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Niegan interés político en caso de bono de marcha

Yolanda Ríos Rodríguez

EL SIGLO DE TORREÓN

Torreón, Coah.- El asunto del bono de marcha cobrado por regidores y funcionarios municipales de la anterior Administración, es tratado únicamente en el aspecto legal. Es falso que el Gobierno de José Ángel Pérez pretenda darle un ?manoseo?? político para golpear, asegura el Secretario del Ayuntamiento, Rodolfo Walss Aurioles.

Admite que no existe jurisprudencia al respecto, pero sí hay antecedentes de devolución de bonos de marcha y se tiene como referencia el estado de Jalisco. Aunque ciertamente uno de los tres ciudadanos promotores del recurso legal es Ernesto Cuéllar Galindo, ahora titular de Autotransporte, cuando se interpuso la demanda de amparo el pasado mes de diciembre aún no era invitado a participar en la Administración Municipal.

Los regidores del anterior Gobierno Municipal Federico Saldaña Wolf del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Antonio Navarro del Río del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así como el ex primer síndico Carlos Romo Vázquez, también del PAN, declararon que no admitirán ninguna resolución del actual Cabildo, respecto a los bonos de marcha y en caso de una eventual devolución de los 130 mil pesos que recibieron en diciembre, sólo sería mediante el fallo de un juez de Distrito.

Aseguraron que agotarán los recursos legales a su alcance y acusaron a la Administración de José Ángel Pérez de darle al asunto un manejo político, más que legal y le demandaron que mejor se pusiera a trabajar y cuestionaron por qué no ha presentado el Plan Municipal de Desarrollo.

Al respecto Rodolfo Walss Aurioles señala que muestra de que el Gobierno actual sí trabaja es que se le dio entrada a una queja de tres ciudadanos que están en su derecho de inconformarse por lo que ellos consideran una irregularidad.

Señala que una vez que la Secretaría del Ayuntamiento le dio entrada al recurso de inconformidad promovido por los ciudadanos Fernando Rangel de León, Juan Antonio Rodríguez Abusaid y Ernesto Cuéllar Galindo contra el bono de marcha entregado el 23 de diciembre, tiene 30 días de plazo para el análisis de pruebas, dictaminar y todavía diez días más para llevar la resolución al seno del Cabildo para su discusión y conclusión.

Rodolfo Walss Aurioles reconoce que ciertamente no será el Cabildo el que emita la última palabra al respecto, aún hay mucho camino legal por recorrer, pero destaca que la única línea que se va a seguir es el que marque la Ley.

Dice que tanto si el Cabildo actual falla a favor de la entrega del bono de marcha del 23 de diciembre pasado o en contra del acuerdo del Cabildo de entonces, se sentará un importante precedente a nivel nacional.

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