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Utilidades, un reto para empresarios en México

Debido al impacto económico vivido por las organizaciones como producto de la pandemia

Preocupa a empresas el reparto de utilidades, tras la crisis derivada de la pandemia. (ARCHIVO)

Preocupa a empresas el reparto de utilidades, tras la crisis derivada de la pandemia. (ARCHIVO)

FABIOLA P. CANEDO

Este año, el pago correspondiente al Reparto de Utilidades se puede convertir en un desafío debido al impacto económico vivido por las organizaciones, como producto de la pandemia; no obstante, muchas empresas no repartirán o lo harán en menor medida por la disminución de sus ingresos, indicó Armando Leñero, presidente del Centro de Estudios del Empleo Formal (CEEF).

Señaló que las empresas están obligadas a mostrar cuál es su utilidad para a partir de ello transparentar el pago. De acuerdo con el artículo 120 de la Ley Federal del Trabajo, el porcentaje fijado por la comisión constituye la participación que corresponderá a los trabajadores en las utilidades de cada empresa. Para los efectos de esta ley, se considera utilidad en cada empresa la renta gravable, de conformidad con las normas de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

"Si no hay utilidades que repartir, porque hay pérdida, de todas maneras los trabajadores deben tener acceso a esta información, y si no están de acuerdo los trabajadores pueden presentar una inconformidad", expuso.

Dijo que el desafío se vivirá en 2022, año en el que se presentarán los cambios con respecto a la entrada en vigor de la Reforma de la Subcontratación, que impactó en la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Con la Reforma a la Subcontratación, se crearán dos modalidades para el cálculo del reparto de utilidades: con un límite de tres meses de salario, o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años. Estos cambios representan una carga financiera y administrativa adicional para los patrones, que a su vez implican mayores costos en ambos aspectos.

En lugar de continuar con el 10 % de ley, se pondrá un tope de 90 días, que para las empresas grandes, consideró, puede significar un pago de solo 5 % de las utilidades a los trabajadores.

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