Los principales acusados son el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el exjefe de gabinete de Áñez (foto), Rodrigo Méndez. (ARCHIVO)
El gobierno boliviano del izquierdista Luis Arce anunció el martes que solicitará a Estados Unidos la extradición de dos autoridades del gobierno interino presuntamente implicadas en un caso de sobornos a un grupo de empresarios en ese país que al parecer vendían gases lacrimógenos.
El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo en conferencia de prensa que se trata de un "clan mafioso" que se conformó a casi un año de gobierno de la expresidenta interina Jeanine Áñez.
Los principales acusados son el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, y el exjefe de gabinete de su despacho, Rodrigo Méndez, quien fue arrestado el 21 de mayo en Naples, Florida, y acusado de asociación ilícita para lavar dinero, de acuerdo con una demanda federal en Miami.
La tarde del martes, la policía boliviana arrestó a Daniel Aliss Paredes, cuñado del exministro, tras retirar dinero y objetos de valor de una caja de seguridad a nombre de Murillo. También se detuvo a Daniel Bellot, miembro de su equipo de seguridad.
"Estamos enviando las notas correspondientes para que estos señores (Murillo y Méndez) vengan a rendir cuentas al pueblo boliviano. No es un pedido del Gobierno, es un pedido de todo el pueblo boliviano", mencionó Del Castillo. Agregó que se solicitará la extradición bajo dos conductos, uno por la denuncia en Interpol y también con el envío de una nota oficial al gobierno estadounidense.
De acuerdo con con esas investigaciones, Méndez y otro "funcionario jerárquico" del Ministerio del Interior -cuya identidad no se reveló-, junto con otro presunto asociado al lavado de dinero del Ministerio de Defensa, habrían ayudado a una empresa con sede en Florida a obtener un contrato por 5,6 millones de dólares para proveer gas lacrimógeno y pertrechos no letales al gobierno de Áñez.
Murillo tiene varios procesos abiertos en el país, uno de ellos es la compra y venta de gases lacrimógenos y material antidisturbios.
La exautoridad, junto con su colega de Defensa, Fernando López, fueron los primeros en salir del país días antes que Áñez concluyera sus funciones.
"Desde mi forzado e injusto exilio veo en la investigación del FBI, una luz de esperanza y justicia para llegar a la verdad. El pueblo boliviano sabe que trabajé incansablemente por el país, apegado a la CPE", escribió López en su cuenta de Twitter.
