Se han interpuesto más de 300 recursos de amparo en juzgados federales porque no se cumple con el Derecho Humano al Agua en la Comarca Lagunera, además de 150 juicios de grupos ejidales ante los Tribunales Agrarios para recuperar derechos de agua superficial. A esto se suma un amparo por la sobreexplotación y contaminación del acuífero Principal y una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Se han interpuesto más de 300 recursos de amparo en juzgados federales porque no se cumple con el Derecho Humano al Agua en la Comarca Lagunera, además de 150 juicios de grupos ejidales ante los Tribunales Agrarios para recuperar derechos de agua superficial. A esto se suma un amparo por la sobreexplotación y contaminación del acuífero Principal y una solicitud de audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La problemática del agua en la región está judicializada, al no cumplirse con las directrices internacionales, los preceptos constitucionales y legales sobre el Derecho Humano al Agua, lo que ha propiciado esta respuesta ciudadana.
“Hay juicios de ejidos y de particulares en relación al derecho humano al agua en estricto sentido, por daño ambiental o por contaminación”, explicó Elizabeth Estrada, representante legal en varios de estos recursos, “en 20 años, hemos ganado aproximadamente 300 derechos de agua de ejidatarios y sus familias, tenemos 150 en el Tribunal que llevamos porque se enajenaron los derechos en forma irregular”.
La Ley Agraria habla de enajenaciones pero hay ciertas condicionantes que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no tomó en cuenta, como el que el dueño colectivo de los derechos es el ejido, pues así lo marcan las jurisprudencias que se han emitido, pero hay enajenaciones ilegales de quienes no eran ejidatarios y avecindados, lo que es irregular. Esto ha derivado en que existan afectados hídricos, que son miles de campesinos que perdieron en este acaparamiento sus derechos de agua.
En este sentido, el Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra cuestionó los derechos de agua superficial que tiene la Conagua para el proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna, pues algunos pueden estar algunos sujetos a litigio.
PROBLEMÁTICA
Investigadores de Encuentro Ciudadano Lagunero señalan que el problema central visible del agua en la región es el desabasto y la mala calidad que se suministra a la población. En los últimos años ha habido varios centenares de protestas públicas de grupos de colonos y habitantes de ejidos por desabasto, expresándose en bloqueos de vías de comunicación y plantones en oficinas públicas, particularmente en la temporada de calor cuando suben las temperaturas y aumenta la demanda en las viviendas, aunado a que debido a la mala calidad que presenta el agua por la presencia de contaminantes que tienen un efecto tóxico para la salud humana, destacando el arsénico y flúor, que presentan valores por encima de los límites establecidos en la NOM-127-SSA.
Esta situación indica que en La Laguna no se cumple con las directrices internacionales, los preceptos constitucionales y legales sobre el Derecho Humano al Agua, lo que ha propiciado una respuesta ciudadana al judicializar la problemática interponiendo a través del Centro de Investigación en Agua y Derechos Humanos, más de 300 juicios de amparo ante juzgados federales, algunos de ellos con sentencias favorables a los afectados hídricos.
CAUSAS
Indican que el origen de este problema reside en la sobreexplotación que sufre el acuífero Principal, la fuente de agua más importante de la que se provee la población y la economía regional.
Desde 1947 existe un desbalance hidráulico entre la extracción y recarga, situación que se ha agravado en los últimos años en que solo se recargan 538 Mm3, pero se extraen 1,088 Mm3, de los cuales sólo 647 Mm3 están concesionados, es decir, se extrae el doble de su recarga natural y 440 Mm3 en forma ilícita (huachicoleo hídrico), que ocurre porque la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no aplica una medición confiable del agua que se bombea del subsuelo, particularmente a los pozos de uso agrícola (donde se concentran la mayor parte de las concesiones y volúmenes), ya que los de uso industrial y los de uso doméstico en la ciudad de Torreón han establecido medidores telemétricos.
La sobreexplotación ha modificado la distribución de algunos componentes químicos del agua en el acuífero, favoreciendo un aumento en la concentración de ellos y deteriorando la calidad del agua allí almacenada de modo tal que se ha contaminado, por ello gran parte del agua que se extrae del subsuelo para uso doméstico no es potable.
La sobreexplotación y contaminación del acuífero Principal se ha judicializado por los colectivos civiles Encuentro Ciudadano Lagunero y Alianza Laguna por el Agua mediante denuncia ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un juicio de amparo ante un juzgado federal y una solicitud de Audiencia Temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Conagua carece de capacidades institucionales para regular las extracciones de agua del subsuelo y al amparo de la Ley de Aguas Nacionales ha facilitado, por omisión o complicidad, la concentración de concesiones y volúmenes de aguas subterráneas en una reducida élite de grandes usuarios que destinan la mayor parte de los volúmenes disponibles a la producción cultivos de alta demanda de agua (alfalfa y nogal), desprotegiendo el suministro a la población. Aunado a esto, existen más de 150 juicios promovidos por el Frente Campesino por la Defensa del Agua y la Tierra a favor de igual número de grupos ejidales ante Tribunales Agrarios para recuperar derechos de agua superficial.
