El regidor priista asistirá a la próxima sesión de Cabildo, pues se le repusieron sus derechos al desechar el proceso de inhabilitación que hizo la Contraloría de Madero. (EL SIGLO DE TORREÓN)
Pese a que el Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila determinó improcedente la inhabilitación del regidor del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Pablo Navarro Hernández, al considerar que no es faculta de la Contraloría Municipal de Francisco I. Madero, insisten en realizar el proceso para cancelar las funciones del edil.
Navarro Hernández expresó que se reincorporará a sus actividades durante la próxima sesión de Cabildo, luego de que el contralor municipal, Armando de León Solís, dejara "insubsistente" la resolución de inhabilitación.
Recalcó que pese a que un juez ordenó al contralor reincorporarlo al cargo y que incluso reconoció que no tiene facultades para inhabilitarlo, pretende iniciar otro proceso sobre los mismos hechos.
Recordó que desde finales del mes de marzo se le entregó la resolución del Tribunal y que además tiene en su poder la carta de no inhabilitación expedida por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, por lo que sus derechos fueron repuestos, de tal forma que se presentará en la siguiente sesión de Cabildo, la cual podría llevarse a cabo a finales de mayo, como generalmente se hace.
Advirtió que aún y que la Secretaria del Ayuntamiento no lo convoque a la reunión, él se presentará, pues se le debe permitir participar en las reuniones de Cabildo y de no hacerlo se estaría violando nuevamente la ley y sus derechos, además de incumplir con un mandato judicial que ordenó al contralor municipal acatar la sentencia dentro de los primeros 15 días.
Fue el pasado 26 de marzo que la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila resolvió que el Ayuntamiento de Francisco I. Madero deberá dejar sin fundamento la resolución con fecha del 27 de febrero de 2020 que establece en el expediente FIM/OICM/PR-003/2020 que la Auditoría Superior del Estado de Coahuila notificó para que se fincaran las responsabilidades correspondientes al regidor Pablo Navarro Hernández, quien se desempeñó como tesorero en la Administración 2014-2017.
Ordenó la reinstalación del edil luego de que el pasado mes de octubre de 2020 la Contraloría Municipal resolvió su inhabilitación con el argumento de que dicha resolución fue emitida por la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIR) y la Auditoría Superior del Estado de Coahuila (ASEC) quienes solicitaron al Municipio fincar responsabilidades por la falta de comprobación de 3.6 millones de pesos en la compra de medicamentos.
