varios proyectos se encuentran suspendidos y cuantiosas inversiones siguen pendientes de concretarse ante la incertidumbre de un marco jurídico permisivo y políticas públicas inconsistentes en el sector.
En un informe reciente denominado "Bosques comunitarios y minería en México", elaborado por el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, se señala que numerosos bosques y selvas en el país se encuentran amenazados por la minería, sobre todo aquella a cielo abierto, aun cuando las comunidades, ejidos y núcleos agrarios cuenten con programas de manejo forestal, reconocidos como buenas prácticas silvícolas por las autoridades, dada la rápida y grave devastación de la cubierta forestal, la remoción de los suelos, la trituración de la tierra, la extracción masiva de agua y el uso de químicos tóxicos. En algunos casos, sobre todo en las comunidades aisladas o con altos grados de marginación, las Manifestaciones de Impacto Ambiental se han vuelto irrelevantes. En estados como Chihuahua, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Zacatecas hay comunidades y movimientos de pobladores que exigen la cancelación de permisos y el cese definitivo de determinadas explotaciones mineras, habiendo asumido el compromiso de defender, en los hechos, los territorios, incluso áreas naturales protegidas, de manera organizada, movilizada y legal, hasta prohibir la actividad minera y conseguir la cancelación definitiva de determinadas concesiones. Consideran que hay una complicidad negligente en los tres niveles de gobierno. En un lenguaje de abierta confrontación, se oponen a la realización de cualquier tipo de estudios de prospección, exploración o explotación con base en permisos, convenios, contratos o documentos legales sobre los bienes públicos, componentes y recursos naturales de comunidades y ejidos. Hay zonas de desastre en muchos distritos mineros.
@JAlvarezFuentes