ALTERNATIVAS
Durante las dos últimas décadas, la Conagua aplicó la tecnificación del riego agrícola como alternativa central para reducir la sobreexplotación del Acuífero Principal, aumentando las eficiencias y generando excedentes que, sin embargo, no se destinaron a recargarlo, sino que los usuarios agrícolas empresariales los destinaron a ampliar sus áreas de cultivo, situación por la cual fracasó el propósito de los programas oficiales en la recuperación de dicho acuífero. Para el suministro a la población en las últimas tres décadas se diseñaron programas oficiales que atendieran a las poblaciones con mayores condiciones de riesgo, aquellas que ingerían agua contaminada con concentraciones de arsénico mayores a las establecidas a la Norma Oficial (0.025 mg/L), las cuales al ser parciales y temporales ya no son opciones viables para enfrentar la problemática debido a que la mancha de arsénico se extendió por casi todo el subsuelo.
Este fracaso institucional obedece a la falta de regulación en el manejo y uso del agua que ha venido realizando la Conagua, y al empoderamiento de la élite empresarial que monopoliza la mayor parte de las concesiones y volúmenes.
La regulación de los volúmenes acorde a la oferta natural disponible (recarga) o legal (concesión), se dificulta porque los excedentes, particularmente lo que se extraen en forma ilícita, se usan en la agricultura para mantener un patrón de producción que oferta forrajes a una cadena productiva importante (lechero-láctea), por lo que al medir los bombeos se reduciría la superficie de cultivo y la consecuente oferta de forrajes, de ahí que ante la inevitable necesidad de reducir las extracciones a los niveles concesionados se debe implementar una transición en el modelo de producción agropecuario vigente, de otra forma la afectación a la población y otras actividades como la industria (y la propia agricultura) continuará y se agravará por el acelerado abatimiento que sufre el Acuífero Principal, del cual se estima que de continuar la tasa de extracción de agua actual su período de vida será de 30 a 40 años, y su posible recuperación requerirá más tiempo y dinero para hacerlo, con el riesgo de exponer a la población y la economía a condiciones de inseguridad hídrica.
Es en este contexto que surge el proyecto Agua Saludable, que consiste en extraer 200 Mm3 de agua superficial del Río Nazas, potabilizarse y proveer de agua no contaminada a la población de la región durante los próximos 25 años, proyecto que crea una fuente de abasto vulnerable porque depende de los volúmenes almacenados en las presas provenientes de las lluvias y los escurrimientos aleatorios que suceden en las parte alta y media de la cuenca, siendo, al igual que los anteriores, una opción temporal porque solo asegura el abasto de agua durante un período corto sin considerar que la población y la economía continuarán creciendo, y parcial en la solución de la problemática hídrica regional porque no contempla a la par programas de recuperación del acuífero, de mejorar la eficiencia en la gestión de aguas superficiales utilizadas en la agricultura en el Distrito de Riego 017 y de modernizar las redes de distribución del agua urbana.
Es un proyecto muy oneroso que solo para la obra de la potabilizadora se contemplan, a costos de 2020, un monto de 11 mil 641 millones de pesos. Paralelamente, la obra se contempla instalar en el último tramo del Río Nazas, la cual considera construir una represa dentro del polígono del Parque Estatal Cañón de Fernández, un humedal de importancia internacional, violando diversos ordenamientos que prohíben construir mega obras como esta (los programas de ordenamiento ecológico territorial del estado de Durango y el municipio de Lerdo, el Decreto de Declaratoria y el Programa de Manejo del área natural protegida y el convenio internacional de los sitios Ramsar), razones que motivaron que un organismo ciudadano, Prodefensa del Nazas, haya interpuesto un amparo ante la justicia federal para evitar el daño que provocará la mega obra al ecosistema ripario en estatus de protección, afectación que hace inviable su construcción en los términos contemplados y que le obliga a moverse fuera del área ribereña.
Investigadores advierten que el error de la Conagua, en la gestión del agua en esta región, ha sido centrarse en atender una demanda creciente y no en ajustar esta a la oferta disponible, creando una brecha hídrica que bajo la perspectiva actual resulta insostenible.
La opción más viable para reducir la brecha hídrica sería apostarle a recuperar los volúmenes de agua subterránea que actualmente se extraen y usan en forma ilegal y que presionan la oferta natural disponible (recarga) regulando las extracciones con sistemas de medición confiable mediante un proceso concertado que posibilite una transición productiva, amortiguando el impacto económico regional que traerá reducir la extracción ilícita que realizan los grandes usuarios que monopolizan los volúmenes y donde se ubican los excedentes que se deben destinar a recuperar el acuífero, a la par de que se mejoran las eficiencias en el uso de las aguas superficiales (actualmente son de 40% a nivel global en el Distrito de Riego 017, de las cuales pueden rescatarse volúmenes estimados en 300 Mm3 al reducir las pérdidas, que se destinen a la recarga inducida del acuífero para posibilitar una recuperación en menor tiempo) y de las redes de distribución urbana (actualmente en promedio son de 50%), para mejorar el abasto a la población.
Indican que la apuesta debe ser que los acuíferos continúen como la fuente y la reserva de agua futura principal para la población y la economía regional. Paralelamente, con el fin de atender la contingencia ambiental y social que se enfrenta por el desabasto y la mala calidad del agua que se suministra a la población, proponen aplicar un programa de garrafonero que asegure el acceso subvencionado a agua potable para el consumo directo, principalmente a los habitantes de la región que se encuentran en condiciones de mayor riesgo y vulnerabilidad.
