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Emilio Zebadúa

Envían a CDMX amparo de Zebadúa; dice que desvíos de 'Estafa Maestra' están prescritos

Juzgado en Chiapas se declaró incompetente para tramitar la demanda

Un juzgado concedió a Zebadúa una suspensión definitiva contra una orden de detención. (ARCHIVO)

Un juzgado concedió a Zebadúa una suspensión definitiva contra una orden de detención. (ARCHIVO)

EL SIGLO DE TORREÓN

Un juzgado federal de Chiapas turnó a la Ciudad de México el amparo con el que Emilio Zebadúa, exoficial Mayor de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y de la de Desarrollo Social (Sedesol), pretende que la Fiscalía General de la República (FGR) determine que está prescrita la investigación en su contra por los desvíos de 5 mil millones de pesos de la Estafa Maestra, esto un año y medio después de presentado.

De acuerdo al diario Reforma, el Juzgado Tercero de Distrito de Chiapas, con sede en Tapachula, se declaró incompetente para tramitar esta demanda de garantías y ahora ha sido turnada a Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo de la capital del País.

El 7 de noviembre de 2019 Zebadúa presentó este amparo contra la omisión de la FGR para declarar prescrita la acción penal del delito de ejercicio indebido del servicio público, en la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAICDMX/0001345/2018, la misma por la que está en la cárcel Rosario Robles.

Sin embargo, el pasado 26 de abril una secretaria del juzgado de Tapachula decidió declararse incompetente para continuar con el trámite del amparo y decidió enviarlo a la Ciudad de México, donde se habrían registrado los delitos que le imputan al exfuncionario.

En este amparo, el juzgado chiapaneco concedió a Zebadúa una suspensión definitiva que prohíbe a la FGR en forma indefinida pedir la orden de aprehensión o una audiencia de imputación en su contra.

Aunque la Fiscalía impugnó la suspensión definitiva, esta protección judicial continúa vigente porque el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil de Chiapas, en Tuxtla Gutiérrez, no ha resuelto el recurso de revisión.

Es decir, Zebadúa no puede ser llevado ante los tribunales para que responda por esta imputación.

El exoficial Mayor presentó este amparo mucho antes de que iniciara una negociación con la FGR para obtener el criterio de oportunidad, que implica su colaboración con las autoridades a cambio de no ser imputado penalmente.

En octubre de 2020, se informó que en este amparo Zebadúa manifestó que el delito de ejercicio indebido del servicio público, mismo que tiene a Robles en la cárcel, está prescrito desde enero de 2018.

Es decir, ya no puede ser perseguido penalmente por esa conducta porque el plazo para hacerlo ya ha concluido.

“Este delito prevé una pena mínima de prisión de dos años y una máxima de siete años, por lo que el término medio aritmético es de cuatro años seis meses. La conducta investigada es la suscripción de dos convenios, lo que la hace de consumación instantánea”, indicó en su demanda.

“Dichos convenios se suscribieron en marzo y mayo de 2013, respectivamente. Consecuentemente, haciendo el cálculo que nos ocupa, el delito de ejercicio indebido del servicio público prescribió a favor de mi mandante, a más tardar, en enero de 2018”.

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